RAMÓN COTARELO

Prácticamente está todo dicho acerca de las consecuencias de una posible sentencia del Tribunal Constitucional sensiblemente restrictiva del Estatut, entendiendo por tal la que desvirtúe principios simbólicos o restrinja competencias estratégicas.

De un lado, casi todas las fuerzas políticas catalanas, excepción hecha del Partido Popular, Ciutadans y, con matices, Unió Democratica de Catalunya, preanuncian beligerancia en caso de una sentencia restrictiva; de otro, casi todas las fuerzas políticas españolas, pretendiendo despolitizar el conflicto, repiten que las sentencias de los tribunales se acatan y se cumplen. Pero es que el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial ordinario, sino un ente político y como tal –especialmente en este caso, en el que se ha dado todo tipo de episodios de fondo partidista– está sometido a los vaivenes políticos.

Venir a pedir ahora acatamiento incondicional frente a las decisiones de un órgano que tiene fuertes déficits de legitimidad y que lo hagan precisamente aquellas fuerzas que más lo han maltratado no deja de ser un ejercicio de hipocresía o de cinismo. No debe olvidarse que la reforma en curso del Estatut se inició porque había un acuerdo general en que Catalunya debía acceder a mayores cotas de autogobierno por la vía legal tras el agotamiento del Estatut de Sau. Carece de sentido enfrentarse a la nueva redacción con un rasero puesto en el nivel de autogobierno del Estatut anterior cuando en otros estatutos se ha alzado sensiblemente.

Los catalanes hacen bien levantando la voz y con ella otras debieran hacerlo, empezando por la del partido del Gobierno, que comenzó la reforma estatutaria como un bravo San Jorge y quiere terminarla como un escurridizo Poncio Pilato. El PSC tiene que recordar a los magistrados de ese órgano político que es deber del Tribunal Constitucional –quizá hoy su último deber– atender al complejo equilibrio constitucional de la España de las autonomías y al autonómico de la España constitucional. Aunque no sea más que porque parte esencial del mérito en levantarlo fue de ese mismo Tribunal en tiempos mejores.

Las cosas han ido por donde han ido y el Tribunal Constitucional está muy tocado. Es bastante posible que sea preciso cambiarlo en profundidad –incluida la reforma constitucional– si se quiere que sobreviva a este tifón provocado porque el estatuto en reforma es el catalán, en el que se quiere hacer un escarmiento para mostrar al impertinente nacionalismo que el irredentismo tiene un límite infranqueable.

Carece de sentido provocar un enfrentamiento por asuntos que, en muy buena medida, son retóricos o tienen precedentes o, simplemente, están regulados de forma análoga en otros estatutos. Lo que podía faltarnos es que, tras años de escuchar que Catalunya estaba siendo objeto de trato privilegiado con agravio comparativo para los demás, nos encontráramos con que es objeto de un trato discriminatorio negativo con agravio comparativo para los catalanes por haber ido por la vía estrictamente legal de reforma del Estatut sin inventarse aventuras

soberanistas.

Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas