El pueblo cuando quiere puede y el pueblo español quiere.

Esteban González Pons

El profesor de antropología en la Universidad de Utrecht, Ton Robben, todo un especialista en la violencia política y el trauma en la Argentina dictatorial, ponía el acento en un aspecto propio de las sociedades latinas. Éstas cuentan con una tradición cultural católica, que a diferencia de la protestante, hace especial hincapié en la separación de los ámbitos privados y públicos. Cuando los militares irrumpían secuestrando personas por las noches, en las casas de los que más tarde acabarían desapareciendo, el profesor Robben destacaba que esa ruptura emocional que violaba el espacio propio, la seguridad, la intimidad del corazón que diría Rousseau, extendía el trauma y el impacto desgarrador, ya de por sí horrible. El drama de los desahucios y la estrategia de los escraches dentro del marco de la campaña, hay vidas en juego, que impulsa la PAH para presionar a los diputados que no quieren tramitar la ILP, son tan impactantes precisamente, por girar en torno al trato de lo íntimo, también en una sociedad latina. No es casualidad entonces, que haya sido esta práctica del escrache tomada de la Argentina, la que mejor se ajusta a una situación que remueve - aunque en un contexto y grado radicalmente distinto-, sentimientos similares.

Los desahucios dejan de ser vividos de manera individual, como una penuria aislada que se sufre con vergüenza, para convertirse en un problema de carácter público y por lo tanto político. No es lo mismo interpretar la situación desde un foco individualista donde supuestas personas libres e iguales alcanzan un contrato por mutuo acuerdo, que entenderlo como el resultado de un engranaje de acumulación capitalista y un negocio, donde la emisión de crédito y endeudamiento no es una consecuencia, sino una vía de desposesión generalizada para beneficio de pocos. Que echen a la gente de sus casas arrastra una carga simbólica y emocional, que difícilmente pueda secularizarse y reducirse a una mera ejecución contractual libre de pasiones. Paradójicamente, esta violación del espacio propio únicamente toma forma a través de su publicidad y no de su ocultamiento. Sólo cuando se desobedece y el cuerpo social se separa del soberano instituido y las leyes que lo rigen, es posible hacer visible algo que de manera legal nunca se hubiera conseguido. Sin gente agarrada de los brazos parando a la ley, el Tribunal de DDHH en Estrasburgo no se habría hecho eco de la situación y por lo tanto no hubiera dictaminado sentencia contra la ley hipotecaria española.

No es casualidad por lo tanto, que cuando lo que se ataca es la intimidad, las medidas de presión ciudadana pública tomen también en consideración saltar esa misma barrera que separa lo público de lo privado. Cuando los representantes rompen el propio contrato social que ellos mismos han planteado y gobiernan para instancias no elegidas, en lugar de hacerlo para la ciudadanía que es donde reside la soberanía popular, el Congreso se convierte en una institución ajena a quien dicen representar. El choque de legitimidades entre el apoyo social al movimiento contra los desahucios y la legitimidad que emana de los poderes públicos, existe precisamente por la erosión de la segunda. González Pons, el mismo que arengaba a las hastiadas masas a rebelarse contra el paro, la crisis económica, de valores y crisis social, ha sido él mismo, objeto de la presión popular llevada a la puerta de su casa, de su intimidad, borrando esas mismas fronteras que sistemáticamente evaden las sentencias en cada desahucio.

El desahucio pasa de ser algo privado a convertirse en público, el escrache actúa a la inversa, traslada las decisiones públicas al ámbito de lo privado. Este salto cualitativo de la PAH que traslada la inquietud y el riesgo a los mismos que quieren hacer oídos sordos a la ILP, ha levantado ampollas en el gobierno y en los medios cortesanos. No han tardado en asegurar que se están cruzando las líneas rojas y en calificar estos actos como de acoso salvaje, lo cual denota su total falta de sensibilidad con el drama que vive este país. Se equivocan, las líneas rojas se cruzan en cada suicidio y la violencia se ejerce cuando la policía pagada por todos se dedica a desahuciar personas; violencia también es tener que buscar trabajo o sobrevivir la precariedad que nos condena a cobrar 700 euros. Una cacerolada, pegatinas y megáfonos para señalar a los culpables, no es acoso sino sana expansión de cultura democrática que tanta falta le hace a este país. No basta con comprender la situación que se vive, además, hay que apoyar los escraches sin miramiento alguno, porque los derechos se defienden ejerciéndolos, no siendo responsables con un régimen que es irresponsable con la población. ¡Qué el ritmo no pare!