Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura

Por Rosa García, activista de La Comuna

“¡Aguanté por rabia, os lo juro, por rabia, porque yo estaba allí, esposado, apaleado… y yo no era una cosa, yo era un ser humano!”. Chato Galante, en el documental 'El silencio de otros'

"Me sentí como un guiñapo al que balanceaban de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás. Creo que lo único que me mantenía en pie eran los impactos que mi cuerpo recibía". Felisa Echegoyen, en el documental 'El silencio de otros'.

El 26 de junio fue declarado como Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, para remarcar la fecha en que entró en vigor, en 1987, la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, uno de los instrumentos clave en la lucha contra la tortura. Esta Convención en la actualidad ha sido ratificada por 162 países, entre ellos España que se unió el 4 de febrero de 1985.

La lucha contra la tortura es tan antigua como la propia historia, porque este método cruel, inhumano, degradante ha sido y sigue siendo utilizado principalmente por el poder y los estados para frenar toda lucha, toda disidencia, toda capacidad de resistencia y oposición al poder.

Tras la derrota del nazismo y el fascismo en la II Guerra Mundial, la comunidad internacional condenó la tortura en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en diciembre de 1948, que en su artículo 5 establece que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Un hito histórico, sin duda.

Sin embargo, este importante consenso no impidió que se siguiera ejerciendo esta lacra en la mayor parte del mundo y, particularmente en España, donde la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes fueron utilizados de forma generalizada y sistemática por las fuerzas represivas del régimen franquista que estaban a cargo del Ejército: la policía, la guardia civil y la conocida como Brigada Política Social (1), en la cual alcanzaron rango de excelencia algunos de los más abyectos torturadores como: Juan Antonio Creix, Saturnino Yagüe, Francisco de la Guardia, Roberto Conesa, Claudio Ramos, Conrado Delso, Ramón Tejedor, Melitón Manzanas, Manuel Ballesteros, Honrado de la Fuente, Benjamín Solsona, Félix Criado, Celso Galván, José Antonio Giralte, Atilano del Valle, Antonio González (alias Billy el Niño), Jesús González Reglero, Ricardo Algar, Pascual Honrado, Jesús Martínez Torres, Jesús Muñecas (capitán de la guardia civil) y un largo etcétera. A pesar de que incluso bajo la dictadura la tortura constituía un delito, fue y siguió siendo tolerada e incentivada por los mandos y sus jefes políticos.

'Cumplimos órdenes', repiten siempre los esbirros de todo tiempo y lugar. Y tienen razón: quién si no los responsables políticos y militares pueden ordenar que se practique tamaña aberración contra los derechos humanos como es la tortura. Por eso, no solo hay que investigar y enjuiciar a los funcionarios, también principalmente a quienes lo ordenan y lo ocultan. Conviene recordar que desde que se constituyó el Comité de la ONU contra la Tortura, que se ocupa de vigilar la aplicación de la Convención por los Estados firmantes, el Estado español ha sido condenado varias veces; la última, en 2019.

Varios de los citados anteriormente están imputados en la querella argentina, algunos incluso con petición de extradición que no fue aceptada por la judicatura ni el gobierno español, que optaron por protegerles, contraviniendo sus compromisos internacionales en la persecución y erradicación de la tortura. Para el Estado español y los gobiernos de la democracia monárquica, lo importante es mantener la impunidad de los crímenes del franquismo, base de todo el armazón construido en la transición. De hecho, estos cuerpos policiales nunca fueron depurados, los torturadores siguieron ejerciendo su labor como funcionarios e incluso algunos fueron condecorados ‘en democracia’. A las víctimas de la tortura, ni agua.

A partir de 2017, muchas personas que habían sufrido torturas durante la dictadura franquista se atrevieron a poner querellas en el Estado español, a través de la Coordinadora de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), entre otros: Juan José López, Manuel Tello, Pepe Gálvez, Pedro Carrascosa, Luis de Felipe, Vicent Pérez, Ramón Gurillo, Rafael Juárez, Valerià Martín, Vicente Carrión, Antonio Moya, Lucila Arago, Felisa Echegoyen, Luis Suárez, Chato Galante, Luis Miguel Urbán, Francisco Rodríguez Veloso, Willy Meyer, Rosa García, Julio Gomáriz, Miguel Ángel Gómez, José María García, Javier Navascués, Ángela Gutiérrez, Adolfo Javier Rodríguez, Roser Rius, Esteban Cabal, Enrique del Olmo, Jesús Rodríguez, Francisco Javier Maestro, Gerardo Iglesias, Faustino Sánchez y Vicente Gutiérrez. Hasta el momento la mayoría de estas querellas han sido inadmitidas en primera y en segunda instancia, alegando la prescripción de los delitos, la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 e incluso negando la calificación de la tortura como delito de lesa humanidad, algo inaudito. El Tribunal Constitucional ha hecho oídos sordos a los recursos presentados para que se cumpliera el artículo 24.1 de la Constitución que establece el derecho de todas las personas a la tutela judicial efectiva, recogido también en el artículo 47 de la Carta Europea de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Sin embargo, en el recurso de amparo que presentó Gerardo Iglesias, a pesar de ser rechazado por la mayoría de dicho tribunal, hubo tres jueces que votaron a favor, algo se mueve. Algunas de estas querellas han sido presentadas y admitidas en el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

A todas las víctimas de delitos contra la humanidad les asiste los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, reconocidos por el Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, el Derecho Internacional Penal, la Carta Europea de Derechos Humanos y las Convenciones mencionadas, pero en España no se cumplen, particularmente el derecho a la justicia respecto a los crímenes del franquismo, lo que apuntala su impunidad; tampoco es recogido este derecho claramente en el Proyecto de Ley de Memoria Democrática. De hecho, no existe ninguna señalización o placa en las comisarías o cuartelillos del Estado español donde se explique que allí fueron torturadas las personas que luchaban por las libertades y la democracia. Uno de los lugares más emblemáticos –y desconocidos– es el edificio de la Real Casa de Correos de Madrid en la Puerta del Sol, antigua sede de la Dirección General de Seguridad y hoy del gobierno de la Comunidad. Por ello, un nutrido grupo de participantes de la querella argentina, acompañados por los abogados Julieta Bandirali y Jacinto Lara, han viajado recientemente al Parlamento Europeo para reclamar medidas concretas que pongan fin a la impunidad del franquismo.

Insistimos, la tortura no solo es una ´lacra´ sino una herramienta del Estado contra todo tipo de lucha o disidencia; un método que sirve a los poderosos para mantener sus privilegios a salvo. Lo único que puede frenarla es que se luche contra ella, se denuncie, se dé testimonio aunque sea doloroso, se consiga que la gente “pacífica y objetiva de toda la tierra” –como los definió Periklis Korovesis, un militante de izquierdas griego, torturado por la policía de la Dictadura de los Coroneles–, “dejen de ayudar con su indiferencia y su silencio a extender y continuar con la tortura” (2).

Que el grito contra los crímenes del franquismo, que son crímenes contra la humanidad, se oiga, se extienda, se haga unánime. Que las bestias infames, los esbirros torturadores, que aún pueblan los peores lugares del mundo –los centros de tortura–, sean perseguidas, juzgadas, condenadas y no vuelvan a resurgir, así como quienes les mandan y utilizan.

No hay nada más humano que luchar por la justicia, no hay nada más humano que compadecerse de los que sufren, no hay nada más humano que la solidaridad.