No voy a ser yo quien ratifique que en España existe y existió siempre lawfare, pero exclusivamente porque detesto los anglicismos. Sin embargo, la palabreja parece que ya está atribulando mucho en nuestros tribunales, y esa es buena señal para la democracia.

Los jueces están nerviosos y con razón, pues ya salen más en los papeles que los putones y putonas catódicos de Tele 5, que cada tarde venden sexualidad nociva e indignidad por un triste plato de diamantes.

Ya no son dioses anónimos, los jueces. Cada vez menos gente los observa como arcanos pontífices de la cieguita de la balanza. Ahora suena su sacerdocio tan a cerdo que se nos confunden las etimologías, y las sentencias y sumarios nos huelen a cuadra, a pienso rancio, a piel de patata podrida entre excrementos, a puerco que se zampa a un bebé en una novela de Cela.

Pero no nos pongamos tremendistas, cual el citado autor padronés, pues sé que mi crudelísima jefa me paga por haceros reír con vuestras hilarantes desdichas y desesperanzas. Y los jueces son una de ellas. El caso es que nuestros otrora intocables magistrados se están quedando sin amigos ni genuflexos. Ni siquiera el Partido Popular, tan de orden, los respeta ya.

El almirante Alberto Núñez Feijóo, que anda inquieto desde que el de las mudanzas le anunció que no le dejan entrar los muebles en Moncloa, ha enviado los navíos de su marcial y dorada Armada contra las costas del Tribunal Constitucional. "Genera inseguridad en los ciudadanos y en mi formación política", brama.

El gallego de pupilas dilatadas por el sol de Andalucía no lo dice porque no sabe hablar inglés, pero está acusando al TC de lawfare sin ser muy consciente, como ese personaje de Torrente Ballester que se asusta al conocer a un psiquiatra porque no quiere que lo quiten de loco, que se vive muy bien.

Feijóo empieza a vivir muy bien como sintecho monclovita, cómodo en su papel de loco que se inventa IRPF y conjuras judiciales, pero sin decir nunca lawfare, no vaya a ser que los jueces se le pongan bravíos y descubran quién es Eme Punto Rajoy y dónde fueron a parar los contratos de la Xunta con su batelero narco.

Pero, por mucho que se haga el loco, la acusación contra el TC ya está hecha, y los jueces son muy suyos y conscientes de que ahora incluso los denigra públicamente el Partido Popular.

El PSOE tomó ese mismo camino no hace mucho, menos preocupado porque tiene menos delincuentes, cuando Pedro Sánchez, en plan salvaje, dijo en vísperas de la pasada Navidad que "no hay caso más paradigmático de lawfare que el secuestro del Poder Judicial por el PP".

Creíanse nuestros jueces que la inexistencia del lawfare era un dogma, como el terraplanismo cristiano, y que si los de Podemos, BNG, ERC, Bildu y Junts lo denunciaban bastaba con arrojarlos inquisitorialmente a la hoguera y someterlos al potro bajo la complacida mirada de los dos grandes partidos, cómplices y sobreseídos o prescritos cuando hacía falta devolver cortesías. Ahora parece que todo eso se ha acabado.

Aun a riesgo de que la izquierda de la izquierda etiquete a este anarquista en alguna de sus facciones de ideas abelianas y modales cainitas, diré que esto del canguelo de los jueces, como tantas otras cosas (fin del bipartidismo, reconcienciación social, feminismo valkirio, primer gobierno de coalición de nuestra democracia...) se lo debemos a Podemos, un partido que por edad, si fuera un niño, estaría en el ciclo medio de educación primaria y lamiendo chupachúps. Diez añitos tiene, y sus dientes todavía deberían ser diminutas ferocidades.

Pero, ya en 2016, a sus dos años de vida, Podemos consiguió que el juez Santiago Alba fuera suspendido por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Alba había conspirado junto al ministro de Industria de Mariano Rajoy, José Manuel Soria, para acabar a base de falacias con la carrera política de la diputada de Podemos Victoria Rosell. La imputó y ella abandonó la política activa, siguiendo el código ético de los morados, y renunció a presentarse a las elecciones. Su foto amaneció en todas las portadas y noticiarios durante meses como más que presunta culpable. Los medios de la derecha se cebaron con ella y su familia, y muchos de izquierda estaban tan atónitos que tampoco encontraban argumentos para certificar su inocencia. Su rápida renuncia alimentó la percepción social de que algo raro había, pues aquí no dimite ni el dios de los ateos. Pero aún no habíamos importado lo del lawfare (maldito anglicismo) y la costumbre era sospechar del reo antes que descreer al juez.

Hoy el juez Salvador Alba está en la cárcel, condenado a seis años y medio. Soria se fue de rositas. No se sabe cuántos votos perdió Podemos con las desconfianzas. Los jueces corruptos no se asustaron mucho y volvieron a sus cuidados y prevaricaciones. El lawfare aún no era popular, y no somos conscientes de las cosas hasta que les ponemos nombre.

Siempre he sospechado que si Victoria Rosell no fuera también jueza, jamás hubiera ganado aquella batalla. Y hoy estaría con su bolso de piel marrón, sus zapatos de tacón y su vestido de domingo viendo pasar los trenes. Porque eran cacerías de podemitas sin mayor trascendencia social.

Ahora, con esto de las denuncias de lawfare incluso desde el más rancio bipartidismo, se nos pone podemita hasta Alberto Núñez Feijóo, que cornea con su centralidad beata a los togados del Constitucional. Y el presidente socialista arremete contra el CGPJ. Falta Vox, que no tardará tampoco, pues Fiscalía ya ha abierto investigación contra Santi Abascal por delitos de odio. Si un juez acepta el envite, ya hablará Eduardo Inda (recién imputado) de lawfare contra la ultrafachería y será el acabose. Tribulación en los tribunales. Yo creo que nuestros altos magistrados deberían ir pidiendo amparo a los servicios jurídicos de Ciudadanos, que es el único apoyo que les queda.