Este 24 de junio se cumple un año de la acción coordinada entre la gendarmería marroquí y la Policía española en la frontera entre Nador y Melilla, que dio como resultado una auténtica matanza. La actuación de ambos cuerpos, encaminada a evitar un salto a la valla fronteriza, dio como resultado la muerte de unas cuarenta personas, otras tantas gravemente heridas, y se contabiliza que, al menos setenta permanecen desaparecidas. Es la mayor tragedia registrada en las fronteras terrestres europeas hasta la fecha. Es fundamental recordar que es imposible pedir asilo en el puesto fronterizo de Beni Enzar (Melilla) sin saltar la valla, como han denunciado ONGs, el Defensor del Pueblo y la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

El desprecio que mostraron tanto laPolicía española como la marroquí hacia las personas heridas es un ejemplo más de la mortífera necropolítica de externalización de fronteras que mantienen España y la UE, con la satrapía de Marruecos. Aunque Marruecos sea el culpable de permitir que sus agentes y cuerpos policiales violenten a las personas migrantes, la posición del Gobierno de España hacia estas personas asume, alimenta y legitima dicha violencia. No podemos olvidar que la externalización de fronteras por parte de la UE es un elemento clave de la política migratoria de la Europa Fortaleza, que cada año se salda con cientos de muertes, como recientemente hemos vuelto a comprobar con el naufragio en el Mar Jónico.

La intervención criminal marroquí del 24J fue respalda en un primer momento por el mismo presidente del Gobierno Pedro Sánchez, alabando el "trabajo coordinado entre la gendarmería marroquí y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para repeler ese asalto", e incluso catalogándolo como un "asalto organizado y violento" por parte de las personas migrantes. Este indignante apoyo político por parte de Sánchez a la matanza de Melilla ha sido defendido a capa y espada por su ministro del Interior, Grande Marlaska, tanto en los medios como en sede parlamentaria. Todo ello pesar de la difusión internacional de imágenes en las que se veía a personas siendo apaleadas hasta la muerte, o cuerpos agonizando mientras se les negaba un derecho tan básico como el socorro. Las pruebas visuales constataban además la entrada de gendarmes marroquíes en suelo español para acometer decenas de devoluciones en caliente, y la evidencia de que algunas de las muertes se producían en territorio español, como demostró la investigación de Lighthouse Reports (LHR).

Ninguna de las imágenes, evidencias y pruebas han tenido consecuencias políticas o penales, lo que refleja sin duda la impunidad de la necropolítica fronteriza en la UE. Paradójicamente, los únicos condenados por la matanza de Melilla han sido sus propias víctimas, los más de ochenta migrantes detenidos en la región de Nador tras el salto, que han pagado con condenas de prisión el supuesto delito de entrada irregular. Estas condenas se han utilizado además para justificar la versión oficial que defendió el gobierno español, con Sánchez a la cabeza, de que se trataba de un salto violento organizado por las mafias para atacar la integridad territorial española. Un lenguaje bélico escogido con cuidado para poder justificar la respuesta hostil, violenta e ilegal a ese salto, más propia de una guerra que de un conflicto humanitario. Las palabras nunca son neutrales.

No en balde, esos mismos que utilizan términos como “invasión” o “ataque a la integridad territorial española”, para estigmatizar y criminalizar a las personas migrantes, son quienes aplauden el neocolonialismo de las multinacionales europeas en África, que esquilman recursos y acaban con las formas tradicionales de economía y subsistencia, provocando así un auténtico éxodo migratorio como efecto boomerang.

La matanza en Melilla ha configurado además una nueva etapa en las relaciones entre España y Marruecos, establecida después de que el Gobierno español respaldara públicamente la propuesta de la autocracia marroquí sobre el régimen de autonomía para el Sáhara. Este respaldo abala la ocupación del Sahara occidental por parte de Marruecos y modifica la tradicional postura de equidistancia española sobre el conflicto, que defendía “una solución política, justa, duradera y mutuamente acordada en el marco de Naciones Unidas”. Así, el Gobierno español vendía una vez más al pueblo saharaui para asegurarse que Marruecos siguiera haciendo de matón en las fronteras europeas. Una sumisión a la satrapía marroquí que se volvió a corroborar cuando las eurodiputadas y los eurodiputados socialistas españoles (en contra de la opinión de la totalidad de su grupo parlamentario europeo) votaron en contra de la resolución del Parlamento europeo sobre la vulneración de los derechos humanos en Marruecos.

Esta política migratoria y connivencia con el Gobierno marroquí por parte de Sánchez no ha tenido nada que envidiar en racismo y xenofobia a los gobiernos ultraderechistas europeos. Así lo reconocía el mismo presidente español al afirmar sin tapujos la sintonía en políticas migratorias que le une a la neofascista italiana Georgia Meloni, con la que aseguró querer trabajar el nuevo pacto de política migratoria europea. De hecho, no es casualidad que cuando Marlaska participó en el Parlamento Europeo para dar explicaciones sobre la matanza de Melilla, quienes le aplaudieron y apoyaron fueron, precisamente, los y las representantes de la extrema derecha. Una muestra más de que, al final, la necropolítica migratoria es un consenso entre los diferentes gobiernos europeos indistintamente de su signo político.

Se trata en definitiva de unas políticas migratorias que determinan quienes tienen derecho a tener derechos y quienes son tratados como “humanidad superflua”. Qué mejor muestra de ello que la actitud ante el naufragio de cinco millonarios en un viaje recreativo, con su respectivo despliegue de medios y cobertura mediática, en comparación con el naufragio de setecientas personas, cien de ellas menores de edad, en el Mar Jónico, mientras intentaban llegar a Europa. Esto se llama racismo estructural.

En estos tiempos electorales, cuando el fantasma de un gobierno reaccionario de la derecha con la ultraderecha amenaza nuestros derechos más básicos, la mejor forma de neutralizar su ascenso es dejar de comprar su agenda y políticas xenófobas. Tenemos que comprender que defendiendo el derecho a tener derecho de las personas migrantes, estaremos defendiendo nuestros propios derechos. No es una cuestión de solidaridad, sino de apoyo mutuo. Acabar con la impunidad de la necropolítica migratoria y conseguir que la matanza del 24J en Melilla tenga responsabilidades políticas y judiciales también es un camino para frenar las políticas del odio, las practique Vox, o Marlaska.