Opinión
Canarias estrena ley de muerte digna
Por Estación Término
Fernando Pedrós
Periodista, filósofo y miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD)
El Pleno del Parlamento de Canarias, en sesión del día 27 pasado ha aprobado la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida y dos días más tarde el texto legal ha sido publicado en el Boletín Oficial del Parlamento. Dentro, pues, de tres meses entrará en vigor y los canarios podrán exigir su autonomía y sus derechos en el proceso de morir. Habrá que esperar que el ciudadano y los médicos sean informados y formados debidamente para exigir sus derechos y obligaciones y la ley no se quede dormida en las páginas del boletín oficial.
El debate de la ley ha ido a buen ritmo y no solamente quedan legalmente garantizados los derechos de los pacientes en situación terminal sino que, además, se superará la inseguridad que sufren muchos médicos.
En comentarios posteriores podremos detenernos en algunos aspectos de interés en la nueva ley, pero no quiero pasar de corrida un episodio ocurrido en el debate parlamentario. La diputada del grupo Popular Mercedes Roldós cuestionó tanto el esfuerzo de hacer esta ley cuando existen leyes generales que atañen a la autonomía del paciente y, además, exigió borrar del texto legal las referencias a la eutanasia que se hacen en el preámbulo.
Parece ser que el término eutanasia es impronunciable, es ‘mencionar la bicha’ y no por superstición sino porque a los populares les da miedo la autonomía ‘plena’ del paciente y toda mención de la eutanasia les da la impresión de que se da luz a su llegada. Es, en mi opinión, un miedo dogmático a que la eutanasia se abra camino en la sociedad sin caer en la cuenta de que la sociedad española va por delante de los grandes partidos que se sientan en los parlamentos. Durante uno de los gobiernos de Aznar se abrió en el Senado una comisión de estudio de las conductas eutanásicas, hubo participación de diversos expertos, pero, como era una comisión creada a regañadientes y por la fuerza de la oposición, no interesaba demasiado al PP y al ser nombrada Esperanza Aguirre presidenta del Senado se dio carpetazo al tema y se cerró la comisión. Y desde entonces, cuando algún grupo de izquierda ha despertado a la ‘bicha’ en el Congreso (creo que han sido cerca de diez veces) pidiendo con una propuesta de reforma o que al menos invitando a que se empiece a hablar, los partidos mayoritarios -PP y PSOE- la han dejado en estado de hibernación. Es la cómoda postura del silencio, que no se hable, como mejor manera de enterrar una cuestión que reclaman los ciudadanos.
La sociedad situada ideológica y políticamente a la derecha ha caminado en cuestión de derechos civiles más allá de las líneas rojas que les marcan algunos partidos políticos como el PP. Quizás a esta población no le preocupen las líneas y pautas de actuación política que marca la ley de seguridad ciudadana, o la normativa de las CIEs, pero han mostrado un interés más abierto que la propuesta dogmática de la pretendida reforma superconservadora de la ley del aborto vigente, reforma que fue retrasándose hasta que ya fuera del plazo que el mismo ministro Galardón puso le obligó a abandonar su silla en el Consejo de Ministros. Está visto que en el PP hay una buena proporción de afiliados y de votantes que representan una derecha más civilizada que los que se sientan en el gobierno y en el aparato del partido. Eso mismo se deduce también de la encuesta de opinión de la ciudadanía respecto a la eutanasia. Mientras que el gobierno y sus diputados no transigen ni siquiera la mención de la eutanasia ni para decir que la cuestión eutanásica no entra en el texto del proyecto, un sector de población votante a los populares reclama una ley de eutanasia. Si en la encuesta del CIS tres cuartas partes de la población encuestada pedía una ley legalizadora de la opción de la eutanasia, difícilmente ese amplio porcentaje se cubre con la población votante de UPyD hacia la izquierda. En esa amplia franja de proeutanásicos hay bastantes, muchos votantes de Rajoy. Pero el PP sigue con su etiqueta del ‘no a la eutanasia’ de Aznar, de Rajoy, de González Pons, de Celia Villalobos… Por lo que se ve la diputada autonómica canaria, sra. Roldós, no había pensado que una buena parte de su población votante se le escapaba del corralito de la moral de su partido.