Venezuela y las condiciones para condenar una invasión

Tras la invasión de Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y de su esposa, buena parte de las reacciones públicas que aspiran a ser razonables han seguido un patrón reconocible. Antes de condenar los hechos, muchas voces se sienten obligadas a introducir una advertencia previa. Maduro no gusta. Maduro es un dictador. El régimen venezolano es autoritario. Solo después de esa aclaración se formula, con cuidado, una crítica a la injerencia externa.

Ese gesto no cumple una función informativa. Cumple una función disciplinaria. Marca quién puede hablar y desde dónde. Defender principios básicos del derecho internacional sin esa advertencia previa se percibe como sospechoso, cuando no como una forma de complicidad. La condena deja de ser un punto de partida y pasa a convertirse en algo que hay que justificar.

Ese mecanismo no aparece solo en el caso venezolano. Se repite, con variaciones, cada vez que la violencia externa se ejerce sobre países situados fuera del Norte Global. Irán, Palestina, Haití, Libia, Afganistán. En todos esos casos, la discusión pública rara vez se limita a evaluar la legalidad de la intervención. Se desplaza hacia la calidad del régimen, el grado de madurez política de la sociedad o la supuesta incapacidad interna para gobernarse sin tutela. Grados de civilización, al fin y al cabo.

Ahí opera un estándar de civilización moderno que no suele nombrarse, pero que estructura las reacciones. Algunos Estados son considerados plenamente soberanos, incluso cuando sus gobiernos vulneran derechos. Otros aparecen como soberanías defectuosas. En estos últimos, la autodeterminación se percibe como incompleta, provisional o condicionada a una supervisión externa.

Por eso, en el Norte Global, el secuestro de un jefe de Estado sería un escándalo inmediato. No daría lugar a debates sobre si el gobernante es legítimo o autoritario. No exigiría aclaraciones ideológicas para ser condenado. La violación del derecho internacional se daría por evidente. En cambio, cuando el escenario es, por ejemplo, Venezuela, la conversación se fragmenta. Se introduce contexto correctivo. Se relativiza la gravedad. Se pregunta, de forma más o menos explícita, si la intervención era comprensible dadas las circunstancias.

Las declaraciones de Donald Trump encajan plenamente en esa lógica. Al afirmar que María Corina Machado no está llamada a gobernar Venezuela y que será Estados Unidos quien asuma el control, con un equipo venezolano para hacerlo bien, no solo se expresa una preferencia política. Se formula una desconfianza abierta hacia la capacidad de la sociedad venezolana para decidir su propio futuro. La población aparece como acompañante, no como sujeto político. El gobierno externo se presenta como garante de orden, racionalidad y modernidad.

Ese discurso no es una anomalía. Es coherente con una visión en la que ciertos pueblos necesitan ser administrados, guiados o corregidos. En la que la democracia no se concibe como un proceso conflictivo y situado, sino como un estándar técnico que puede imponerse desde fuera si se considera que las condiciones internas no son las adecuadas.

Desde ahí, la intervención deja de verse como una excepción grave y pasa a entenderse como una herramienta legítima. A veces se justifica de forma directa. Otras, de manera involuntaria, a través de silencios, matices y advertencias previas. En ambos casos, el resultado es el mismo. Se normaliza algo que nunca aceptaríamos aplicado a nuestras propias sociedades.

Criticar al gobierno de Maduro es legítimo. Analizar el autoritarismo venezolano, y la manera en la que ha dado forma a la económica política del país y región, resulta necesario. Lo problemático aparece cuando esa crítica se convierte en una condición para rechazar una invasión o un secuestro. Cuando la defensa del derecho internacional se formula con cautela, casi pidiendo permiso. Ahí se revela una jerarquía política persistente, en la que no todas las soberanías merecen la misma protección y no todas las poblaciones son consideradas igualmente dignas de confianza.

Venezuela vuelve a ocupar ese lugar incómodo. No por las características de su gobierno, sino por lo que las reacciones ante lo ocurrido dicen sobre nosotros. Sobre hasta qué punto seguimos aceptando que hay pueblos para los que la autodeterminación siempre llega tarde, siempre es incompleta y siempre puede ser suspendida en nombre de un supuesto bien mayor definido desde fuera.