¿Alemania sancionará con cárcel el suicidio asistido?

Fernando Pedrós

Periodista, filósofo y miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD)

A comienzos de noviembre escribía en este espacio lo fácil que fue para Britanny Maynard, joven de 28 años afectada por un tumor, señalar su fecha de muerte por suicidio asistido y llevarlo a cabo. En ese mismo mes a finales comentaba cómo el parlamento alemán tenía entre manos la cuestión del suicidio asistido. La excusa era que a un sector político molestaba que dos organizaciones suizas, Exit y Dignitas, con delegaciones en Alemania ayudaran a morir por suicidio y exigieran una prestación económica. No era de extrañar que el tema molestase o que hubiera algún médico alemán que tuviera en su haber unos cientos de muertes de este estilo. Pero ya en aquella sesión parlamentaria el ministro de Sanidad -del conservador CDU- mostró su desagrado con que el suicidio asistido fuera lícito en Alemania y quedase, por tanto, impune. La comparación del comportamiento de dos Estados -Oregón (EE UU) y Alemania- que tenían una ley permisiva con el suicidio asistido resultaba como mínimo curiosa y rara, pero todavía más lo es que el episodio de noviembre vuelva de nuevo al parlamento alemán y con más acritud.

Recientemente, según leemos en la prensa alemana, han sido registradas en el Bundestag -parlamento alemán- dos proposiciones de ley para autorizar el suicidio asistido con el fin de que se debatan en el mes de julio. A primera vista extraña un poco pues hasta ahora el suicidio asistido en Alemania es completamente impune. Pero al ver las propuestas y los datos conocidos por la prensa alemana de otros dos grupos de diputados el espacio del debate político se ensancha y va desde la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido a su legalización. Algunas posturas niegan la licitud del suicidio asistido y ponen incluso en tela de juicio la legalidad del llamado ‘turismo de la muerte’ a las sedes de Exit y Dignitas en Suiza considerando que es ‘partícipe’ del suicidio el acompañante del enfermo que acude con él. Pero en el extremo opuesto está la propuesta de Renate Künast (Los Verdes) y Petra Sitte (La Izquierda) que tienden a la legalización del “derecho a morir”.

Al parecer lo más obvio sería mantener la licitud del suicidio asistido tal como está legalmente establecido, ayudar a morir por suicidio asistido de una manera regulada y prohibir toda prestación económica, lo cual significaría que el sistema nacional de sanidad debiera tomar cartas en el asunto. Es más, la ley debe dar una seguridad jurídica a los médicos que hoy, dado el ambiente tenso en ámbitos médicos, puede ocurrir que sean removidos de sus puestos. Por ello debe existir una regulación jurídica con claras reglas de procedimiento.

Si la cuestión del suicidio asistido arrancaba del hecho de que dos delegaciones de organizaciones suizas atendían a enfermos que quieren morir, se debía mantener la impunidad del suicidio asistido sin cuestionarlo, pero prohibiendo tanto a organismos como a médicos que la ayuda al suicidio fuera repetitiva y constante sin el debido control o que tuviera una forma de prestación comercial con pago económico. Así desaparecería el comportamiento de Exit y Dignitas, y no se repetiría el caso de un médico del que se dice que ha hecho 300 asistencias al suicidio. Pero algunos partidos han aprovechado la ocasión para entrar a fondo en la cuestión. Un grupo liderado por Patrick Sensburg y Thomas Doerflinger (CDU) trabajan por la prohibición total. Según su proyecto tanto la incitación al suicidio y la ayuda son punibles con hasta cinco años de prisión, sin excepciones para médicos o familiares cercanos. Sin embargo, Los Verdes y La Izquierda proponen que el suicidio asistido se mantenga impune, si se trata de un adulto y se ha dado de manera responsable, de modo gratuito y con una cuidadosa deliberación. La postura de estos dos grupos políticos va más allá y hay que dar respuesta al ciudadano que desea morir por sufrir unas circunstancias trágicas y por ello es necesario debatir la legalización de la eutanasia como lo han hecho otros países europeos. Es más, saben que su postura y voluntad política están avaladas por la mayoría de la opinión pública alemana. Hace unos meses una encuesta preguntó a una población de 14 a 60 años si “en casos de enfermedad grave, ¿desearía tener la oportunidad de utilizar la eutanasia activa?”. El 70% de los encuestados contestó que ‘sí’. Pero esta respuesta por lo que se deja ver contrasta con los criterios y actitudes de los grandes partidos, de las iglesias y de las organizaciones profesionales médicas. Estos estamentos en Alemania -como también en otros países europeos, y en nuestro propio país- todavía ven el suicidio con una carga social peyorativa y anómica y no han sabido valorar en pleno siglo XXI el sentido del deseo de morir y la solicitud de ayuda mediante la prescripción de un medicamento o por una eutanasia.

Es incomprensible, pero real, que haya mentes políticas tan cerradas que no sepan comprender el sentido y valor de la libertad del ciudadano. De ahí que no tengan empacho en no respetar la libertad de la persona y exijan una sumisión irracional en la etapa más crítica de la vida.