Estos días estamos asistiendo al 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta organización, que nació en 1945 para garantizar la paz y el respeto a los derechos humanos, atraviesa hoy una de sus crisis más profundas. A las dificultades de financiamiento, la rigidez institucional y el estancamiento de las reformas, se suma un golpe a su legitimidad sin precedentes, esto es, la incapacidad para responder ante el genocidio en Gaza.

La intervención de Donald Trump en la Asamblea General ha subrayado aún más esta fragilidad. Con su retórica nacionalista, Trump descalificó a la ONU como “una burocracia global inservible” y negó el cambio climático como “el mayor timo de la historia”. Al mismo tiempo, defendió el cierre de fronteras y la expulsión de migrantes, mientras acusaba al organismo de socavar la soberanía de los Estados. Ese discurso, más allá de la provocación, ha consolidado un mensaje que estaba en el horizonte pero que no se había llegado a verbalizar con contundencia, y es que el multilateralismo ya no cuenta con el respaldo de la principal potencia mundial.

Pero el problema es más profundo que Trump. El genocidio en Gaza, reconocido por resoluciones de la Asamblea General, por múltiples agencias humanitarias y por la Corte Internacional de Justicia, que ha dictado medidas cautelares contra Israel, ha puesto de manifiesto la impotencia de Naciones Unidas y de la totalidad de la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad, bloqueado sistemáticamente por el veto de Estados Unidos, está siendo incapaz de frenar la ofensiva militar israelí que está dejando tras de sí más de 60.000 muertos civiles, en su mayoría mujeres y niños. Al arrasar con las infraestructuras básicas tales como hospitales, escuelas y plantas de agua, dejan tras de sí un territorio absolutamente inhabitable.

La pasividad de la ONU ante Gaza no es solo un fracaso operativo, es un colapso moral. Mientras la comunidad internacional asiste a la destrucción sistemática de un pueblo, el organismo creado para garantizar la protección de los más vulnerables se reduce a un foro de discursos sin consecuencias donde la inacción es lo que más llama la atención. Para el Sur Global, esta situación confirma algo que venían reclamando durante mucho tiempo, que las normas internacionales se aplican de manera selectiva, según convenga a los intereses de las grandes potencias.

La crisis de Gaza, unida a la guerra en Ucrania, ha mostrado con toda crudeza que el Consejo de Seguridad refleja todavía los equilibrios de poder de 1945, no los del mundo actual. Los vetos de EEUU y la Federación Rusa paralizan cualquier acción efectiva, mientras potencias emergentes como India, Brasil o Sudáfrica reclaman un lugar en la mesa de decisiones. António Guterres ha insistido en la necesidad de reformar este órgano, pero los avances son mínimos, como no podía ser de otro modo, aquellos cinco miembros permanentes no están dispuestos a renunciar a sus privilegios, porque, efectivamente, en el mundo internacional nadie, absolutamente nadie, quiere renunciar a su cuota de poder. Porque nadie, absolutamente nadie, nunca ha creído de manera fehaciente que lo que debía gobernar el mundo eran los derechos humanos y no los intereses de los Estados, algo que el idealismo camufló durante un  tiempo .

Y mientras eso sucede, agendas como la 2030 han pasado a un segundo plano. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible se han tornado inalcanzable en un contexto de aumento de la pobreza extrema, las desigualdades y la crisis climática. Y todo ello va, además, acompañado por un creciente déficit financiero de la ONU, agravado por el retiro de fondos estadounidenses y los atrasos de varios Estados, algo que limita aún más la capacidad de acción de la organización. 

Lo ocurrido en Gaza expone el dilema central del multilateralismo contemporáneo, donde se hace insostenible la defensa de un orden internacional basado en reglas cuando aquellos que las diseñaron y prometieron aplicarlas son los primeros en bloquear su aplicación cuando no se la saltan directamente. La desafección ciudadana hacia la ONU es cada vez más palpable, y no sin razón. Para millones de personas en Oriente Medio, África o América Latina, el organismo aparece como un actor irrelevante, incapaz de garantizar derechos ni de detener atrocidades y que cada vez presta menos atención a poblaciones con un peso creciente en el ámbito global.

Europa tampoco ha estado a la altura. Aunque la UE se proclama defensora del multilateralismo, su respuesta frente a Gaza ha sido, en el mejor de los casos, tibia y contradictoria. Algunos Estados han pedido un alto el fuego inmediato, otros, como España, tratan de ir más allá a través de acciones que incluyen el embargo de armas. Pero también hay Estados que mantienen su respaldo político y militar a Israel. La falta de una voz común en política exterior ha reforzado la percepción de una UE impotente, incapaz de sostener siquiera su propia narrativa de “potencia normativa”.

La pregunta ya no es si Naciones Unidas está en crisis, sino si puede sobrevivir como institución legítima en un mundo multipolar y crecientemente autoritario. La respuesta dependerá de dos factores, por un lado,  la voluntad política de reformar sus estructuras de poder, por otro, la capacidad de la sociedad civil internacional para exigir un sistema verdaderamente inclusivo.

Gaza es, en este sentido, un punto de inflexión. Si la ONU no es capaz de garantizar justicia en un caso tan flagrante de violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, sin duda su crisis se verá acentuada. Y en esa disyuntiva, o se avanza hacia una reforma profunda que democratice el Consejo de Seguridad y fortalezca los mecanismos de protección de derechos humanos, o la ONU quedará reducida a un ritual vacío, un lugar donde los Estados pronuncian discursos solemnes mientras en el terreno se multiplican las atrocidades.

La crisis actual no es solo institucional, sino también moral y sistémica. Si, como parece, la mayoría de los Estados presentes en el actual periodo de sesiones en Nueva York no son capaces de ejercer la presión suficiente para que haya una reacción ante la limpieza étnica y la masacre de Gaza, ante la impunidad que exhibe el gobierno israelí y ante la complicidad evidente del gobierno estadounidense, sin duda se estará dando un paso más hacia la construcción de un nuevo orden en el cual los derechos humanos y la justicia social no tendrán un lugar prioritario. De eso no les quepa ninguna duda.