El del precio que se hincha cuando pagamos es uno de los #101fraudes del libro de Rubén Sánchez DEFIÉNDETE.

- ¿Cuánto cuestan los billetes para volar este fin de semana de Sevilla a Barcelona?

- Si sale el viernes en el primer vuelo y vuelve el domingo en el último, 50 euros.

- Bien, los quiero.

- ¿Va a pagarlos?

- Sí, claro.

- Entonces espere, que le digo cuánto le sube el precio.

Éste es el tipo de conversación que los pasajeros mantenemos con las compañías aéreas desde finales de los años 0 (sí, ahora estamos en los 10, que también suena rarísimo).

En 2007, las denuncias presentadas por FACUA contra veinticuatro aerolíneas y agencias de viajes que anunciaban precios inferiores a los reales tuvieron, una vez tras otra, la misma respuesta del Instituto Nacional del Consumo, que hacía como que la cosa no iba con ellos. "El INC carece de competencia en materia de control e inspección", contestaba a la par que pasaba la pelota a las autoridades autonómicas de protección al consumidor, cómodamente instaladas en el planeta Inopia.

Pero de repente, en septiembre de ese año, el INC dejó de ser incompetente (es un decir). Ante los fraudes del sector aéreo, la Comisión Europea se dirigió a los Estados miembros y les dijo algo así como “¿estudias o trabajas?”. Y los del Instituto dejaron de remolonear… un poquito. Por fin, se estrenaron en eso de controlar a las aerolíneas.

Por si acaso la actuación gubernamental no era lo suficientemente contundente (sí, lo sé, hay que tener una mente retorcida para pensar eso), en 2008 FACUA realizó una nueva investigación sobre las principales aerolíneas que operaban en España. Con ella detectó que, además de colar seguros adicionales como si fuesen obligatorios, aplicar recargos por llevar maletas y otras irregularidades varias, doce de las compañías hinchaban las tarifas anunciadas en el momento del pago, con la excusa de que los usuarios utilizaban tarjetas de débito o crédito (los ordenadores de la época carecían todavía de la famosa ranura para insertar billetes).

En este caso la ilegalidad era doble: el precio ofertado era inferior al que después se cobraba y se aplicaba un recargo no vinculado a un servicio, sino al mero hecho de pagar el billete.

Así que denunciada esta práctica, la asociación volvió a realizar un estudio similar en 2009 para ver cómo iba avanzando la cosa. Y sí, había avanzado. Se ve que el invento estaba gustando, porque ya eran al menos diecinueve las compañías que lo hacían.

Ese año, las denuncias de FACUA llevaron al INC a dirigirse a diez Estados de la UE para pedirles que instaran a las aerolíneas con sedes en sus respectivos territorios a corregir las prácticas ilegales que cometían en la venta de billetes online, entre ellas los recargos por pagar con tarjeta. Pero, ¿quién se lo exigiría a las españolas? Es más, ¿por qué las comunidades autonómas no actuaban con contundencia imponiendo las sanciones que permite la ley a todas las compañías que cometían irregularidades, fueran del país que fueran?

Según la Oficina de Comercio Justo (Office of Fair Trading) británica, sólo en 2009 los incrementos de precio por el uso de tarjetas reportaron a las aerolíneas unos ingresos extra de 300 millones de libras (unos 340 millones de euros) procedentes de los pasajeros del Reino Unido. En toda la Unión Europea, el fraude ha representado miles de millones anuales.

En julio de 2012, un exhaustivo informe elaborado por el citado organismo gubernamental en respuesta a una denuncia de la asociación de consumidores Which? supuso el principio del fin. A comienzos del año siguiente, más de una decena de aerolíneas ya habían dejado de aplicar este recargo fraudulento en los pagos con tarjetas de débito y lo redujeron en los realizados con tarjetas de crédito, ajustándolo a las comisiones que les aplican Visa, Mastercard o American Express.

Posteriormente, el Gobierno británico aprobó una norma, vigente desde abril de 2013, que advierte que las compañías sólo pueden repercutir las comisiones que les apliquen los conglomerados financieros emisores de las tarjetas; además, impone que su importe, de existir, se aclare desde el inicio de la compra del billete.

En España, a finales de 2013 Ryanair ya sólo aplicaba un recargo del 2% por pagar con tarjeta de crédito. Vueling, nada con las de débito y el 2,7% con las de crédito. Qué raro, ¿cada compañía tiene que pagar comisiones diferentes?

Pero Air Europa seguía cobrando por pagar con tarjeta de débito, 3 euros, lo mismo que al usar una de crédito. E Iberia, la cuarta aerolínea del país, había eliminado los recargos en las transacciones con tarjetas de débito pero continuaba lucrándose en muchos de los realizados con las de crédito: cobraba un fijo de 5 euros en vuelos nacionales y 8,50 euros en el resto.

Poco a poco, estamos logrando que cambien las cosas. Y algún día, cuando nos dispongamos a comprar un billete de avión, todos los pasajeros, sea cual sea la compañía, tendremos el privilegio de que nos sea revelado el gran secreto: su precio verdadero.

Eso sí, ni por asomo creas que los ingresos de las compañías que han empezado a cumplir la ley vienen sufriendo recortes ni que algún gobierno les ha obligado a devolver los miles de millones cobrados de más a los usuarios. Simplemente están teniendo que llevar a cabo lo que en la neolengua ultraliberal podríamos llamar una reestructuración ordenada de la información sobre sus tarifas.