A lo largo del día de hoy conoceremos las estadísticas de ejecuciones hipotecarias y el índice de precios de la vivienda. No hace falta ser un lumbreras para barruntar que los datos no serán buenos. Basta mirar alrededor para constatar lo difícil que se ha puesto la vida en España, donde el derecho constitucional a una vivienda digna se ha convertido en un privilegio.

Vivo en un pueblo costero (Rincón de la Victoria, Málaga) y no hace falta leer un solo periódico o escuchar una sola noticia para darse cuenta de la burbuja en torno a la vivienda que se ha generado en España. La vivienda ya no es un derecho, es un negocio. En este pueblo ni siquiera hace falta hablar con la gente para percibir esta realidad; un simple paseo por sus calles es suficiente. En este caminar a lo largo del último año y medio-dos años han cerrado negocios locales y, en su lugar, han aparecido agencias inmobiliarias. Crecen como setas, del mismo modo que hace unos años desaparecieron una a una bajo el efecto dominó del pinchazo de la burbuja. La última agencia, ni siquiera ha sido aún inaugurada, está ultimando su nuevo local.

Si uno se da el trabajo, además, de hablar con la gente la realidad es aún más cruda. Los alquileres vacacionales hacen del pueblo un lugar ingrato en el que vivir porque, incluso si encuentras un apartamento con un precio razonable -misión imposible-, entre junio y septiembre tienes que hacer las maletas. Este fenómeno no se produce únicamente porque se trate de segundas viviendas en las que las personas propietarias quieren veranear, sino también porque esos meses el periodo de alquiler se divide en semanas o quincenas mientras su precio se multiplica hasta por cuatro. Una realidad extendida en toda la costa.

Ese panorama da pistas del negocio de la vivienda, planteado para penalizar a quien precisa un techo y premiar a quien especula: mientras en otros países europeos la comisión de las agencias inmobiliarias recae sobre las personas arrendadoras, en España lo hace sobre las arrendatarias. La alternativa a la adquisición, el patito feo habitacional del que se decía "cómprate algo ya, que alquilar es tirar el dinero" se ha convertido en el gran negocio... tanto, que en los últimos cinco años el precio de los alquileres ha subido 30 veces más que los salarios.

Según los datos del Banco de España, desde 2013 el alquiler se ha encarecido un 50%. ¿Qué han hecho los sueldos -para las personas afortunadas que trabajan-? Han crecido un 1,6%. Las cuentas están claras, porque el precio de los alimentos también se ha incrementado y la pérdida progresiva de poder adquisitivo ha inclinado demasiado la pendiente de la vida en España.

En cuanto a la venta, en las grandes ciudades los precios se van estabilizando y no sorprende, porque las pretensiones de quienes venden ya están casi un 20% por encima de eso que llaman 'precio de mercado'. En ciudades más pequeñas, el precio de venta sigue con escaladas superiores al 7%. Por si esto no fuera poco, la banca rescatada a fondo perdido no ayuda, imponiéndonos unas hipotecas un 43% más caras que las de la zona euro.

Un despropósito que algunas Comunidades Autónomas, como Andalucía, culminan con una estafa en toda regla: En el hipotético e improbable caso de que consiga comprar una vivienda a buen precio, no lo haga por debajo de lo que considera la Junta de Andalucía, que tomando el valor catastral le aplica un coeficiente aleatorio, sin revisar el estado de la vivienda, si era necesario acometer reforma integral, etc. A pesar de existir sentencias en firme que han sacado los colores a la Junta reprobándola por tal actuación declarando su ilegalidad, el gobierno andaluz sigue estafando a la ciudadanía, ajena a esa realidad, exigiéndole los impuestos correspondientes al precio que considera oportuno.

Todo ese cóctel, sumado a la barra libre de abusos de fondos buitres, tropelías de la clase política y la inacción de quienes nos gobiernan es lo que me llevó a escribir hace algo más de un año aquella columna titulada Vivir como ratas. La situación no ha hecho más que empeorar desde entonces. ¿Cuánto más ha de pasar para que el Estado intervenga en defensa de la ciudadanía? La pregunta del millón... nunca mejor dicho.