Ante la aprobación del 7º Plan de Residuos Radiactivos y la ampliación de El Cabril.

Desde hace decenas de años el movimiento antinuclear de Córdoba hemos venido reiterando nuestra oposición al cementerio nuclear de El Cabril.

La elección del emplazamiento tiene como única justificación la utilización secreta, durante la dictadura franquista, de la mina Beta, cuando ésta dejó de ser rentable para la extracción de minerales radiactivos, para albergar la basura nuclear generada básicamente por el reactor nuclear “General Juan Vigón” de manos de la Junta de Energía Nuclear, JEN, órgano militar que intentaba poner en manos de ejercito español bombas atómicas propias y que también fue órgano que centralizó todas las funciones de control y seguimiento de las instalaciones nucleares en nuestro país. Posteriormente se almacenarán en El Cabril residuos de otras instalaciones o provenientes de accidentes, como la Operación Tajo.

Este emplazamiento continuó siendo utilizado, en un proceso lleno de irregularidades, durante el franquismo primero y por los gobiernos democráticos, de forma ilegal, hasta 1992 en que con la excusa de la existencia del cementerio ilegal, deciden hacer en el mismo lugar el cementerio para todos los residuos radiactivos de media y baja actividad generados por las centrales nucleares españolas y el desmantelamiento de las mismas.

Para desmovilizar la respuesta social se decide indemnizar a los ayuntamientos cercanos de Hornachuelos, Fuente Obejuna en Córdoba y Alanís y las Navas de la Concepción en Sevilla; al objeto de comprar el silencio y la aceptación de los ayuntamientos de la zona.

Desde el primer momento la Junta de Energía Nuclear y luego Enresa han mantenido que las instalaciones eran seguras, sin embargo han ido modificando las instalaciones, primero una mina y construcciones mineras abandonadas, posteriormente tres naves en superficie y ahora los cubetos.

Como apunté anteriormente y avalado por sentencia firme del Tribunal Supremo, hasta 1992 Enresa y la JEN habían incumplido la legislación española, Ley sobre Energía Nuclear de 1964, y sobre esos antecedentes ilegales se usan para emplazar el actual cementerio nuclear, en un lugar de gran valor ambiental, Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, de donde se desgaja.

Un emplazamiento alejado de las centrales nucleares, agravando el riesgo del transporte por las carreteras de todo el estado de basura radiactiva con destino a la Sierra de Hornachuelos.

Un emplazamiento que no es el de mayor estabilidad sísmica de la península.

Un emplazamiento en la cuenca del río Guadalquivir, donde millones de personas viven aguas abajo de El Cabril y centenares de miles de hectáreas de regadío podrían ser afectadas en caso de accidente o intervención accidental o intencionada como la actualidad en Ucrania con Chernóbil.

Un lugar en el que no solo se almacena basura nuclear sino que también se manipula para reducir su volumen, se solidifica para reducir su movilidad y se queman para reducir su volumen también. Además se inspecciona el interior de los bidones para que las nucleares no den gato por liebre para aminorar su factura.

Unas instalaciones para posibilitar una tecnología caduca y residual de energía, solo el 5% de la energía primaria mundial, y que dejará una herencia nefasta e inmoral para las generaciones venideras.

Unas instalaciones que ya han demostrado que tienen problemas de penetración de agua y la consiguiente posibilidad de dispersión de material radiactivo. cuya resolución se valora en 6 millones de euros.

Ahora con la aprobación del 7º Plan de Residuos Radiactivos se reitera que la Sierra de Hornachuelos será el destino de toda la basura nuclear de media y baja actividad que se genere en la actividad de las centrales nucleares españolas en su funcionamiento y desmantelamiento, multiplicando por cuatro las instalaciones actuales. Multiplicando por cuatro el riesgo, multiplicando por cuatro el error del lugar elegido.

No solo tropiezan una vez en la misma piedra si no cuatro.

Ya la población cordobesa consiguió parar hace unos 20 años las investigaciones para colocar el Almacenamiento Geológico Profundo, cementerio de alta actividad.

Ahora solo la población será capaz de parar este desaguisado.