Cientos de miles familias se enfrentan en estos meses a la amenaza de no renovación de sus contratos de alquiler. En un mercado hiper-tensionado, los precios de alquiler de pisos marcan récords cada trimestre y, ahora mismo, una sola habitación en piso compartido cuesta lo mismo que un piso entero hace diez años.

La vigente Ley de Arrendamientos Urbanos permite que, llegado el plazo, el casero envíe un burofax a los inquilinos decidiendo que no va a renovarles, sin tener que justificarlo de ninguna forma. Es indiferente si los inquilinos han cumplido todas sus obligaciones y han pagado religiosamente ya que la ley no distingue ningún caso, tan solo da la opción al casero de dar por terminado el contrato sin renovación.

Por eso, muchos caseros oportunistas están extinguiendo los contratos de alquiler a familias o parejas para realquilar el piso por habitaciones o plantear una subida de renta inasumible, de 400 o 500 euros más. Se trata de una ola de precarización y especulación generalizada que no solamente no se frena, sino que está en auge, apoyada en un discurso mayoritario en medios de comunicación que normaliza el rentismo e incluso lo lleva a gala, como si fuera algo de lo que estar orgullosos. Pero el rentismo no es otra cosa que vivir de las rentas, es decir, no dar un palo al agua y poner el cazo a final de mes por el alquiler de inmuebles. El rentista, hablemos claro, es un parásito social.

Resistir por supervivencia

No obstante, desde el punto de vista jurídico, si el inquilino continúa pagando y no se marcha, el casero tendrá que plantear una demanda de desahucio en los juzgados, lo que permitirá al inquilino exponer también su situación y esperar a que una sentencia dé la razón a uno u a otro. Durante el tiempo que dure el proceso judicial, el inquilino puede permanecer en la vivienda a condición de que siga pagando la renta (o si el casero se niega a recibir el pago, consignarla en el Juzgado). Es más, si tras una primera sentencia desfavorable, el inquilino continúa pagando la renta o consignándola y formula un recurso contra la sentencia, podrá permanecer en la vivienda hasta que se resuelva su recurso. Esta posible resistencia, por pura supervivencia, es la única salida que queda en la actualidad para miles de familias atrapadas en un mercado que ya expulsa a la mayoría de personas trabajadoras. En ciudades como Madrid y Barcelona, el precio medio del alquiler equivale al 95% del sueldo mensual íntegro de un trabajador.

En muchos casos de madres solteras con hijos a cargo, el mercado ni siquiera les ofrece una habitación, porque nadie alquila a madres con hijos. Esa es la violencia del mercado. Salir de la vivienda equivale a no tener dónde dormir.

Resistir como palanca de cambio

Esta resistencia, en una situación de emergencia social como la que vivimos, debe plantearse también como un acto político que afirma el derecho a la vivienda y niega el derecho a la especulación inmobiliaria. No podemos admitir expulsiones de hogares bajo un supuesto derecho a “rescindir el contrato si me da la gana” cuándo al otro lado eso tiene como consecuencia la exclusión social y el daño irreparable para niños, niñas, personas en situación de enfermedad, personas mayores, etc. además de otros impactos como la destrucción de la vida comunitaria de las ciudades o la segregación por clases sociales.

Los arrendamientos urbanos no pueden ser un mercado despiadado dónde siempre gana el capital financiero. Antes que activos las viviendas son hogares. Si el inquilino plantea continuar pagando la renta y negociar una renovación razonable, la ley tiene que ofrecer una salida negociada. Las leyes democráticas deben garantizar un mínimo de subsistencia, también las leyes de arrendamientos urbanos. Lo contrario no es más que usura disfrazada de contrato de alquiler.

Los gobiernos central y autonómicos continúan jugando al timo de las competencias. Tuya-mía, mía-tuya y nadie se hace cargo. Sin embargo, cualquier jurista sabe que el gobierno central puede aprobar, mañana mismo, un real decreto de emergencia que paralice todos los desahucios y acuerde una prórroga extraordinaria de todos los contratos de alquiler por el tiempo necesario para bajar los precios de la vivienda. No es probable que eso suceda ni mañana ni pasado.

Por eso, para lograr cambios estructurales y que la ley proteja los hogares ha llegado la hora de que nadie se vaya, que todos y todas nos quedemos. Debemos plantear una batalla vivienda a vivienda, en la calle y en los procesos judiciales, hasta que el sistema se estrese por lo menos tanto como el estrés que ya acumulamos cientos de miles en riesgo de desahucio.

No inventamos la pólvora. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca promovió algo parecido hace casi una década consiguiendo modificar la ley y que en las ejecuciones hipotecarias exista defensa frente a cláusulas abusiva. Años después el Sindicato de Inquilinas comenzó la campaña “Nos Quedamos”, que es el nombre de esta misma estrategia de resistencia. Su objetivo es provocar una negociación más favorable para el inquilino y que se pueda renovar el contrato. Si esta campaña se expande por miles, algo probable en el actual contexto de violencia inmobiliaria, tendrá que abrirse una negociación general y el sistema tendrá que cambiar.

La vuelta al cole este septiembre es la vuelta a la jungla para los inquilinos, y más aún para las madres inquilinas. Desde esta columna animamos a todas y todos a acercarse a las asambleas del Sindicato de Inquilinas y juntarse con otras personas en su situación para compartir la lucha, plantear quedarse como resistencia legítima y forzar un cambio que proteja a toda la población inquilina.

Si te llega el burofax, resiste, podemos ganar.