Yo soy la justicia y la inquisición española

Como buena parte de quienes no tenemos ni pajolera idea de Derecho, yo he sacado mis conocimientos jurídicos del cine y, en concreto, de Hollywood, una factoría de imágenes que nos ha proporcionado un fabuloso elenco de togados a lo largo del pasado siglo. En la cúspide, presidiendo el tribunal de Núremberg como Dios Padre el mundo, está Spencer Tracy en Vencedores o vencidos (1961), un actor al que casi siempre se olvida en las listas de las bestias sagradas del séptimo arte y que, sin embargo, podría encabezarlas casi sin despeinarse. Con su aire de abuelito bonachón, casi distraído y al mismo tiempo enérgico e inquebrantable, Tracy en la piel de Daniel Haywood representa la ecuanimidad, la ética, la honradez, esa milagrosa combinación que rara vez traspasa la pantalla.

En España -al igual que en el resto del mundo, imagino- no es fácil encontrar un Daniel Haywood en carne y hueso. Sin embargo, me resulta imposible olvidarme del juez Castro, quien se atrevió a imputar y a sentar en el banquillo a la infanta Cristina como si la infanta Cristina fuese una persona común y corriente. Al contrario que otros magistrados, que suelen ocultarse detrás del lenguaje jurídico como si se mimetizaran en la selva, a Castro se le entendía todo hasta el punto de que llegó a decir que investigaba a la infanta porque le habían encontrado dinero público en el bolso. Tuvo que luchar contra una Fiscalía que le quitaba trabajo a la defensa, contra una defensa que le citaba en lugares lejos del público para vete a saber qué cosas, contra la monarquía borbónica, contra el gobierno, contra la prensa del corazón, contra la prensa del hígado, contra seis o siete siglos de jurisprudencia y contra Calderón de la Barca.

Por desgracia para el común de peatones, Castro se jubiló poco después de aquella refriega y parece que hoy día no abundan muchos jueces de su talante. Seguramente los hay, pero vete a saber por dónde andan después de que una sentencia del Tribunal Supremo demoliera al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dejando intacto su entorno. Esto ya evocaba otro tipo de magistrados, más al estilo de Paul Newman en El juez de la horca (1972), que se autoproclamaba la única ley al oeste del río Pecos sin más conocimientos jurídicos que el oso que le hacía compañía. Las instrucciones del juez Roy Bean eran bastante sui generis, de manera que, si algún artículo del mamotreto legal que le servía de almohada contradecía una de sus decisiones, lo arrancaba y santas pascuas. Aquí hemos visto a Esperanza Aguirre saltarse el código de circulación, a Cospedal saltarse el código penal, a M. Rajoy aquejado de alzhéimer selectivo o a Zaplana sobreviviendo siete años largos a una sentencia de muerte médica inminente a base de mojitos y paseos por la playa. En España el Derecho viene directamente de derechas, quién iba a sospecharlo.

Por último, al otro extremo de la balanza, se encuentra Charles Bronson en Yo soy la justicia (1982) y sus diversas secuelas, que en el caso español son todas de pronóstico reservado. Acabamos de ver, por ejemplo, a un empresario corrupto salir prácticamente indemne de una resolución judicial que, entre otras cosas, envía a un ex ministro entre rejas durante casi un cuarto de siglo. No sólo eso, sino que además el buen hombre puede quedarse tranquilamente con los 3,7 millones de euros cosechados mediante técnicas fraudulentas al erario público. Acabamos de ver también a un juez pronosticando un caso de fuga en futuro imperfecto con la colaboración estelar de la escolta policial de la mujer del presidente del Gobierno. No me dirán que lo de la justicia en España es para inventar un nuevo género cinematográfico. Lo malo es que ya lo tenemos inventado desde siglos atrás: nobody expects the spanish inquisition.