Hoy se votará la moción de censura de Murcia a la que, pese a haberse convertido en el desencadenante del seismo político de Madrid y el gobierno de la nación, no se le presta la debida atención. Murcia es un buen ejemplo de cómo la ciudadanía somos rehenes del mercadeo político, indefensa ante los caprichos e intereses de la clase política, a la que cada cuatro años (o antes si hay elecciones anticipadas) incomprensiblemente disculpamos, siendo cómplices de nuestro propio infortunio.

Todo cuanto confluye en la moción de censura de Murcia destila decadencia moral. Ideado desde Madrid por PSOE y Ciudadanos (Cs), este movimiento se ha metastasiado más allá de la región de Murcia y ha destapado la carencia de principios de quienes lideran las instituciones.

El argumento expuesto por Ana Martínez Vidal (Cs) para defender la moción podría calificarse como su propia sentencia política. Al afirmar que se trata de "una oportunidad histórica de acabar de una vez con 26 años el Partido Popular, de apostar por un verdadero Gobierno de la regeneración y la dignidad", lo que hace es compartir con la ciudadanía su catadura moral y la de su partido, que ignoraron cuán degenerado era el PP al aceptar entrar en el gobierno en 2019.

Y como esta catadura moral está en el ADN del partido naranja, tampoco podemos decir que sorprenda la posterior traición de las tres tránsfugas. Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez (Cs) apoyaron la moción de censura para, días después, echarse para atrás. La aceptaron "por disciplina de partido", se excusaron, pero la verdad es que respaldar una moción de censura es una cosa muy seria, algo que en absoluto debe tomarse a la ligera si no se tiene convencimiento de ello. Ellas recularon y hoy votarán en contra de la moción para, después, cobrarse la debida contraprestación, previa intervención del inefable Teodoro García Egea.

No es la única intervención del número dos del PP, que también ha hecho de las suyas en este bazar político para hacer una oferta que no puedan rechazar a los tres diputados expulsados de Vox en 2020 para ganarse su favor. Mabel Lozano, Juan José Liarte y Francisco Carrera (ex Vox) se han estado dejando querer por cualquiera, se han subastado, vaya (por ser diplomáticamente correcto).

Finalmente y en otro alarde de ausencia del más mínimo principio político y vocación de servicio público, el presidente Fernando López Miras (PP) podría incluirlos en el gobierno, después de zamparse el pin parental que, precisamente, lo que busca es perpetuar esta decadencia moral. Y es que arrebatar a la Educación Pública la potestad de impartir sus asignaturas, que es lo que persigue este pin neandertal, desprotege a l@s menores en los casos de padecer unos padres y madres con valores contrarios a los derechos humanos, a las libertades civiles, a la misma dignidad humana... y el día de mañana, cuando sean adult@s, podemos encontrarnos con personajes como los que hoy se dan cita en la Asamblea de Murcia. Terrible.