Pere Ortega, investigador del Centro Delás de Estudios por la Paz

La crisis que atraviesan las empresas militares españolas está relacionada con los recortes de inversiones en armamentos del Ministerio de Defensa. Sí las tres grandes firmas que conforman el oligopolio de las armas, Navantia, Santa Bárbara y Airbus Military, sufren la falta de carga de trabajo, son los astilleros Navantia los que más padecen la crisis. Esto es debido a que Navantia es una empresa pública que se ha visto favorecida en los últimos quince años con multitud de encargos para la Armada española, aunque estos no estuvieran directamente relacionados con las necesidades de la Defensa. Así se desprende de la estrategia de defensa nacional, dónde los riesgos o posibles amenazas no se corresponden con la construcción de tanto barco de guerra: buque de Proyección Estratégica de 27.000 Tm, cinco fragatas F-100 y una F-105, cuatro submarinos F-80, cuatro buques aprovisionamiento BAC, nueve Buques de apoyo BAM. Una inversión que ha representado casi 7.000 millones de euros al erario público.

Un derroche de recursos en barcos de guerra que la llegada de la crisis ha paralizado. Ante ello, la plantilla de trabajadores de los astilleros de Navantia en Ferrol, Cartagena o Cádiz salen a la calle a manifestarse pidiendo más carga de trabajo, es decir, fabricar más buques de guerra. Las comunidades autónomas, ayuntamientos y oposición política les dan apoyo y piden al Gobierno que se frenen los planes de ajuste que reduzcan las plantillas o se cierren factorías. Aunque el actual Gobierno cuándo era oposición hizo lo mismo y ahora busca soluciones. Así, en el Congreso de Diputados del pasado 19 de febrero, ante una pregunta de una diputada del BNG preocupada por la falta de trabajo en los astilleros, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, contestó que se está a punto de encargar la construcción de un buque con cargo al Ministerio de Industria.

Lo curioso del caso, es que Montoro no aclaró que clase de buque se construirá. Añadió que pudiera ser civil o quizás militar, que podía ser un buque para la Armada española o quizás fuera destinado a la exportación, aunque añadió que no existe ningún contrato de compra pero se están realizando gestiones para ello. Vaya, que no se sabe qué se va a construir y ya se le buscará una salida más adelante. Curiosa manera de funcionar: se destinarán recursos para diseñar y empezar a construir un buque de un coste de cientos de millones de euros sin saber su destino final. La revista Defensa, del Ministerio del ramo, anuncia que podría tratarse de un segundo Buque de Proyección Estratégica, quizás de la sexta Fragata F-100, quizás de un buque aprovisionamiento. Es como el bolero: Quizás, quizás, quizás.

Seguir las vicisitudes empresariales de Navantia a lo largo de su historia (antiguamente Bazán) es conocer que se trata de una empresa en crisis permanente y que nunca ha arrojado una peseta (hoy euro) de benefició, pues siempre ha cerrado sus ejercicios con pérdidas millonarias (En 2012 arrojó un saldo negativo de 78 millones). Esto no sería ningún problema si se tratara de una empresa privada, pero no, se trata de una empresa pública perteneciente a SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales). Una empresa pública que además recibe cuantiosas ayudas de diversos Ministerios, de los Gobiernos autonómicos de Galicia y Andalucía, así como de los ayuntamientos dónde están ubicados los astilleros. Navantia ha sido objeto de estudios para su privatización, pero esto no ha sido posible pues nadie quiere hacerse cargo de una empresa de un sector en crisis.

Así se puede afirmar, que Navantia, al igual que Santa Bárbara y Airbus Military, pero en mayor grado, siempre ha sido una empresa parasitaria del Estado, que se ha visto favorecida con encargos de construcción de buques militares de dudosa utilidad estratégica y de nula eficiencia económica. Pues si no fuera por las ayudas públicas millonarias, hecho por el cual ha sido sancionada por el tribunal por la Unión Europea; también por tratarse de contratos sin concurso público y por tanto sin competencia exterior, está empresa ya habría cerrado.

Esos sindicatos, en lugar de pedir fabricar más buques de guerra para preservar puestos de trabajo, deberían preocuparse por los enormes recursos que consumen, que destinados a sectores civiles producirían más bienestar para el bien común. Y en ese sentido, deberían buscar aliados en los sectores profesionales, académicos e institucionales, locales, autonómicos y estatales que favorecieran estudios para la conversión industrial de Navantia.

Esos sindicatos, sociedad civil o partidos que piden no cerrar los astilleros militares deberían reflexionar en un sentido global, los buques que se fabrican en Navantia son económicamente ineficientes y socialmente insolidarios con el resto de trabajadores del Estado.