Quien con Vox se acuesta, racista se levanta

Hay formas muy sofisticadas de excluir. No hacen falta concertinas, redadas ni grandes soflamas. A veces basta con un formulario. Una cita cancelada. Una ventanilla cerrada. Un protocolo administrativo diseñado para llegar tarde.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Madrid con el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes aprobado por el Gobierno tras años de lucha y más de 700.000 firmas recogidas en la iniciativa legislativa popular de la Plataforma Regularización YA.

Mientras miles y miles de personas intentan acogerse a una medida que puede cambiar radicalmente sus vidas; acceder a un permiso de residencia y trabajo, salir de la clandestinidad administrativa y dejar de vivir en los márgenes, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida parece haber decidido que su papel no es facilitar ese derecho, sino obstaculizarlo y prácticamente así lo anunció el pasado 16 de abril tras la entrada en vigor de la normativa. Ya se sabe que, quien con Vox se acuesta, racista se levanta.

No estamos hablando de una discrepancia política sobre política migratoria. Un alcalde o cualquier cargo público puede criticar una norma estatal, puede discrepar de su oportunidad o incluso su diseño y alcance, pero lo que no debería poder hacer es utilizar la maquinaria institucional que administra para sabotear su aplicación. Y, sin embargo, eso es precisamente lo que apuntan los hechos denunciados por la sección sindical de Servicios Sociales de CNT en el Ayuntamiento de Madrid, al menos, indiciariamente.

Desde la entrada en vigor del proceso de regularización, el acceso al certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos necesarios para muchas personas solicitantes, se ha convertido en una carrera de obstáculos en los servicios sociales municipales de Madrid. Trabajadores de Servicios Sociales sin instrucciones durante días, citas inicialmente concedidas que posteriormente fueron anuladas, procedimientos improvisados y, finalmente, la imposición de un itinerario burocrático extraordinariamente gravoso: obligar a personas en situación administrativa irregular a iniciar el trámite mediante instancia general por registro, añadiendo una barrera adicional que ralentiza, complica y en muchos casos puede frustrar por completo el acceso al certificado dentro de plazo.

No parece un error organizativo puntual. Ojalá lo fuera. El problema de fondo es que tiene demasiada coherencia.

Primero: Almeida anuncia públicamente que el Ayuntamiento no colaborará con el proceso. Después llegan instrucciones internas que cancelan lo que ya se había avanzado en distintos distritos y obligan a reiniciar trámites por una vía mucho más lenta. Finalmente, todo ello se produce en un contexto que el propio Ayuntamiento conocía perfectamente: servicios sociales saturados, listas de espera estructurales y ausencia total de refuerzos extraordinarios, pese a que la avalancha de solicitudes era perfectamente previsible desde hacía meses.

Es difícil no ver en esta secuencia algo más que mera torpeza administrativa.

Porque cuando una administración conoce que un servicio está desbordado, sabe que va a recibir una demanda masiva adicional y aun así decide no reforzarlo; cuando además introduce procedimientos más lentos que los ordinarios; cuando esas trabas afectan específicamente a población migrante en situación irregular; cuando todo ello sucede después de una declaración política explícita de “no colaboración”, la sospecha es inevitable: la burocracia ha dejado de ser un instrumento de gestión para convertirse en una herramienta de exclusión.

La derecha institucional española ha perfeccionado esta técnica. Sabe que la discriminación abierta tiene costes políticos y jurídicos. Por eso prefiere operar mediante mecanismos aparentemente neutros: requisitos, derivaciones, dilaciones, protocolos, silencios administrativos. No se niega formalmente un derecho; se dificulta tanto su ejercicio que, en la práctica, queda vacío. Ya pasó con las 7.291 personas mayores que vivían en residencias durante la pandemia y no superaron el cribado para ser derivados a hospitales.

Es una forma especialmente cínica de ejercer poder porque desplaza toda la responsabilidad hacia las víctimas. Si una persona migrante no logra regularizarse, parecerá que fue porque “no presentó bien la documentación”, “no pidió cita a tiempo”, “no siguió el procedimiento correcto”. La violencia institucional queda camuflada bajo la apariencia aséptica de la gestión administrativa y no hay nada más injusto que eso. Por eso, conviene llamar a las cosas por su nombre.

Cuando se diseñan obstáculos específicos que afectan a personas por razón de su origen o situación migratoria, no estamos ante simple mala gestión. Estamos ante una forma de discriminación institucional.

Madrid no puede convertirse en un laboratorio donde se ensaye cómo vaciar de contenido decisiones democráticas mediante sabotaje burocrático. Un ayuntamiento no está para boicotear derechos, sino para garantizarlos. Y quienes ocupan responsabilidades políticas públicas no pueden escudarse en la maraña administrativa para eludir las consecuencias de sus decisiones.

La pregunta de fondo es sencilla: ¿puede una administración utilizar deliberadamente sus procedimientos para impedir u obstaculizar que una parte de la población acceda a un derecho legalmente reconocido?

Si la respuesta es sí, entonces habremos normalizado algo muy peligroso.

La democracia también se mide en las ventanillas. Y a veces, una cita cancelada dice mucho más sobre el estado real de nuestros derechos que cualquier gran discurso institucional.

Alejandra Jacinto y Mirla Cerna, abogadas de CAES.

12 mayo 2025