El testigo miente, pero el magistrado calla

Hace falta perspectiva para analizar tanta información como despliegan las declaraciones publicadas del director de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la pareja de ésta -ilustre defendido con dinero público- y del fiscal general del Estado ante el juez del Tribunal Supremo. Ángel Hurtado pasará a la historia de España por haber sentado en el banquillo por primera vez a un fiscal general sin indicios que merezcan tal nombre y por una instrucción que ofendería a cualquier magistrado que respete su oficio y la independencia que se le supone. 

Atribuyen a Robert Louis Stevenson la cita "Las mentiras más crueles son dichas en silencio" y desconozco si el autor de La isla del tesoro estaría señalando a algún juez, funcionario público o particular, pero en la causa judicial contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos (¿?) confluyen estos tres protagonistas, varias mentiras y un magistrado que calla y, si hacemos caso al refranero español, pareciera que otorga. Es preocupante, por supuesto, que un testigo que además es un trabajador público pagado con el dinero de todos los madrileños/as, admita ante el juez haber mentido cuando filtró a varios medios -que le compraron la información sin pestañear- una operación desde las más altas instancias del Estado -esto es, la cúpula del Ministerio Fiscal y la Presidencia del Gobierno- para frenar un acuerdo entre un defraudador fiscal confeso vía abogado y la fiscalía correspondiente que podría evitar la cárcel a ese ciudadano, pareja de la presidenta madrileña.

Es preocupante también que el otro testigo de la causa contra el fiscal general, el ciudadano imputado por dos delitos fiscales, falsificación documental y corrupción en los negocios, cuente al juez Hurtado otra película sobre un abogado malvado que escribe mails por su cuenta pidiendo acuerdos a la fiscalía y reconociendo el fraude fiscal de su cliente, el cual, a pesar de semejante traición, ni siquiera le ha despedido, aunque sí se ha querellado contra García Ortiz por desmentir el bulo reconocido del testigo pagado por tus impuestos y los de esta plumilla y por filtrar ese correo del abogado imprudente, aunque no exista prueba alguna de tal soplo por parte del fiscal general.

Toda esta sucesión de mentiras reconocidas y quebradizas, lanzadas por dos testigos ante un magistrado del Tribunal Supremo sin ponerse colorados ni nada, son motivo de inquietud, sin duda, por cuanto el lugar que ocupa cada uno, como asesor áulico de la presidenta Ayuso, por un lado, y, por el otro, como pareja de ésta defendido a coro por ella y todo su Gobierno regional. Las de Rodríguez y González Amador son mentiras fácilmente desmontables -y admitidas por parte del primero- que pretenden cargarse a un fiscal general por el solo hecho de revelar una operación -esta sí- de encubrimiento de un defraudador fiscal que convive con Ayuso en un piso de también cuestionable adquisición; y son muy graves, sin duda.

Lo más desazonador, sin embargo; lo más peligroso, incluso, es el silencio de un juez ante las mentiras de dos testigos con el fin de apuntalar su proceso contra el fiscal general del Estado que osó desmentir el bulo confesado del asesor de Ayuso y publicado a ciegas por canales que se dicen "periodísticos". Ángel Hurtado ha hecho de esta instrucción delirante su salida de la carrera judicial por la puerta grande de la gloria partidista, esto es, la puerta de la deshonra de cualquier juez que se precie. Y en esta democracia no pasa nada.