Diez años después y con los conspiranoicos del 11-M en retirada a la velocidad que las cortas patas de sus mentiras se lo permiten, el gran interrogante que queda por resolver sobre el atentado más terrible que ha sufrido este país no es si algunos de sus promotores lograron escapar sino si pudo haberse evitado.

Los mismos cuerpos policiales que, en tiempo récord, identificaron a los primeros responsables y centraron la autoría en una célula yihadista y no en ETA –como pretendía el Gobierno del PP- ignoraron las advertencias que recibieron e hicieron gala de algo bastante parecido a la negligencia. Nada se hizo contra estos agentes, que siguieron en sus puestos como si tal cosa, pese a que algunos de esos policías y guardias civiles tuvieron como confidentes a colaboradores activos de los atentados o recibieron información sobre su radicalismo sin que movieran una sola ceja.

El escándalo se reveló en el propio juicio. Se supo entonces que Suárez Trashorras, el condenado que facilitó los explosivos a los islamistas, colaboraba con la Policía desde 2001 y estaba ‘controlado’ por un inspector de Avilés conocido como Manolón. Su perspicacia era de tal calibre que cuando el propio Trashorras le confíó que la matanza era cosa de “moritos” no le hizo ni caso.

No fue lo más sangrante. Los ‘controladores’ de Rafa Zouhier, el enlace que puso en contacto a los islamistas con Trashorras, recibieron de sus manos una muestra del explosivo que los asturianos vendían y que acabó en la basura para su reciclaje. En la sala se escuchó a los mandos de la Guardia Civil decir que su control sobre los explosivos de Mina Conchita, de donde salieron los 200 kilos que estallaron en los trenes, había sido impecable. Quien inspeccionó en 2003 el ‘hiper del cartucho’ afirmó que el “consumo real de explosivos de la mina era imposible de saber” y que su tarea se limitaba a comparar el recuento que hacía de las cajas de los polvorines con los libros semioficiosos de la explotación, y que lógicamente coincidían. ¿Que por qué siempre se usaba un número redondo de cartuchos? Gran misterio.

Otro confidente de la Policía, apodado Cartagena, el ‘imán soplón’, declaró como testigo protegido. Cuando depuso ante el tribunal disfrutaba de escolta, de una nueva identidad y cobraba un sueldo del Estado, lo que sugería que algo en serio se le tomaba. Entre algunos desvaríos –reconoció que había tenido tres psiquiatras pagados por la Policía- dijo haber dado la voz de alarma cuando uno de los autores del atentando, Serhane el Tunecino, había pedido mártires para hacer a yihad en España en una reunión en la que él mismo estaba presente. Según explicó, sus contactos policiales se enfadaron mucho y le instaron a que llamara el lunes porque era viernes y el fin de semana era sagrado.

Toda esta desidia era alimentada por una enorme escasez de medios, ya que para el Gobierno del PP el terrorismo islamista era cosa de “desiertos lejanos”, dicho sea parafraseando al estadista del bigote. ¿Es normal que una prueba clave, como la cinta en árabe encontrada en la Renault Kangoo de Alcalá de Henares, tuviera que ser confiada a un argelino que hacía prácticas en la Policía Científica porque no había traductores o “debían de estar comiendo”, como dijo el ex comisario general de Información, Jesús de la Morena?

Por supuesto, nadie de los que conformaban la cúpula policial del PP asumieron responsabilidad alguna por lo que dejaron de hacer antes del fatídico 11 de marzo, ya que el debate se centró y ha continuado durante una década en lo que sucedió después. ¿Pudo haberse evitado el atentado? La respuesta es sí.