El CIS publicado el pasado jueves y cuyo valor estadístico para la cuestión “partidos” era bastante bajo porque se habría producido de forma previa a las elecciones del pasado 9 de junio, nos dejaba otro dato extraordinariamente relevante: la vivienda es el segundo motivo de preocupación de los españoles y las españolas. Para el 7´1% de la población es el primer problema y para el 21’2% de la población es el segundo problema más importante. Está por encima del paro, la sanidad y la inmigración.

El salario mínimo interprofesional sube, pero la subida se la bebe el precio de los alquileres. La vivienda marca el horizonte de lo posible para generaciones y generaciones. No es sólo un problema juvenil, pero desde luego es el elemento que define el límite para cientos de miles, sino millones de personas menores de treinta años.

La vivienda es también un enorme parteaguas ideológico y político. Para una parte de la población es un dispositivo de negocio, es el elemento a través del cual se define el poder del mercado sobre la política. La vivienda es el territorio dnde la pregunta “¿quién manda?, ¿quién pone orden?” se ve más clara. Y la respuesta, hoy por hoy, es “manda el mercado”.

Para la población es la fuente fundamental de sus angustias y un marcador de clase (y también de origen) absoluto. El derecho a la vivienda (o su ausencia) es lo que parte en dos nuestras sociedades. La clase rentista y la clase trabajadora. Esa es la división real, la división profunda que está rompiendo nuestras sociedades. La que determina la progresiva emancipación de los ricos y también el horizonte aspiracional que marca, no ya ser propietario de tu vivienda, sino tener la oportunidad de convertir tu vivienda (o viviendas) en un activo de mercado que suponga un complemento salarial, un colchón y un acceso a ciertos beneficios de los que el Estado del bienestar no provee.

La vuelta de las grandes operaciones de suelo (La Ley del suelo que el PSOE quiere aprobar junto al Partido Popular es un ejemplo entre muchos) incide en la idea de que el problema de la vivienda se resuelve únicamente desde la construcción. A la vez, España vuelve a tener crecimiento de viviendas vacías. La sensación es similar a la de terminar con los atascos aumentando el número de carriles para que pasen los coches.

La ley de vivienda, que esta semana demostraba también capacidad de frenar el crecimiento de los alquileres en los territorios dónde se está aplicando (Barcelona sube menos de un punto dónde Madrid sube casi catorce) prácticamente no se aplica porque esa división entre rentistas y clases trabajadoras también se está engarzando políticamente. El rentismo tiene en el bloque de las derechas a su mejor aliado, la recomposición de una cierta cultura del pelotazo y la especulación como nueva modalidad de negocio casa muy bien con las ideas en torno a la libertad de Ayuso y compañía.

Pero ese no es el problema principal. El problema principal está en el campo progresista.

Por un lado, el PSOE no es capaz de romper con ese bloque rentista, que es también la expresión de unas clases medias que son históricamente la base de su voto, por lo que no sólo sus políticas no avanzan en ese sentido, sino que además considera la vivienda como una de las políticas públicas que debe dejar siempre bajo su mando y protección.

Por otro, las distintas fuerzas que disputan el espacio más allá del partido socialista, aquellas herederas del ciclo de cambio, tienen enormes dificultades para organizarse como “partidos de la vivienda”. En primer lugar porque no tienen fuerza competencial para ello (como decía, el PSOE no suelta esas áreas de gobierno) y, en segundo lugar, porque no han encontrado las forma de imponer una agenda más ambiciosa a su socio de gobierno sin asumir la ruptura o la salida del gobierno. Eso tiene también que ver con la renuncia explicita a organizarse en torno a estos asuntos y acumular la fuerza social necesaria para impulsar cambios más ambiciosos.

Si a eso se le suma que los avances en esta materia son más lentos que la propia velocidad y voracidad que la dinámica del mercado, nos encontramos con unas fuerzas políticas que son incapaces de encarnar esa preocupación y esa angustia que señalan las encuestas y que comunican (comunicamos); denuncias que suenan más a impotencia que a rabia.

Y no es un asunto menor. No es tanto que las fuerzas progresistas más allá del PSOE tengan mucho que ganar en este sentido, sino al contrario, es que tienen (tenemos) todo que perder.

Si la vivienda fue el sustrato comunitario y de conflicto con mayores niveles de legitimidad en el ciclo político del 15M, hoy por hoy es el auténtico mecanismo de corrosión de las bases que pueden impulsar un ciclo político a la ofensiva, fundamental para mantener gobiernos progresistas.

Dicho de forma muy básica. Garantizar y expandir el derecho a la vivienda, organizarse en torno a la misma y seguir el camino que marcan los sindicatos y organizaciones en torno a la vivienda es la forma más efectiva de luchar contra la extrema derecha.