Científicos públicos como 'free-lance'

MARÍA ÁNGELES DURÁN // DE PUERTAS ADENTRO

* Profesora de investigación del CSIC

Un dilema que tienen que resolver las organizaciones científicas es el grado de seguridad que ofrecen a sus investigadores; en el salario, en las condiciones de trabajo, en la posibilidad de mejorar y en la garantía de recursos financieros y organizativos para llevar adelante sus proyectos. Cuando los investigadores sufren inseguridad, no pueden dedicarse a proyectos a medio y largo plazo, y parte de su esfuerzo se desvía de las tareas cotidianas. Tienen que buscarse un hueco en otras instituciones o en nuevos campos de investigación más prometedores, por lo que la fidelidad a la institución anfitriona y a los equipos de trabajo se debilitan. Al contrario, cuando la seguridad es muy alta, parte del acicate para desempeñar bien las tareas desaparece. No hay estímulo a la dedicación extraordinaria, ni a asumir riesgos innovadores, porque el precio de la seguridad es que tanto los premios como los castigos se reducen a niveles mínimos.

En las instituciones científicas españolas, principalmente el CSIC y las universidades, la seguridad es un recurso que se distribuye desigualmente. Los jóvenes pasan muchos años sin alcanzar la seguridad laboral, en tanto que los investigadores ya estabilizados tienen ante sí un puesto de trabajo seguro, pero de perfil casi plano en cuanto a promoción y recompensas económicas. Los incentivos a la actividad investigadora de excelencia, llamados sexenios, sólo pueden solicitarse cada seis años y su cuantía económica es tan modesta que valen más por lo que niegan (el descrédito de no conseguirlos) que por lo que dan.

Los centros de investigación españoles no poseen fondos propios para desarrollar sus líneas de investigación; agrupados en equipos, los investigadores compiten constantemente para obtener financiación de otras instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales. Algunas convocatorias públicas son periódicas y estables, pero otras no. Muchos proyectos tienen plazos de ejecución de uno o dos años y escasean los de duración superior a tres, por lo que los equipos se arriesgan a periodos sin cobertura entre el fin de un proyecto y el comienzo de uno nuevo. Para defenderse de este riesgo, superponen varios proyectos, igual que hacen otros profesionales en otros campos.

Las reglas que marcan las entidades convocantes a menudo no coinciden del todo con las propias de las universidades y centros de investigación; y en ese esfuerzo por conciliar burocracias diversas se esfuma buena parte de la creatividad y el trabajo que debiera dedicarse a la propia investigación. En este sentido y aunque tengan los salarios garantizados, los investigadores son free-lance, profesionales que han de conseguir por sí mismos la financiación de su trabajo y el de sus equipos.