VOX tuvo 12 diputados en el Parlamento de Andalucía en el año 2018 como consecuencia directa del procés, configurándose como uno de los aspectos con mayor potencial de explicación en la arquitectura de su voto. Una vez sepultado, siguiendo la teoría del single-issue, utilizó otros temas como el feminismo o la inmigración para sostener su movilización, pero el origen -y su combustible- es el mismo: la reacción contra aquellas fuerzas democratizadoras del Estado y las que quieren un avance efectivo en derechos.   

Por ello no debemos olvidar de dónde salió realmente VOX y dónde fue su verdadero proceso de irrupción. Eran aquellos que jaleaban los golpes el 1 de octubre de 2017, aquellos que salían con sus rojigualdas a animar a la policía a ir "a por ellos", los que coreaban "Puigdemont a prisión" o los que se opusieron a los indultos y a la amnistía. En definitiva: eran (y son aquellos) que más se oponen a la plurinacionalidad del Estado, al autogobierno y los que insisten en ilegalizar a aquellos partidos, como Junts o ERC, que aspiran a construir una república catalana. En suma: representan, de forma coherente y explícita, la agenda más contraria a los llamados "intereses de Cataluña".

Y en esta tesitura emerge la contradictoria posición de Junts. ¿Cree realmente su dirigencia que Cataluña estará en mejor posición con la caída de un gobierno de coalición progresista que, con todas sus insuficiencias, ha permitido una etapa de autogobierno y progreso? ¿De verdad cree Junts que su organización estará más fuerte y tendrá un mayor respaldo electoral volviendo a una confrontación total con un Gobierno del Estado dirigido por Feijóo y Abascal? ¿De verdad no piensan que precisamente ese ecosistema los acabará asfixiando, estigmatizando y reduciendo?

La ruptura de Junts con el gobierno en realidad fractura al propio Junts. Primero, rompe definitivamente con una cultura política convergente pragmática y realista de la que ya solo quedan ciertos tics; y, en segundo lugar, aunque Carles Puigdemont no quiera verlo, rompe por dentro a la organización por la imposición de una unanimidad que es ficticia. No todos (ni todas) están de acuerdo con la suicida estrategia del expresident, presionado por una Esquerra que resiste y puede ganar centralidad con un sorprendente Rufián como figura reemergente; y, por el otro, por una extrema derecha independentista de Aliança Catalana que no deja de crecer en la indefinición de Junts. Indefinición que se basa en tres falacias y en un cálculo estratégico (auto)destructivo.

La primera de las falacias es pensar que un Gobierno reaccionario en el Estado y la vuelta a la confrontación puede volver a situarnos en un clima procesista en donde poder crecer. Es más, puede ocurrir lo contrario: esta polarización identitaria que propondría VOX desde el gobierno de Estado, con todos sus resortes institucionales, judiciales y mediáticos no premiaría a las fuerzas soberanistas, sino precisamente a sus antagonistas, o por lo menos en una primera fase. VOX crecería más con un enemigo interno útil y Junts sería su mejor argumento de acción gubernamental.

La segunda falacia es suponer que una posición maximalista en las negociaciones (con mucho de performance, seriedad o palabras gruesas) arranca más "concesiones" o mayor rédito electoral. No ha sido así, y a los datos me remito. La evidencia sugiere que no son las posiciones maximalistas las que arrancan mejoras para los intereses de Cataluña, sino las mayorías progresistas, plurinacionales y la necesidad de pactos. Un ejecutivo PP-VOX, con el que parece coquetear Junts (aunque sea por pasiva), cerraría todas esas posibilidades y traería una larga noche de piedra a Cataluña, que diría el gallego Celso Emilio Ferreiro.

Y finalmente la tercera falacia. Pensar que el coste lo va a pagar "Madrid" o el PSOE. Realmente nada asegura que una espiral de este tipo haga que Junts crezca en Cataluña. Al contrario: puede, como hace habitualmente, concentrar el voto contrario a la extrema derecha en PSC o Comuns, además de empujar a una competencia de resistencia en el marco de las fuerzas soberanistas, donde este relato "desde la izquierda" (ERC) es mucho más creíble y coherente. Por ello, la organización perdería definitivamente el rumbo y la centralidad, pudiendo acabar disuelta como un azucarillo.

Junts tiene el deber de no dar la llave de la casa a quienes quieren cerrarle la puerta en sus narices. Nadie niega que el PSOE y Sánchez incumplan. Nadie niega, a pesar de los empujes de Sumar y Díaz, que este gobierno debe hacer más y desbordar en derechos (principalmente el de la vivienda) y en la plurinacionalidad para parar la ofensiva reaccionaria. Pero la disyuntiva no es abstracta: o se mantiene este marco o volverán los enemigos de Cataluña al poder.  En definitiva: Junts tiene la obligación moral de mantener el apoyo al Gobierno de coalición progresista. Hacer lo contrario no es bueno ni para Cataluña, ni para el Estado, ni para ellos. Porque lo que están haciendo, ahora mismo, es abrazar a sus verdugos. Los que jaleaban los golpes el 1 de octubre de 2017. Sin ningún tipo de vergüenza.