El lehendakari, Patxi López, inició ayer con el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, su anunciada ronda de contactos con los partidos políticos vascos tras el comunicado en el que ETA anunciaba el “cese definitivo” de la violencia. El dirigente nacionalista propone que se ponga fin lo antes posible a lo que denomina “anomalías” políticas y jurídicas justificadas en los últimos años por la existencia del terrorismo. Se refiere fundamentalmente a la dispersión de los presos etarras y a la llamada Ley de Partidos. Urkullu considera también “urgente” que la izquierda abertzale “se comprometa al reconocimiento de las víctimas y del daño causado” para no caer en el “error de la desmemoria”. Horas antes, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, había admitido que “si ETA desaparece, la dispersión de presos no tiene sentido”, lo cual confirma una disposición mayoritaria a facilitar la normalización de la vida política en Euskadi. Las citadas “anomalías” no han tenido base nunca desde el punto de vista de la igualdad de derechos que establece la Constitución; fueron consensuadas por PSOE y PP como herramientas para presionar a ETA y a Batasuna hacia las vías exclusivamente pacíficas. La prudencia parece aconsejar, después de décadas de violencia, no precipitarse en la adopción de medidas a menos de un mes de las elecciones generales, pero es obvio que el Gobierno que salga elegido el 20-N tendrá que articular la paz sin “anomalías” de ningún tipo.