El Roto dibuja un magistrado con su toga roja diciendo “No es conveniente que la gente crea que se hace justicia, podrían albergar esperanzas”. Perfecta definición del estado de nuestra justicia.

Lo mismo deben decir los diputados y las diputadas que están ahora reunidos, en largas sesiones de horas de trabajo, en la Subcomisión sobre la Violencia de Género, que debe parir, después de una gestación de seis meses, el Pacto de Estado sobre la Violencia contra las mujeres. “No es conveniente que las mujeres crean que se legisla a favor de su protección, podrían albergar esperanzas”.

Por las noticias que recibo –ninguno de los partidos políticos que participan me han concedido el honor de ser invitada a esa Subcomisión- esos diputados van a otorgar una pensión de 677 euros a los huérfanos de la violencia machista. Y son buenos. Como el que lucha un día, según el poema de Bertold Brecht.

Ciertamente era una carencia importante en nuestro Estado del Bienestar y, como afirmaba orgullosamente Ángeles Álvarez del PSOE, “ningún diputado puede negarse a aprobarlo”. Y ciertamente ya era hora, después de que doce años más tarde de promulgada la excelsa Ley de Violencia de Género haya más de 500 niños y niñas huérfanos porque el padre mató a su madre. Huérfanos que en caso de que no existan familiares que deseen ocuparse de ellos pueden acabar en un Centro de Acogida, donde no se sabe qué les pasará.

Ciertamente es bueno que la abuela o la tía o la hermana que se haga cargo de los nietos, las sobrinas o las hermanas arrancadas bruscamente del amparo materno, reciban alguna ayuda económica de nuestro protector Estado, para que además de soportar el duelo de la hija, la sobrina o la hermana, no tengan que mendigar o prostituirse para darles de comer.

Ese protector Estado, ahora más bueno que nunca, que fue incapaz de impedir que esos niños se quedaran huérfanos. Las estadísticas oficiales dicen que el 30% de las asesinadas por el “compañero” tenían orden de alejamiento, a veces varias. Nadie nos ha explicado de qué forma pretende ese Estado hacer cumplir las órdenes de alejamiento y de protección que a veces, generosamente, conceden los juzgados.

Cientos de denuncias no se tramitan porque las fuerzas de Seguridad del Estado no consideran importante la declaración de la víctima, aunque unas horas o unos días después se encuentre el cadáver. Miles de denuncias se archivan sin más trámite porque el juez no considera que lo allí relatado constituya delito: al fin y al cabo un momento de mal humor lo tiene cualquiera. Nadie nos ha explicado cómo se asegurará que la policía proceda a citar inmediatamente al denunciado. Ni si se eliminará definitivamente el “privilegio” que tiene la mujer de no ratificar la denuncia o de retirarla, que deriva de la legislación decimonónica, más preocupada por “salvar el matrimonio” que de proteger a la mujer.

Los diputados y las diputadas que estudian esforzadamente ese Pacto de Estado que hará historia, tampoco nos explican qué y cómo se tomarán esas medidas. La modificación del Código Penal y de la Ley de Violencia de Género, que el Partido Feminista lleva reclamando 10 años no entra en los propósitos de esa ilustre Subcomisión. Sobre todo porque los partidos que la aprobaron están orgullosos de su perfección y de ninguna manera cederán a reconocer su fracaso. No sé si la única conclusión a que llegarán será esta limosna que otorgan a los desgraciados hijos e hijas de las asesinadas, pero parece muy probable que no aprobarán aquellas modificaciones imprescindibles para prevenir el delito y perseguir a los delincuentes:

Incluir en la protección debida a todas las mujeres, sin esa ridícula y sectaria clasificación entre género y mujer; invertir la carga de la prueba; imponer la orden de alejamiento inmediatamente después de comprobar las primeras lesiones; prohibir las visitas y la custodia de los menores a un padre maltratador –varios asesinatos de niños y niñas se han cometido durante el cumplimiento del régimen de visitas-, internar en prisión preventiva a los sospechosos de maltrato, como se hace con los terroristas; hacer cumplir las penas íntegras a los culpables, sin los beneficios de la suspensión, entre otras y fundamentales reformas de una ley que ya ha demostrado sobradamente su ineficacia.

Todo se ha reducido a conceder algunas ayudas económicas a los supervivientes, haciendo bueno el axioma capitalista de que todo tiene un precio. Es evidente que para los diputados las mujeres son muy baratas, aunque resulte bastante más caro enterrar a una cada tres días.

Me permito augurar que esa Subcomisión concluirá en un brindis al sol y se habrá frustrado hasta dentro de una década la oportunidad de avanzar en la protección y la prevención de los tantos delitos de maltrato, feminicidios, violaciones, abusos sexuales, que padecen las mujeres y los menores en nuestro país.

El año que viene volveremos a contar las muertas y los huérfanos y nos doleremos de que no se haya avanzado en la erradicación de esa masacre.

Menos mal que los huérfanos ahora tendrán una pensión. Sabemos ya lo que vale cada madre asesinada. Las que no tengan hijos no valen nada.