Por Pablo Mayoral, presidente de La Comuna.

Era el 3 de Marzo de 1976. La Policía Armada cercó una asamblea pacífica de más de 4.000 trabajadores en la Iglesia San Francisco, del barrio de Zaramaga y, por órdenes superiores expresas (textualmente en las grabaciones, como si no pasara el tiempo: “Si hay gente ¡a por ellos!), empezaron a disparar contra los que allí estaban congregados. El resultado fue la muerte de cinco trabajadores: Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. Hubo, además, más de 100 heridos de bala, entre ellos varias mujeres.

Hacía poco más de cinco meses que había muerto Franco y seis desde que pelotones de la Guardia Civil y la Policía Armada habían fusilado a cinco jóvenes antifascistas condenados a muerte en cuatro Consejos de Guerra Militares que apenas duraron unas horas cada uno. La dictadura franquista seguía intacta.

Ciertamente la masacre de Vitoria fue uno de los episodios primeros y más trágicos de esa ensangrentada transición, que muchos ahora quieren edulcorar con el silencio, para sostener la tesis de que las libertades nos cayeron desde los despachos del poder, ocupados por unos líderes políticos “generosos” y audaces.

Según Alfonso Osorio, Arias Navarro le dijo personalmente: “O hacemos el cambio nosotros, o nos lo hacen”. Ese era el modelo de transición pretendido. Para ese cambio, hecho por y para ellos, las numerosas manifestaciones, huelgas, asambleas y actos de protesta que exigían y ejercían libertades y se extendían por todo el estado, eran un obstáculo. Había que tomar en consideración su empuje y, sobre todo, había que liquidarlo.

Martín Villa, entonces ministro de Relaciones Sindicales del gobierno y, como tal, responsable directo de la represión contra el movimiento asambleario de trabajadores, dice: “La izquierda es la que enarbola la bandera de la democracia. Nosotros nos limitamos a traerla.” Es decir, el 3 de marzo de 1976 era su forma de traer la democracia y definía qué tipo de democracia se gestaba desde el poder en la Transición que entonces comenzaba.

En enero ya miles de trabajadores y trabajadoras habían iniciado en Vitoria una huelga contra el decreto de topes salariales y las malas condiciones de trabajo. El 3 de marzo se convocó por tercera vez una huelga general, que fue seguida masivamente. Era una movilización de los trabajadores en su conjunto, principalmente fábricas del metal, pero también empresas de construcción, de artes gráficas, de la madera, etc.

Las reivindicaciones eran básicas:

• 6.000 pts. (unos 36 euros) de subida lineal.

• 40 horas de trabajo semanales.

• 28 días de vacaciones.

• 1 año de vigencia en caso de pacto.

También se pedía, en algunas empresas, la jubilación a los 60 años y cobrar el 100% del salario en caso de enfermedad.

Hay que recordar que por entonces el aumento en la carestía de la vida era galopante. En 1975 la inflación media anual fue del 17%, y en diciembre de 1976 la inflación interanual alcanzó el 20%.

Y, sobre todo, los trabajadores empezaron a socavar uno de los pilares de la dictadura: el sindicato vertical. Los trabajadores elegidos en asamblea asumieron el derecho a negociar las reivindicaciones de todos sus compañeros. Muchas empresas optaron por el cierre patronal, porque sólo querían negociar con los delegados del Sindicato Vertical. Muchos de los trabajadores elegidos por la asamblea para negociar fueron despedidos de inmediato, y no pocos perseguidos por la policía. Así, una nueva reivindicación se unió a las anteriormente expuestas: la readmisión de los despedidos.

La Huelga se generalizó en toda Vitoria. Por las mañanas se hacían las asambleas en cada fábrica y por la tarde se organizaban asambleas generales en las que se planificaba su mantenimiento y extensión. La mayoría de las veces, después de la asamblea general, se hacía una manifestación. La organización de una fuerte caja de resistencia supuso un gran acierto para sostener las luchas y paliar las necesidades más urgentes de los huelguistas y sus familias.

Miles de mujeres participaron en las movilizaciones previas, participando en las huelgas, acudiendo a las manifestaciones, organizando las cajas de resistencia, realizando actividades de propaganda, boicots, etc.

La movilización de los trabajadores en todo el Estado era muy extensa. Sólo en Madrid los trabajadores en lucha, mediante la huelga (que por entonces estaba prohibida y era objeto de persecución policial y castigada con cárcel), en diciembre de 1975, eran 150.000. En enero de 1976 ya eran 400.000. A lo largo de 1976, dos de cada tres trabajadores participaron en alguna huelga.

En Vitoria esta situación se mantuvo desde los primeros días de enero hasta el fatídico 3 de marzo, donde se impuso de manera criminal la represión y la necesidad para el régimen monárquico de acabar a sangre y fuego con aquella movilización obrera. En palabras de Fraga: “ Aquello de Vitoria había que aplastarlo, porque estaba dirigido por dirigentes que manipulaban a la clase trabajadora y eran pequeños soviets que se estaban gestando y había que extinguirlos.”

Por lo tanto podemos afirmar que las luchas de aquellos días en Vitoria eran en reivindicación de mejoras concretas en cada una de las fábricas, en repulsa de la dictadura franquista, y en defensa de métodos de organización sindical basados más en la asamblea de los trabajadores que en la burocracia sindical.

Tras la masacre del 3 de marzo, muchos de los integrantes de las comisiones representativas, fueron detenidos y encarcelados. Salieron de la cárcel cinco meses después, con la primera amnistía. Los convenios de los siguientes años fueron los mejores convenios de la clase obrera en Vitoria.

En 2014, Andoni Txasco, portavoz de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo y uno de los damnificados por la represión de aquellos días, interpuso una querella criminal ante la justicia argentina, y solicitó el enjuiciamiento de algunos de los culpables de aquella matanza. Días después, la jueza María Servini emitía una orden de detención internacional contra Rodolfo Martín Villa, entonces Ministro de Relaciones Sindicales, contra Alfonso Osorio, ministro de la presidencia, y contra Jesús Quintana, jefe de la Policía Armada en Vitoria.

Estos días, 42 años después, seguimos exigiendo justicia, y luchamos por todos los medios para acabar con la impunidad de los responsables de la dictadura franquista. El recuerdo de los cinco compañeros asesinados aquel 3 de marzo de 1976 es un acicate más para perseverar en nuestro objetivo de llevar ante la justicia a los criminales responsables.

A la vez, el estudio y análisis de lo ocurrido aquellos días, puede ayudarnos a reflexionar sobre cómo afrontar muchos de los problemas que los trabajadores tienen en estos momentos, y sobre la forma de abordar la lucha para conseguir mejorar sustancialmente nuestras condiciones de vida.