Crisis, diálogo social y derechos laborales

Fernando Lezcano | Secretario de Organización y Comunicación de CCOO

La intensa campaña propagandística del Gobierno animada por un ciclo electoral que se le presenta cuando menos inestable, no puede ocultar que el crecimiento de la economía española es tan débil y se produce en un contexto tan incierto (estancamiento económico en la zona euro y amenaza de una tercera recesión, conflictos bélicos en Europa, en Siria e Irak, entre israelíes y palestinos,…) que de mantenerse por más tiempo las políticas austericidas podríamos volver a caer en recesión y en todo caso, estaríamos retrasando la salida de la crisis y con ello prolongando e intensificando el dolor de las gentes.

Algunas cuestiones son francamente indiscutibles: el empleo que se crea tiene un marcado carácter estacional y viendo el número de horas trabajado más parece que estemos ante un reparto espurio del trabajo por la vía de generalizar el contrato a tiempo parcial y con bajos salarios, que ante la creación de nuevos puestos de trabajo.

Por otra parte, apostar por empleos con escaso valor añadido es tanto como pretender salir de la crisis reproduciendo uno de los factores que, junto a la construcción de vivienda residencial, nos llevó a ella.

El deterioro de los salarios en los años de crisis más intensa, la situación de desempleo masivo y la caída de las prestaciones hace que el consumo se resienta y con ello la misma actividad económica y el empleo.

Estos mismo factores también son los causantes de un incremento significativo de la pobreza y la exclusión social que tiene su aspecto más amargo cuando alcaza a los niños. Sólo hay que ver como la tasa de cobertura de las prestaciones ha caído de un 79 a un 59% o que existen 740.000 hogares que no perciben ningún tipo de ingreso para hacerse una idea del desastre social al que estamos asistiendo.

En estas condiciones se entenderá que las prioridades de CCOO para el próximo período sean: afianzar el débil crecimiento y crear empleo de calidad junto al restablecimiento de la protección social.

Para garantizar que la mejora de la economía es sólida e irreversible se necesitan, entre otras medidas, poner fin a la etapa de devaluación de las condiciones de trabajo y de los salarios, de ahí que nos propongamos intentar reeditar los acuerdos entre las organizaciones empresariales y sindicales que, cuando menos, deben regular el crecimiento de los salarios, el fortalecimiento de la negociación colectiva y asegurar que los convenios no decaen cuando expira su vigencia.

Un acuerdo que contemple la mejora de los salarios, además de aliviar las penurias de las familias, animaría el consumo y con ello la actividad económica y la creación de empleo. El acuerdo debería ser el resultado de la reactivación del diálogo social con los empresarios en lo que hemos dado en llamar el diálogo social bipartito (sindicatos y CEOE-CEPYME)

El empleo también debe ser la prioridad de las políticas activas pensando fundamentalmente en los jóvenes y los parados de larga duración. Acuerdos que apunten en esa dirección deben venir del diálogo social tripartito, ahora entre los agentes sociales y el Gobierno, activando el compromiso asumido el 29 de julio por el propio presidente del Ejecutivo. Es en este escenario en el que también se debe tratar la recuperación de las prestaciones sociales, donde debe establecerse medidas que incrementen la tasa de cobertura cuando menos en un diez por ciento y donde se regule una Renta Mínima que garantice ingresos suficientes para las cientos de miles de familias que en estos momentos no tienen ninguno.

Hacer viables estas medidas requiere de un replanteamiento de las propuestas que incluye la reforma fiscal del Gobierno. Efectivamente, de no evitarlo, la nueva fiscalidad que promueve el Gobierno supondría una caída de los ingresos que difícilmente permitiría abordar las políticas públicas imprescindibles para aplicar las medidas citadas o mejorar el estado de bienestar.

Las medidas que, en caso de que haya voluntad, se podrían acordar en el marco del diálogo social tripartito tendrán que aparecer reflejadas en el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2015 o si eso no es posible, por las fechas en las que nos encontramos, debería contarse con el compromiso del grupo parlamentario que sustenta al Gobierno de que serán presentadas como enmiendas durante su tramitación parlamentaria.

Sea como fuere, para CCOO los posibles acuerdos en materias tan fundamentales deben sustanciarse no más allá del mes de octubre. No vamos a prestarnos a una estrategia de imagen del Gobierno con tintes electoralistas. El conflicto social sigue abierto y de las contrapartes depende que se aborde desde la negociación y el acuerdo o desde la confrontación. Entre tanto impulsaremos una campaña de información y movilización, una de cuyas primeras citas será el 7 de octubre, (día internacional por el trabajo decente) y así aprovechar la inquietud electoral de nuestros gobernantes en beneficio de los trabajadores y trabajadoras.

Confederación Sindical de CCOO | www.ccoo.es