Regularizar para seguir explotando: el ciclo de las regularizaciones migratorias

El Gobierno de Pedro Sánchez, en acuerdo con Podemos, ha aprobado una regularización extraordinaria de personas inmigrantes en situación administrativa irregular. La medida, adoptada mediante Real Decreto este 2026, beneficiará a quienes presenten su solicitud entre abril y junio de este año y acrediten una permanencia en el país de al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

Las regularizaciones migratorias generan una relación ambivalente, ya que pueden interpretarse de manera contradictoria: en primer lugar, como una medida positiva y, en segundo lugar, como una medida perversa.

En primer lugar, es evidente que se trata de una medida que impacta positivamente en la vida cotidiana de miles de inmigrantes. Aunque los permisos de residencia concedidos tras la regularización suelen tener una duración limitada, en este caso de un año, y requieren que los beneficiarios continúen realizando pesados trámites administrativos para renovarlos, los estudios de seguimiento de las regularizaciones anteriores muestran resultados muy positivos. Desde 1985, España ha llevado a cabo seis grandes procesos de regularización (1985-86, 1991, 1996, 2000, 2001 y 2005), que afectaron a más de 1,2 millones de personas. Estos estudios parecen indicar que una gran parte de los beneficiarios logra renovar sus permisos y estabilizarse, e incluso abandonar empleos en la agricultura o el trabajo doméstico para incorporarse a otros sectores menos precarizados, al tiempo que se facilita la posibilidad de solicitudes de reunificación familiar. Por tanto, es evidente que la regularización ejerce una función estabilizadora real para estas personas, lo cual constituye un efecto claramente positivo.

Ahora bien, en segundo lugar, las regularizaciones también pueden entenderse como parte necesaria de un sistema perverso de gestión de los flujos migratorios. Realizadas periódicamente en todos los países europeos, independientemente del color político de sus gobiernos, estas funcionan como mecanismo de saneamiento y regeneración de un sistema donde las políticas migratorias no responden a una necesidad real de control de los flujos, sino que obedecen a una lógica estructural destinada a producir mano de obra vulnerable y fácilmente explotable para determinados sectores económicos. Me explico.

Por un lado, la Unión Europea, concebida como una "Europa Fortaleza", externaliza sus fronteras, refuerza y militariza los dispositivos de vigilancia, construye quilómetros de vallas y endurece los controles migratorios para impedir la entrada de personas extranjeras. Las cifras de muertes fruto de ello son alarmantes. Seis personas mueren cada día en el Mediterráneo y cientos son víctimas de violencia física y sexual en las rutas fijadas para intentar superar los dispositivos securitarios para acceder a Europa.

Pero, a la vez, por otro lado, las economías europeas presentan déficits estructurales de mano de obra en sectores clave como la agricultura, los servicios domésticos, los cuidados, la construcción o la hostelería. Esta demanda laboral no desaparece con el cierre de fronteras, sino que simplemente hace que se satisfaga con trabajo irregular realizado por inmigrantes que no mueren en el intento y logran entrar en condiciones de irregularidad administrativa. La magnitud de esta demanda laboral realmente existente se evidencia cada vez que se lleva a cabo una regularización. Por ejemplo, en 2005 más de 570.000 personas fueron regularizadas, lo que demuestra un déficit estructural de mano de obra nativa que era cubierta por extranjeros irregulares.

En este contexto, la combinación de fronteras cerradas con la demanda estructural de mano de obra extranjera fabrica la categoría de trabajador ilegal y crea una situación deliberadamente funcional para el capital. Esta dinámica permite que los trabajadores extranjeros entren en condiciones precarias, exactamente en los términos que resultan más ventajosos para el capital que requiere de ellos. La irregularidad no es un fallo del sistema, sino un diseño institucional que produce trabajadores jurídicamente vulnerables, sin capacidad de negociación y expuestos a explotación. En otras palabras, las políticas de la Europa Fortaleza no solo controlan la entrada de personas, sino que, al mismo tiempo, garantizan la existencia de una fuerza laboral irregular que puede ser incorporada en condiciones ventajosas para determinados sectores económicos, reforzando así la división racializada del mercado laboral y un ciclo estructural de superexplotación.

Y es cuando tal cantidad de mano de obra irregular alcanza niveles difíciles de sostener, que las regularizaciones funcionan como mecanismos periódicos de ajuste o de saneamiento del sistema, permitiendo aflorar empleo sumergido, aumentar la recaudación de la seguridad social y reducir la evasión fiscal para, a continuación, repetir de nuevo el ciclo: cierre de fronteras, producción de vulnerabilidad e irregularidad, superexplotación laboral y, finalmente, otra regularización parcial. Por ello, las regularizaciones periódicas no son solo medidas administrativas, son mecanismos estructurales que permiten que un sistema perverso, basado en que la vulnerabilidad y la superexplotación de la mano de obra, se regenere y mantenga en funcionamiento, repitiendo su ciclo una y otra vez.

De acuerdo con esto, podemos afirmar que la única manera de romper este sistema basado en el ciclo de la superexplotación pasa por dos medidas: uno, asumir que la solución a la vulneración de derechos de los inmigrantes no puede consistir en regularizaciones periódicas que solo corrigen parcialmente el desequilibrio, sino por reconocer abiertamente la realidad económica de que las economías europeas necesitan mano de obra extranjera de forma estructural y establecer canales legales y estables de entrada para toda esta mano de obra que el país necesita, evitando que el acceso al mercado laboral dependa de la irregularidad previa. Y, dos, reconocer desde el inicio todos los derechos laborales y sociales a estas personas, garantizando igualdad jurídica efectiva para todos los trabajadores, con independencia de su origen.