Franquismo puro. Los siete fundadores de Alianza Popular (AP), Manuel Fraga (Reforma Democrática), Cruz Martínez Esteruela (Unión del Pueblo Español), Federico Silva (Acción Democrática Española), Licinio de la Fuente (Democracia Social), Laureano López Rodó (Acción Regional), Enrique Thomas de Carranza (Unión Social Popular) y Gonzalo Fernández de la Mora (Unión Nacional Española), fueron ministros de Franco en distintos momentos. Fraga llegó a ser incluso vicepresidente y ministro de Gobernación después de que sentara sus santas posaderas en el Ministerio de Información y Turismo.

Seguro que ese pasado sociológicamente tan franquista sigue condicionando al principal partido de la derecha española, AP entre 1976 y 1989, y Partido Popular (PP) entre 1989 y la actualidad, que desde siempre ha ido a contramano del progreso democrático y de los derechos civiles.

Aunque Fraga fue uno de los padres de la Constitución, cinco de los 16 diputados de AP, Gonzalo Fernández de la Mora, Federico Silva, Alberto Jarabo, José Martínez Emperador y Pedro de Mendizábal (los dos primeros, fundadores de la cosa), votaron en contra de la Carta Magna. Y un sexto, Álvaro Lapuerta, tesorero en tiempos de Bárcenas, se abstuvo.

El mismo Fraga, que lógicamente votó a favor, no pudo contenerse y la criticó: “La referencia a la palabra ´nacionalidades’ por no entenderla compatible con el principio de unidad de la Nación o de la nacionalidad española”. Pero a la vez reconoció que “instituciones claras de la democracia semidirecta, como el voto popular y el referéndum, habían quedado inoportuna e indebidamente recortados”. En misa y repicando.

En 1980, a propósito de la Ley del Divorcio, AP votó en contra. Fraga, que se opuso a la inclusión de este derecho en la Constitución, explicó la posición de su partido con la vehemencia que le caracterizaba: “Vamos a defender el matrimonio religioso de cualquier ataque, seguros de la actitud de la Iglesia, custodia de la moral cristiana”.

En 1983, AP votó en contra de la Ley del Aborto y la recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC). Tres años más tarde, cuando el Gobierno de Felipe González la recompuso tras la sentencia del TC, José María Ruiz-Gallardón, portavoz de la formación de derechas, dejó claro el sentido del voto de su partido: “No somos partidarios de la despenalización del aborto en ningún supuesto”.

En 2005, refundado AP como PP a finales de los ochenta, sin apenas restos del franquismo fundacional, el PP votó en contra del matrimonio homosexual y lo recurrió ante el TC.

Mariano Rajoy, presidente de los populares en esos días, se justificó de la siguiente forma: “Una institución entre un hombre y una mujer para la procreación. Eso es y siempre ha sido el matrimonio”. Y se extendió: “Yo no tengo nada claro que un niño se eduque mejor, viva mejor en un matrimonio o en una unión de homosexuales que un niño tenga un padre y una madre. Yo no puedo estar de acuerdo”.

En virtud del Pacto Antiterrorista que suscribieron en 2000 el presidente del Gobierno entonces, el popular José María Aznar, y el líder de la oposición, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y que dejaba claro que el terrorismo era un asunto de Estado y que correspondía al Ejecutivo dirigir la lucha contra esta lacra, el Congreso de los Diputados autorizó el 18 de mayo de 2005 al Gobierno, con Zapatero como presidente, a dialogar con ETA sin condiciones políticas y siempre que la banda abandonara las armas. Por supuesto, el PP votó en contra.

Durante los seis años que duró el proceso hasta que el 20 de octubre de 2011 ETA declaró el cese definitivo de la actividad armada, el PP y la caverna mediática que siempre le ha acompañado en todos sus desbarres fueron inmisericordes con el Gobierno de Zapatero. En Las mil frases feroces de la derecha de la caverna, del maestro José María Izquierdo. “¿Hay que creer a ETA?. Déjenme decírselo de esta manera: hay que creerla más que al Gobierno Zapatero”, reflexionaba José María Carrascal en Abc. En el mismo periódico, Ignacio Camacho iba más allá: “Toda la historia de la negociación zapaterista con ETA no es más que el relato de una hedionda bajeza moral y de una despreciable basura política. Un empeño viciado y poco honorable, urdido con mentalidad claudicante, desarrollado con estrepitosa incompetencia y saldado con un deplorable fracaso”.

En el libro El fin de ETA, de José María Izquierdo y Luis R. Aizpeolea (otro maestro de periodistas), se demuestra que la derecha ha malversado el relato del proceso de paz y ha dejado heridas que solo se explican en el regateo político.

Tal como destacó Iñaki Gabilondo en la presentación del libro, “resulta canalla que el PP niegue la negociación del PSOE de Zapatero y que dijera que España se había vendido a ETA”. “Es un insulto a la inteligencia”, sentenció.

Ahora, bajo el Gobierno PSOE-Podemos de Pedro Sánchez, el PP, con Pablo Casado al frente, sigue haciendo gala de un negacionismo político que a veces roza más el golpismo que la deslealtad.

Rechazó total a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con excusas de mal pagador –ayer por Podemos, hoy por los indultos-, palos en la rueda durante toda la pandemia por puro electoralismo, estrategias para perjudicar iniciativas nacionales en la UE y quintacolumnismo sin pudor en la crisis con Marruecos.

Y en los días que corren, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez quiere intentar arreglar el problema catalán por la vía del indulto y el diálogo –y garantizar la unidad de España., el PP vuelve a la casilla de salida, al tremendismo, al España se rompe, al desbarre de “España es a partir de ahora (otra vez) una colonia de los nacionalistas catalanes”, así clamaba la caverna en 2010 y así se alinea ya para otra foto de Colón.

A contracorriente del progreso democrático y de los derechos civiles, ignorando los asuntos de Estado cuando es oposición, exigiéndolos cuando está en el Gobierno, siempre con la misma estrategia, excepto en la lucha contra la corrupción. Ahí espera que los policías patrióticos y los jueces indulgentes decreten pelillos a la mar sobre los más de 260 casos de corrupción, desde Gürtel a Kitchen, pasando por Púnica o Bárcenas, que constan en el expediente de ‘manos limpias’ del PP desde que siete renombrados franquistas lo pusieran en el mercado persa.

Pablo Casado guarda silencio sobre el último manchón en el expediente en Casa Génova: la imputación de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su señor esposo por el espionaje a Luis Bárcenas. Y sus medios afines, que encumbraron, por ejemplo, a Rodrigo Rato como ‘padre del milagro económico español’, le aplauden con las orejas.

Eso sí, sin darse cuenta de que el mal olor, como en Dinamarca, le delata, se atreve a vomitar que “Sánchez prefiere las manos manchadas de sangre a las manos manchadas de blanco”.