El tocomocho de los registradores

Los medios de comunicación afines al poderoso lobby del Colegio de Registradores (CORPME) presentaron en su día la noticia de la transmisión en documento privado de participaciones de la sociedad Servinabar a favor de Santos Cerdán como una alerta sobre los riesgos de las operaciones que son opacas a los mecanismos de control del blanqueo y de la corrupción.

Pese a las apariencias, se trata de una campaña comercial cuya finalidad no es mejorar la persecución de actividades ilícitas sino engordar el monopolio del Registro Mercantil, a través del anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.

Bajo la presidencia del registrador Mariano Rajoy, pretendieron la privatización del Registro Civil y la comercialización monopolística de sus datos, generando tal iniciativa un fuerte rechazo social e institucional, que dio origen a investigaciones periodísticas en diferentes medios de comunicación no alineados con el PP. Pese a que el lobby registral contaba con miembros en el Consejo de Estado y en el CGPJ (a través de Vicente Guilarte), los demoledores informes de esos organismos –que lograron zafarse de la presión de los registradores–, los indicios de corrupción que destaparon los medios y una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad de la reforma, dieron al traste con el negocio millonario de los registradores mercantiles.

Inasequible al desaliento, el lobby registral pretende ahora cargar a las Pymes con un gasto anual adicional medio de unos mil euros por barba. Hay tres millones de sociedades limitadas, algo menos de la mitad operativas, por lo que está en juego un incremento de facturación de unos 1.500 millones de euros, a repartir entre 140 registradores mercantiles, que totaliza un incremento de facturación media de diez millones de euros por cabeza. Entre los monopolistas agraciados se encontraría el expresidente Mariano Rajoy, registrador mercantil de Madrid.

Esta ambiciosa y crematística propuesta del CORPME supone poner en marcha un estrafalario sistema registral de autorización administrativa para la transmisión de participaciones de las sociedades limitadas y la incorporación del libro de socios al Registro Mercantil, a través de múltiples asientos, inscripciones y depósitos anuales de información privada y confidencial, a disposición de curiosos y cotillas, algo que no existe en ningún país civilizado.

La propuesta diseña un sistema cortado al más puro Estado Registral, que empeora el sistema vigente generando inseguridad, dilación temporal y costes.

Y es que, en la actualidad, La Ley de Sociedades de Capital exige documento público para transmitir participaciones sociales. Si la transmisión se hace privadamente no produce efectos frente a la sociedad y los terceros, pero vincula a los contratantes y cualquiera de ellos puede acudir al juez para exigir su elevación a público.

Si se quiere mejorar este sistema basta con añadir al artículo 106 de la Ley la expresión "para su validez", con lo cual la transmisión privada pasaría a carecer de legitimación y efectos internos.

A partir de ahí, la realidad impide otra mejora posible porque, como decía Dalí, "lo mínimo que se le puede pedir a una estatua… es que no se mueva" (añadimos ahora, "y a un testaferro… es que esté oculto").

La propuesta del CORPME es que el contrato sólo sea válido si se inscribe, algo que nunca hará un testaferro, con lo cual llegamos al punto de partida inicial, que hoy cubre sin problemas el documento público, pero encareciendo trámites y demorando actuaciones después de haber pagado el precio del registro.

Al imponerse en la propuesta que la legitimación de los socios es registral, les obliga a pagar un peaje al registrador monopolista, cuando se inscribe y cuando se tiene que acreditar, para lo cual se exige certificación, necesaria cada vez que haya una Junta o acudir a cualquier entidad financiera o institución, certificación que ha de actualizarse continuamente pasando por taquilla.

Además, recurrentemente y de forma anual, hay que presentar y depositar el libro registro de socios y otras declaraciones de titularidad, que ya figuran en archivos y bases de datos de la Agencia Tributaria, todo ello en provecho de la Caja Registradora, en elocuente expresión del periodista Miguel Ángel Aguilar.

Dejando al margen los intereses particulares del CORPME, lo cierto es que esa propuesta perjudica al ciudadano y a los intereses generales.

Somete a ciudadanos y sociedades a trámites continuos y, sorprendentemente, tienen que pagar por desvestirse recurrentemente ante el registrador mercantil que les toque, quien podrá escrutar el contrato sometiéndolo a autorización administrativa.

No cabe mayor atropello que violar el derecho constitucional de autodeterminación informativa de los ciudadanos, para divulgar en un registro público información que sólo interesa a las partes, a los jueces y a la Administración encargada de las investigaciones por corrupción y blanqueo, algo que prohíbe el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos.

Se da la circunstancia, además, de que España cuenta en la actualidad con una base gratuita, más perfecta y completa que la ofrecida por los registradores, que se extiende a numerosas personas jurídicas ajenas al Registro Mercantil y que ha sido calificado como el más avanzado de Europa, hasta el punto de que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) la considera como el ejemplo a seguir, porque equilibra la prevención eficaz y el respeto a la protección de datos de los ciudadanos. Por esta razón, el Notariado Italiano anunció esta semana que va a implantar el sistema español para luchar contra las mafias asentadas en su territorio.

El éxito del sistema actual ha sido reconocido por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en su comparecencia en el Parlamento Europeo en enero, manifestando que el sistema de interconexión con las bases de datos de titularidad de los notarios constituye "una de las fortalezas del sistema español de lucha contra el blanqueo de capitales", al asegurar la inmediación de un funcionario para evaluar los elementos de riesgo y el control de los medios de pago, en el instante mismo en que se producen las transacciones, sin riesgos y sin litigios.

Todo lo demás es un tocomocho registral.