España vive una tripledemia de Gripe A, Covid-19 y VRS (que puede derivar en bronquiolitis) y hay gobernantes que siguen dándole la espalda. Con una especial incidencia de la gripe, cuya curva de contagios ha subido de manera vertical, cualquier persona en su sano juicio habría esperado que ayer el ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos llegaran a un acuerdo sobre el uso obligatorio de la mascarilla. No fue así; como dijo la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "al Gobierno ni agua", aunque ello signifique convertir a la ciudadanía en un daño colateral. En algunas Urgencias de Madrid la espera es de 36 horas.

España ha superado ampliamente los 900 casos de contagios por cada 100.000 habitantes, generando una elevada tensión hospitalaria en casi todo el territorio nacional. Quienes están al pie del cañón, esto es, el personal sanitario, lleva días reclamando la obligatoriedad del uso de mascarilla en sus centros a través de sindicatos como CSIF, CCOO y UGT pero, igual que muchos gobernantes desoyen su petición de refuerzo de plantilla, las Comunidades Autónomas –gobernadas mayoritariamente por el PP- hacen caso omiso de esta otra demanda.

Ante esta situación y quizás algo tarde, Sanidad convocó el pasado lunes un pleno extraordinario de del Consejo Interterritorial, confiando en poder alcanzar consenso sobre la obligatoriedad del uso de mascarilla. En realidad, vistas las cifras, las solicitudes de los profesionales sanitarios y la normalidad con que la mayor parte de la ciudadanía usa esta media de protección parecía que tal empresa sería sencilla. Sin embargo, no fue así y se pudo vislumbrar lo que será la tónica general de esta legislatura: la mayoría de gobiernos autonómicos del PP le servirá a la derecha para hacer oposición al Gobierno en cualquier frente, aunque para ello tenga que sacrificar a la ciudadanía como daño colateral.

Comunidades como Andalucía demandaron más criterios técnicos, apoyándose además en que la incidencia de casos por habitante es menor en esta Comunidad que la media del país. Obvió el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, que Andalucía se encuentra a la cola de inversión sanitaria de toda España y un menor número de contagios puede significar una mayor tensión hospitalaria que, por ejemplo, en Euskadi.

Otros gobernantes como Ayuso calificaron de "ocurrencia" la propuesta de obligatoriedad de la ministra de Sanidad, Mónica García, que en realidad se hacía eco tardío de lo que demandan los profesionales sanitarios. La alternativa de la presidenta del Madrid es que sea cada centro de salud quien determine o no la obligatoriedad, algo que no tiene sustento legal y que, por ello, encaja mucho mejor en el concepto de "ocurrencia" del que habla Ayuso.

Así las cosas, Sanidad ha optado por recurrir al artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para imponer el uso obligatorio de mascarilla en los centros sanitarios. Algo que parecía tan sencillo, una medida tan básica, tendrá que ser impuesta porque se utiliza como arma arrojadiza política. Pareciera que algunos gobernantes hubieran olvidado que el coronavirus se llevó por delante muchas más vidas de las que realmente se han cuantificado, pues el colapso sanitario provocó demoras aún más prolongadas en el diagnóstico de enfermedades letales como el cáncer.

En el caso de Andalucía, todavía sorprende más su negativa a establecer el uso de la mascarilla dada la precariedad de su sistema sanitario. A pesar de haber aumentado en el dispendio de privatizaciones desde la llegada de Juan Manuel Moreno, Andalucía lidera en España las listas de espera con más de 840.000 pacientes, con siete meses de espera para especialidades como neurología. Tan dramática es la situación que a finales del año pasado dimitieron tanto el viceconsejero de Salud como el gerente del SAS (Servicio Andaluz de Salud). A pesar de ello, Moreno prefiere arriesgarse a sobrecargar todavía más el sistema sanitario si con ello pone palos en las ruedas al Gobierno de España.

Afortunadamente, la ciudadanía tiene mejor memoria de lo que supuso la pandemia que determinados gobernantes y no precisa que le impongan el uso de mascarilla para utilizarla. Con todo, aplicar el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad es una buena noticia porque establece una protección adicional, también contra esos gobernantes tóxicos que dibujan una legislatura en la que parece que no dudarán en sacrificarnos si con ello sacan tajada partidista. Si en algo tan básico, tan de Perogrullo, como el uso de la mascarilla se han cerrado en banda, ¿se imaginan cómo será cualquier diálogo en asuntos más complejos como las medidas de escudo social? Y luego demanda "Pactos de Estado"…Merecemos algo mejor.