Sandra Caula (@scaula)

• En España hay unas 500.000 personas venidas de Venezuela, y miles de ellas que han canjeado su permiso de conducir se enfrentan a un agresivo procedimiento que incluye detenciones y la posibilidad de un antencedente policial

• Venezuela es un tema permanente en los medios españoles, pero, ¿interesa de verdad al Estado español apoyar a estos migrantes o son una molestia adicional?

La llamada es de un funcionario de la Policía Nacional. Pregunta por una persona de origen venezolano que canjeó su permiso de conducir original por el español, acogiéndose a un convenio entre ambos países. La convoca a presentarse y le recomienda llevar a su abogado, “de lo contrario se le asignará uno de oficio”, le informa. Y agrega: “el permiso que usted presentó es falso”.

Al llegar a la cita, la primera información que recibe la persona es que está detenida. No entiende la razón, supone que es un error y trata de conservar la calma. Pero la pierde cuando la ponen ante la cámara que le hará las fotos para la reseña policial y cuando el funcionario que registrará sus huellas le mancha las manos de tinta. Ahora tiene un antecedente policial.

No es un caso aislado. En los últimos seis meses, cerca de 2.000 venezolanos han pasado por esta circunstancia.

Casi todos los citados se presentan asumiendo que les piden colaborar en una investigación y solo tendrán que aportar una declaración. No han falsificado ningún documento. Pero abruptamente se enfrentan a una detención y a que los fichen, mientras esperan a que el abogado actúe para que los dejen en libertad y quedan pendientes de un juicio.

Si la persona ha llevado a su abogado, si tiene cómo pagarlo, ese mal rato dura menos de una hora. Si no, debe esperar (¡en una celda!) hasta que se le asigne uno de oficio. A todo los citados se les quita el permiso de conducir español (a estas alturas, es lo de menos), se les informa de sus derechos y a veces se les comenta que el procedimiento normal sería irlos a buscar al domicilio, cosa que han evitado para no avergonzarlos.

Son más de cinco millones de venezolanos impelidos a migrar, y muchos han sufrido indefensión en su país de origen. Allá la autoridad es arbitraria y las instituciones caóticas o inexistentes. Probablemente la llamada de la Policía Nacional angustia a más de uno y seguro que los amigos españoles intentarán calmarlos: “Esto no es Venezuela, tienes derechos y eres inocente mientras no se demuestre lo contrario. Ni lleves abogado, que no te va a hacer falta”. La calma se desvanece al llegar, cuando en la sede policial se confirman sus temores: es culpable de antemano.

El canje del permiso de conducir venezolano por el español se basa en un convenio entre ambos países suscrito en 2005. Los requisitos son claros: se deben presentar varios documentos en la DGT y luego esta institución se encarga de aprobar o rechazar el canje, tras evaluar todo lo aportado y recibir el aval de las autoridades venezolanas. Si lo aprueba, el solicitante paga una tasa, entrega su permiso original y en unos días recibe el permiso español por correo.

Esto supone acuerdos con las instituciones venezolanas, a las que se pide verificar los documentos, como puede leerse en el convenio. Y si bien el acuerdo de canje se ha paralizado y reactivado en más de una ocasión, porque la demanda ha desbordado las posibilidades de responder, por la pandemia y también porque se han detectado permisos falsificados, es de esperar que cuando la DGT aprueba un canje, es porque el solicitante ha cumplido con todas las exigencias y sus papeles estaban en regla.

En España hay ahora unas 500.000 personas venidas de Venezuela. Algunos tienen doble nacionalidad, otros han obtenido un visado de estudios o de residencia o aspiran a obtenerlo, varios han solicitado asilo por razones humanitarias y necesitan su aprobación. Hoy son muchos quienes hacen de trámites para rehacer sus vidas en un país donde suponen tener seguridad jurídica. Entre esos figura el canje del permiso de conducir, un documento preciado para quienes intentan trabajar como conductores o repartidores. Es decir: los humildes. De ahí la avalancha de solicitudes recibidas por la DGT en los últimos años.

El agresivo procedimiento ha desatado una ola de terror en la comunidad. Algunos dudan si optar al canje, al que tienen derecho, pues temen pasar luego por ese calvario. Rezan para que no los pare una patrulla en la calle. Nadie sabe si estará entre los citados o los detenidos, o si deberá enfrentarse, tras la reseña policial, a un proceso legal cuyos resultados inquietan. Por lo demás, todo es kafkiano: eres culpable desde el comienzo y no sabes por qué. Eres culpable aunque creyeras que estaba bien el documento que te otorgó la administración de tu país, o el gestor que contrataste para tramitarlo ante ella (es sabido que sin un gestor, conseguir documentos en Venezuela es una pesadilla), y que la DGT ya había cotejado y aprobado.

Estas personas tiemblan además ante las consecuencias de tener antecedentes policiales o penales en España. Ello podría implicar que se les niegue una solicitud de asilo o de residencia, afectar sus trámites de nacionalización y hasta sus posibilidades de encontrar trabajo.

Venezuela es un tema permanente en los medios españoles, ya sea como arma arrojadiza en la política local o por la compasión que despierta la situación de emergencia humanitaria compleja que se vive en ese país, donde muchos españoles viven, han vivido o tienen parientes desde hace varias generaciones. Es sabido que la población enfrenta carencias de todo tipo, violaciones graves de derechos humanos e inseguridad jurídica, porque la situación no solo ha sido develada por los medios, sino también por informes oficiales de organismos como la ONU u oenegés como Amnistía Internacional. Pero, ¿interesa de verdad al Estado español apoyar a estos migrantes o son una molestia adicional?

También se conoce que el Estado venezolano tiene dificultades para suministrar a sus ciudadanos, de forma oportuna, documentos oficiales que cumplan con estándares internacionales. No hay papel adecuado para imprimir pasaportes, por ejemplo, ni un sistema que permita responder con rapidez a las solicitudes de documentos de identidad, antecedentes penales, registros de grados educativos, legalizaciones y apostillas. Las mafias de gestores crecen, los precios que cobran son insólitos. El problema es tan conocido que España y otros países han permitido a los venezolanos hacer trámites con su pasaporte vencido.

Por eso cuesta entender este procedimiento violento que criminaliza a todo un gentilicio. La indefensión para los venezolanos es como un lastre del que es imposible liberarse, vayan a donde vayan. Un Estado desestructurado, desbordado por la corrupción, que muchos han calificado como fallido, marca a sus ciudadanos con unas deficiencias que arrastran consigo a donde quiera que huyen. Hoy las víctimas de ese Estado, cuestionado por España y la Unión Europea, corren el riesgo de que se las criminalice por una circunstancia que no pueden controlar.

Muchas preguntas surgen ante este procedimiento. Dado que la convocatoria proviene de la Policía Nacional, es de suponer que la medida fue ordenada o aprobada por el Ministerio del Interior. Pero cómo explicar que se haya optado por un camino tan violento —la imputación al azar de miles venezolanos que han canjeado su permiso de conducir— si solo se han detectado algunos documentos dudosos o falsificados que la misma DGT ha debido identificar en el momento de su presentación.

La medida parece destinada a criminalizar a un colectivo o a dificultar su permanencia en España.

Si había dudas sobre la veracidad y la calidad de los documentos venezolanos, ¿por qué se aceptó el intercambio? ¿Por qué no optaron por suspender el canje y anular los documentos dudosos en vez de marcar así la vida de tantos? Y si solo detectaron los problemas a posteriori, ¿por qué no subsanar el error sin someter a tantas personas a un fichaje policial e incluso un juicio?

Tratar a los venezolanos masivamente como falsificadores de documentos es estigmatizarlos. Con el agravante de que se le hace esto a una población traumada.

La realidad es que ningún venezolano puede asegurar que sus documentos cumplen con estándares internacionales. Vivimos ese riesgo a diario, porque los organismos encargados de emitirlos no funcionan y porque estamos a merced de gestores cuya probidad no podemos comprobar. Y dado que nuestra dramática situación es bien conocida en todo el mundo, y en especial en España, es de esperar que se la considere antes de incriminar a miles.

Asusta pensar que esta pueda ser una forma de atemorizar o quitarse de encima a una población no deseada. Como en el Gobierno de Barack Obama, donde el discurso benévolo sobre la migración no se correspondía con los duros hechos, a lo mejor la cacareada solidaridad con los migrantes venezolanos en España es solo una retórica que se desmiente con medidas como esta, destinadas a dificultar las posibilidades de estas personas de rehacer sus vidas tras escapar del infierno.

Debería evaluarse con urgencia si los problemas de documentación que enfrentan los venezolanos requieren como respuesta, más que acciones judiciales, consideraciones políticas y voluntad para comprenderlos y facilitarles la vida. Debería considerarse el daño que se suma de este modo al que ya sufren. Deberían evaluarse las consecuencias morales, físicas, psíquicas y tangibles de una acción masiva, indiscriminada, que pone a toda una comunidad bajo sospecha.

Sandra Caula es editora, filósofa y traductora.