La publicación de la “carta póstuma” de José Miguel Ruiz de Gordoa, hijo del gobernador civil de Navarra durante los “sucesos de Montejurra” de 1976, no hace más que autentificar los documentos difundidos en enero de 2023 modificando radicalmente la versión que el Gobierno franquista de Arias-Navarro defendió sobre aquellos importantes acontecimientos que aceleraron la Transición a la democracia.

Como se recordará, el fundamento de esa tesis franquista estriba en que durante aquella concentración convocada en las proximidades de la localidad navarra de Estella se enfrentaron dos bandos carlistas, uno tradicionalista y otro progresista, permaneciendo al margen, en un segundo plano, las fuerzas del orden, fundamentalmente Policía Armada y Guardia Civil, cuerpo armado integrado dentro del Ejército.

Contradiciendo esa versión oficial, los documentos difundidos por este medio el año 2023 demuestran que la iniciativa, planificación, organización y financiación de la llamada Operación Montejurra 76 fue obra del Ministerio de Gobernación dirigido por Manuel Fraga Iribarne.

Transcurridos casi dos años y medio, distintas iniciativas del Gobierno navarro siguen manteniendo la tesis de los dos bandos enfrentados, aceptando en unos casos la “connivencia” o “ayuda” de los aparatos del Estado a una de las partes y, en otros, apostando por la pasividad de los mismos en lo que Fraga definió como enfrentamiento fratricida.

Incluso, el Gobierno de Navarra se ha negado a incluir en su informe sobre el terrorismo de extrema derecha durante la Transición que los principales responsables de aquellos luctuosos hechos, calificados por la Audiencia Nacional como acto terrorista, fueron organismos dependientes del Gobierno español.

Lo mismo ha ocurrido cuando, a petición de varios grupos parlamentarios, el Gobierno foral ha tenido que declarar “lugar de memoria” el monolito próximo al Monasterio de Irache en homenaje a Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero, los dos militantes antifranquistas asesinados por los pistoleros de extrema derecha.

En su resolución para declarar ese “lugar de memoria”, el Ejecutivo navarro se refiere a que una de las partes contó con el “apoyo” y “connivencia” de “algunos aparatos del Estado”, cuando la realidad es que la iniciativa de aquel plan fue del Gobierno Arias-Navarro desde el mes de enero, momento en que se inician los preparativos para arrebatar esa concentración antifranquista al Partido Carlista.

Hay que recordar, en este sentido, que en esos años el Partido Carlista, de orientación democrática y federalista, había “barrido” de la escena política al carlismo tradicionalista, siendo esa línea política liderada por Carlos Hugo de Borbón-Parma la única expresión del carlismo presente en aquellas zonas donde el antiguo tradicionalismo conservaba alguna fuerza, como podía ser Navarra, zonas de Guipúzcoa, de la Cataluña interior, el Levante y algunos núcleos de Madrid, Castilla o Andalucía.

De hecho, los citados documentos oficiales se refieren explícitamente, a la hora de organizar la parte civil de la trama, a la Unión Nacional Española, una asociación legalizada por Arias-Navarro que había reconocido al régimen de Franco, a la Hermandad del Maestrazgo y a unas agrupaciones de excombatientes que, desde hacía años, estaban al margen de la disciplina carlista.

Eso explica que en los graves sucesos del domingo 9 de mayo la participación civil en la Operación Montejurra 76 fuera mínima –en torno a 600 personas-, quedando el operativo en manos de las fuerzas de seguridad y de los grupos ultraderechistas armados, en buena parte terroristas extranjeros reclutados por los servicios secretos.

La mencionada resolución del Gobierno navarro sobre el monolito de Irache fue aprobada definitivamente en julio de 2024 sin tener en cuenta la alegación presentada por el autor de este artículo y de los difundidos por Público en enero de 2023 sobre los nuevos documentos oficiales para que se corrigiera el texto y se adecuara a la realidad de los acontecimientos.

Al explicar las razones por las que no se modificó esa resolución, Ana Ollo, máxima responsable del Gobierno foral en los asuntos de Memoria Histórica, argumenta la citada sentencia de la Audiencia Nacional de 2003, dictada veinte años antes de la aparición de los documentos y cuando aquella resolución judicial se basaba en los informes del Ministerio del Interior, que, obviamente, mantenía la tesis oficial de los dos bandos enfrentados.

Aún más grave es la versión mantenida durante todo este tiempo en la exposición permanente del Museo del Carlismo de Estella, situado justamente en uno de los puntos clave del Camino de Santiago, por donde pasan todos los años decenas de miles de peregrinos extranjeros. En este caso, se afirma que el enfrentamiento entre dos bandos carlistas se produjo ante la pasividad de las fuerzas dependientes del Ministerio de Gobernación, principal responsable y ejecutor de la Operación Montejurra 76.

Tal incongruencia ha provocado incluso una pregunta parlamentaria de Bildu ante el Departamento de Cultura del Gobierno navarro, del que depende ese museo, recibiendo como respuesta que esos documentos no están demostrados científicamente, cuando son, en su calidad de fuentes primarias, la pura evidencia historiográfica.

Por el contrario, esa institución cultural, integrada en la red de museos del Gobierno de Navarra, mantiene la versión defendida por el Gobierno Arias-Navarro, cuando solo obedece a un intento de auto-exculpación del propio Gabinete franquista, sin que se haya producido, ni siquiera iniciado, un estudio científico de los documentos oficiales, de conocimiento público desde hace ya dos años y medio. En definitiva, el Gobierno de Navarra se niega aceptar la realidad de los hechos, prefiriendo, en el fondo, mantener la tesis franquista de los graves acontecimientos ocurridos en Montejurra el año 1976.