La presidenta de la Comisión Europea anunció ayer su propuesta para hacer frente a la reconstrucción de las economías europeas tras la crisis de la Covid-19.

Según los documentos que se hicieron públicos, lo que persigue la Comisión es "reparar el daño de la crisis y preparar un futuro mejor para la próxima generación", pero los propios términos utilizados y la naturaleza de las medidas adoptadas indican que lo que se puede conseguir con ese plan es algo muy distinto lo que se dice.

Por un lado, dedicar recursos a un plan de reconstrucción implica dar por hecho que se va a producir la destrucción de una parte importante de las economías europeas (de modo desigual, como indicaré enseguida), algo que se podía haber evitado. Y, por otro, provocar un incremento innecesario de deuda es una forma bastante peculiar de dejar un futuro mejor a la siguiente generación.

Lo que ha propuesto la Comisión Europea es lo previamente acordado entre Alemania y Francia (500.000 millones de euros entre subvenciones y préstamos) más otros 250.000 millones adicionales, aunque modificando el reparto, de modo que ahora el medio billón de euros sería en subvenciones no reembolsables y el resto en préstamos a devolver en 20 años.

Lo primero que hay que señalar es que, si bien lo lógico es que se haya negociado ya bastante, la propuesta de la Comisión no es definitiva pues debe aprobara el Consejo Europeo, por unanimidad, y el Parlamento. Sería un milagro que su expresión final fuese exactamente la de ahora.

La propuesta se basa en un análisis que muestra el efecto "devastador" que tiene el confinamiento en las diferentes economías europeas:

• Entre el 25% y el 35% de las empresas, o entre el 35% y el 50% en un escenario adverso, tendrán un déficit de financiación a finales de año de entre 350.000 millones y 500.000 millones de euros, en el mejor escenario, o de entre 650.000 millones y 900.000 millones en el peor.

• La caída estimada de la inversión privada será de 846.000 millones de euros en 2020 y 2021.

• Las pérdidas que sufrirán las empresas serán de 720.000 millones de euros en el mejor escenario o 1,2 billones en el peor escenario.

• Se perderán entre 25 y 35 millones de empleos.

• Como consecuencia de las medidas que han tenido que adoptar, los gobiernos verán aumentar sus compromisos de financiación de 2020 y 2021 en 1,7 billones de euros.

• A esos daños, la Comisión suma el coste de otros proyectos previos para la transición verde y digital que tenían un valor de 1,19 billones en los dos próximos años.

Los documentos presentados ayer tratan de demostrar que la propuesta de la Comisión es ajustada y realista, pero sus propios datos (como los que acabo de mencionar) y la realidad que ya estamos contemplando a nuestro alrededor me llevan a pensar que se trata de una propuesta que no será capaz de evitar fracturas muy serias en la economía y la sociedad de los diferentes países miembros de la Unión Europea.

El plan de reconstrucción de la Comisión moviliza una cantidad de recursos muy inferior al daño que se ha producido en las economías. Si se me permite la comparación, actúa como un médico que ante el peligro de muerte de su paciente se propusiera salvarle en parte la vida, sólo en cierta medida. El plan no evita que los Estados tengan que hacer frente a una factura adicional muy elevada que va a debilitar sus economía en los próximos años. Como comenté en un artículo anterior (Alemania y Francia salen de caza), el Parlamento Europeo había reclamado un fondo de recuperación de 2 billones de euros (2,6 veces más cuantioso que el propuesto por la Comisión) y España uno de 1,5 billones, el doble. No se trata de pedir que unos países paguen las facturas de otros sino de lo irracional que resulta haber construido una unión que sólo contempla el "sálvese quien pueda" ante una situación de emergencia extraordinaria.

La respuesta que da la Unión Europea (incluyendo lo ya aprobado antes para hacer frente a los subsidios al empleo, a los gastos sanitarios o para conceder avales a las empresas) no evita, como he dicho, la recesión, la destrucción de buena parte de las economías. Es una ayuda a posteriori del desastre, cuando podía haberse evitado que los países más afectados y con menos capacidad de maniobra sufran el deterioro tan grande que van a sufrir y del que será casi imposible que salgan sin padecer en los próximos tiempos una crisis de deuda.

Como muchos economistas venimos señalando, el haber dejado que cada país se arregle como haya podido a través de su política fiscal, cuando cada uno está en una condición muy diferente, va a dar lugar a situaciones de salida muy desiguales que van a incrementar extraordinariamente la divergencia y el equilibrio que se supone que son incompatibles con un mercado único. Los datos de las ayudas que los Estados están dando a sus empresas son elocuentes: la economía alemana es cuatro veces más grande que la española y les ha dado 33 veces más dinero en ayudas.

Una problema añadido de la ayuda que contempla el Plan de reconstrucción de la Comisión es la condicionalidad. Yo defiendo que las subvenciones que conceda la Unión Europea y las que ahora se contemplan se proporcionen con condiciones. Es algo consustancial a formar parte de un club o de cualquier tipo de grupo o asociación. El problema, por tanto, no es que las subvenciones y préstamos que contempla este plan de reconstrucción estén condicionados a la adopción de políticas comunes. La cuestión estriba en que las condiciones que siempre plantea la Unión Europea son muy contrarias a lo que se necesita que se den en un mercado único.

Lo explicaré muy rápidamente: se impone que no haya países con grandes desequilibrios presupuestarios porque eso puede dar lugar a costes de financiación que repercutan negativamente sobre los demás. Pero nunca se habla de establecer condiciones para evitar los efectos negativos que tiene el excedente y la deflación salarial que registran permanentemente otros países. Si lo que de verdad se quiere es que el mercado único funcione correctamente (y mucho más una zona monetaria) tan obligados son los ajustes presupuestarios impuestos a países como Italia, España, Grecia o Portugal, como los que debieran suponer aumentos salariales en Alemania, por ejemplo. Al establecer condiciones sólo en uno de los casos que producen desequilibrio lo que se provoca es la amplificación de la divergencia: se frena sólo a una parte de las economías "desequilibradas".

Como también señalé al principio, otro grave defecto de la propuesta de la Comisión es que se basa en el incremento continuado de la deuda en beneficio exclusivo de la banca privada. Según los datos de Eurostat, los diferentes países e la Unión Europea pagaron 292.778 millones de euros en intereses en 2018 (sólo los de eurozona, 193.000 millones de euros en 2019) y desde 2001 han pagado por ese solo concepto unos 6 billones de euros. Hay que decirlo claramente: ese es un dinero que se le está robando a la ciudadanía europea para dárselo a la banca privada. El Banco Central Europeo podría haber financiado el gasto de los países de la UE sin necesidad de generar ese despilfarro de dinero. Y ahora, para hacer frente a la emergencia sanitaria se produce de nuevo ese robo: en lugar de establecerse un mecanismo de financiación todo lo riguroso y condicionado que fuese necesario pero inmediato, gratuito, destinado directamente a las empresas y hogares y que hubiera ido acompañado de una reducción global de la deuda, se recurre a otro que provoca un endeudamiento adicional del que será muy difícil que economías como la italiana o la española salgan sin daños económicos y sociales gravísimos y permanentes.

Y no hay que olvidar que ni siquiera se puede considerar que todo el dinero del Plan de reconstrucción va a ir a las economías porque los documentos contemplan que, además de con deuda, tendrá que financiarse con mayor contribución de los Estados y con recortes de otros programas, además de con nuevos impuestos.

En fin, la propuesta de la Comisión será muy posiblemente la que, con modificaciones a peor para lograr el voto de países como Holanda o Austria, se apruebe en el Consejo Europeo. Es insuficiente como demuestra que sea tan inferior a la reclamada por el propio Parlamento (aunque este seguramente comulgará otra vez con ruedas de molino cuando la apruebe), insolidaria porque deja caer a países miembros que han sufrido en mayor medida los efectos de la pandemia, irresponsable e insostenible porque aumenta la deuda y no evita la crisis que por esta razón van a sufrir países como Italia o España, será posiblemente contraproducente si va a acompañada de condiciones que frenen todavía más a las economías de por sí más necesitadas de estímulo y completamente ajena a las propuestas laborales, fiscales y financiera más innovadoras y progresistas que se están tomando en otros países.

No cabe duda de que esta propuesta de la Comisión sería una auténtica revolución en tiempos de normalidad, pero valorarla como tal cuando estamos en condiciones extraordinarias es completamente ingenuo. Si se tiene en cuenta la situación real en la que nos encontramos, la conclusión es que Europa, lamentablemente, vuelve a no estar a la altura de las circunstancias.

Hablemos claro. Lo que se ha planteado la Comisión es lo mismo que se está planteando en todos los países miembros de la Unión Europea. Una circunstancia imprevista como la pandemia genera una crisis nunca vivida y que inevitablemente obliga a movilizar una cantidad de dinero nunca dispuesta hasta ahora. Como es lógico, esos recursos se pueden utilizar de un modo u otro, en beneficio de intereses muy diferentes. La lucha que se está librando en toda Europa, y en algunos países donde hay gobiernos progresistas como en España con mucha virulencia, a brazo partido y sin miramientos, es por orientar todo ese dinero hacia un lado u otro. La Comisión ha optado por lo que cabía esperar, dada su composición y la influencia que los grandes grupos industriales tienen sobre quienes toman sus decisiones: con el plan que propone alimenta con privilegio a los peces gordos, a las naciones más fuertes frente a las más débiles de la periferia, a las grandes corporaciones frente a las pequeñas y medianas empresas y a la iniciativa privada frente al interés colectivo.