¿Quién teme a Telemadrid?

Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo hace unos meses que era "la única" de sus homólogos que tenía una "televisión que le es crítica" en Ciudad de la Imagen (Pozuelo, la localidad donde se ubica la sede de Telemadrid) vieron pasar el cuerpo astral de Esperanza Aguirre. Con razón la expresidenta es la más ardiente defensora de la también candidata del PP a la Presidencia autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Si algo saben en la tele pública madrileña es que ambas se rigen por los mismos estándares de independencia que deben medir la relación de un Gobierno, el que sea, con una televisión pública, la que sea: cero, ninguno, nada.

La frase de Ayuso sobre televisiones públicas que critican a presidentas -"criticar", en este caso, era hacerle una pregunta más que pertinente- es lo más descriptivo que se puede oír cuando necesitas conocer la opinión de un líder político al que solo le parecen bien los medios de comunicación de todos/as que controla y puede utilizar como herramienta partidista. Lo demás, la independencia y rigurosidad de estos medios, su labor informativa, cohesionadora y cultural, no procede. Para esto, que no exista, como propugna Vox y a tenor de los hechos, el PP de Madrid.

Hace más de ocho años del ERE en Telemadrid, cuando el Gobierno de Ignacio González, uno de los discípulos condenados de Aguirre, propuso echar a cerca de 900 trabajadores, el 80% de la plantilla- en un despido que se consideró judicialmente "no ajustado a derecho" pero que trajo un enorme sufrimiento y mucho enfado durante años. Sobre todo, porque el despido era consecuencia de una gestión partidista de Aguirre con contratos pródigos para personas afines, como Hermann Tertsch o Fernando Sánchez Dragó. El primero es hoy diputado europeo de Vox y el otro, briógrafo autorizado de Santiago Abascal, líder de Vox y otrora protegido de la propia Aguirre. Siempre es importante saber de dónde venimos para intuir adónde pueden llevarnos.

También conviene subrayar que el consejero de las cuentas (asfixiadas) de Telemadrid, Javier Fernández-Lasquetty, es el mismo que pretendía (y casi logró) la desaparición de la sanidad pública en Madrid y que tuvo que dimitir en 2014 por decisión judicial anulando su estrategia y, sin duda, también por la fuerza social de las mareas blancas de sanitarios y sanitarias, que levantaron a buena parte del pueblo madrileño a manifestarse día y noche contra la intención del consejero de Aguirre y González. Como consejero de Hacienda hoy, Lasquetty ejerce la misma presión económica sobre Telemadrid con el objetivo de hacerla desaparecer si no claudica como tele-herramienta de Ayuso. Aunque en realidad, en el medio creen que su intención es cerrarla sí o sí.

Se da la casualidad de que la actual dirección del ente público madrileño fue elegida en la Asamblea de Madrid por unanimidad, aunque Podemos se abstuvo. El PP de Cristina Cifuentes, en el Gobierno entonces, y el PSOE de Ángel Gabilondo votaron a favor y sumaron los dos tercios necesarios para permitir a Telemadrid empezar una nueva etapa tras la crisis traumática del ERE de los despidos. Poco ha durado.

Telemadrid se encuentra hoy ignorada y ninguneada por el Gobierno madrileño, que se ampara en el fin del contrato programa (acuerdo presupuestario entre el Ejecutivo y la televisión) para el que Ciudadanos pidió prórroga con una ley que permitiera a Telemadrid mantener su independencia económica mientras se negociaba el siguiente acuerdo, pero que contó, además de con la oposición del PP, con la muy sorpresiva del PSOE (¿Tics del añorado bipartidismo?), lo que aboca al ente a la inestabilidad y las presiones en medio de una crisis pandémica y de unas elecciones autonómicas, nada menos.

La primera en la frente. Después de haberse comprometido en marzo a participar en un solo debate electoral que fuera en Telemadrid, "por supuesto", Isabel Díaz Ayuso -ansiosa por llegar a La Moncloa cuanto antes- ha dado la campanada pidiendo un debate organizado en la Academia de Televisión, como se hizo en las elecciones generales; y si no, nada. Telemadrid había propuesto la fecha del 29 de abril, pero el Gobierno madrileño cree que está muy cerca de la fecha electoral, el 4 de mayo, y el ente asegura que todo se puede hablar y con todos/as los candidatos. El equipo de Ayuso, no obstante, no da más señales de vida que la negativa pública de la presidenta y su apuesta por un debate de proyección nacional. El coste del equipo para el debate en la Academia oscilaría entre los 500.000 y 600.000 euros, según fuentes de Telemadrid, que confían en que el PP acabará aceptando el debate en la tele pública madrileña "porque lo contrario no se entenderia, y menos en este momento". Las/os adversarias políticas de Ayuso, dispuestas a aceptar los debates que se pidan, exigen a la presidenta que el primer debate se haga en la televisión madrileña sí o sí. La periodista María Rey, presentadora del programa 120 minutos en Telemadrid, se apunta como candidata de consenso para moderar el debate. "Todo se puede hablar con todos, pero hay que sentarse", algo a lo que el PP, de momento, no parece dispuesto.

La participación en los debates electorales debería ser obligatoria por ley en cada campaña electoral; uno o varios son el mayor símbolo de transparencia y honestidad de candidatos y candidatas, que se presentan ante sus votantes despojados del marketing y los adornos mitineros, a cara descubierta. El viejo y deshonesto dicho partidista recomienda no hacer algo -un debate, por ejemplo- cuando te entre la duda sobre si restará a la campaña. Entonces, ¿hay algo que Ayuso no nos haya contado?