Es tan cierto como obvio que la atleta Marta Domínguez es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Como cualquier ciudadano en este país, sea atleta o albañil, militante del PP o del PSOE. También es cierto y obvio que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no actúa por deporte, sino a las órdenes y bajo el control de la autoridad judicial, en este caso el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid. La detención de la campeona del mundo de 3.000 metros obstáculos se produjo ayer después de un registro en su domicilio que derivó en la acusación de suministrar a otros atletas productos prohibidos. Esa misma acusación pesa sobre otros arrestados entre los que figuran el entrenador más laureado del atletismo español, Manuel Pascua, y el doctor Eufemiano Fuentes, ya conocido por su relación con el dopaje de ciclistas. A Marta Domínguez, por tanto, no le vale la extravagancia de decir que comía chuletones extraños, como hizo Contador. Aquí no se trata ya de consumo sino de tráfico de productos dopantes, un delito que conlleva responsabilidades penales.

Además, Domínguez es vicepresidenta de la Federación Española de Atletismo, en cuya cúpula también trabaja Pascua. De modo que este nuevo escándalo de dopaje no sólo significa un golpe nefasto para la imagen del deporte español, sino que toca de lleno algunas de esas opacas y endogámicas estructuras que una afición entregada y tantos atletas honestos no se merecen.