Escribo esta columna de opinión para Público poco después de que la “cúpula” del Ejército Colombiano se haya presentado en el Palacio de Nariño, con el pretexto de un “Consejo de Seguridad” de Bogotá, para exigirle al Presidente Santos que suspenda los diálogos de Paz que se desarrollan en La Habana entre delegados del Gobierno y de la dirigencia de las FARC desde hace más de dos años.

Los detalles de la presión de los jefes militares, algunos de ellos señalados por Human Rigths Watch de haber sido agentes en algunos de los más de 3.000 crímenes llamados “falsos positivos”, no van a ser conocidos por los colombianos, que se limitarán a ver al Jefe del Estado y a sus ministros de Defensa e Interior obligados a realizar públicas soflamas guerreristas en la televisión ante dos confusos atentados con petardos sucedidos en la capital, de los que se sabe de antemano que nada tienen que ver con la guerrilla de las FARC.

Los colombianos, por una mala estrategia de información del Gobierno Santos, por la reverencia, inexplicable para un foráneo, ante poderes fácticos que sobrenadan en la corrupción, están siendo conducidos hacia el naufragio de la posibilidad del final negociado de una violencia política que dura más de medio siglo. Con la torpeza táctica y de perspectiva en muchas ocasiones de la guerrilla de las FARC, de cuya entrega incuestionable entrega al proceso de paz (que he podido constatar personalmente en largas conversaciones con sus máximos dirigentes durante mi programa de TV “Las Claves”) da cuenta la presencia de la práctica totalidad de sus comandantes en La Habana, con abandono de los frentes de guerra, que algunas veces quedan a la merced de los “irreductibles” al proceso de paz.

Recordé hoy un artículo de Sánchez Ferlosio, magistral como todos los suyos, en el que desarrollaba la idea de un perro arrastrando de la correa a su amo. Así veía el autor de “El Jarama” a los militares y al Presidente del Gobierno, en una España sacudida por los atentados de ETA, bajo la presión de quienes “dolorosamente hartos” demandaban un estado de excepción y la suspensión de los Derechos Humanos.

Mi amigo, el gran periodista y escritor Antonio Caballero, sostiene que el ejército colombiano nunca ha constituido en la Colombia contemporánea un poder autónomo. La prueba sería la ausencia de dictaduras militares, con excepción del periodo Rojas Pinilla.

Es cierto, como también lo es que siempre que el país ha estado próximo a cerrar la paz con la insurgencia, los militares se han atravesado.

Sucedió, por ejemplo, en los 90 durante el Gobierno Samper, cuando el jefe de las Fuerzas Militares, General Bedoya, amenazó al Presidente con un golpe si firmaba la paz con las FARC, que ya estaba muy adelantada sobre el papel.

Sucede en este momento, y esto se está ocultando a los colombianos, cuando las poderosas organizaciones de militares retirados, azuzan a un importante sector del ejército para que se oponga a las conversaciones de La Habana, con el pretexto de que Santos va a entregar el país al “castrochavismo”.

Como fondo, el miedo a que, una vez lograda la paz, se vean como innecesarias en su magnitud unas costosísimas fuerzas militares con 750.600 efectivos, mientras Brasil, que cuadruplica los habitantes de Colombia no llega a 270.000. También que terminen los negocios “colaterales” que afloran de vez en cuando y que han incluido a veces la venta de armamento a la propia guerrilla.

Cuando en el pasado Diciembre, las FARC decretaron un alto el fuego unilateral, el presidente correspondió con un discreto “desescalamiento” del conflicto que incluyó la suspensión de los bombardeos. La ira del Ejército se manifestó en múltiples “pronunciamientos” cada vez que Santos realizaba un acto castrense. En abril de este año la guerrilla rompió su tregua con la muerte de 10 militares de una unidad que acosaba a uno de sus frentes en la región del Cauca. Inmediatamente se reanudaron los bombardeos, la muerte intensiva de guerrilleros, los daños colaterales a la población civil y el desplazamiento de centenares de familias de su territorio.

En este clima, el apoyo de los colombianos a la solución que se negocia en La Habana, decrece paradójicamente a favor del “búnker guerrerista” que se frota las manos.

Claro que el Ejército no está solo en la batalla por desprestigiar y poner fin al proceso de paz de La Habana. Está en primer lugar la extrema derecha que encabeza el exPresidente Álvaro Uribe, que siente como se estrecha sobre él el cerco de la justicia, con la mayor parte de lo que fue su equipo condenada o en fuga. También toda una casta de empresarios, ganaderos, caciques locales, responsables o cómplices del paramilitarismo, contra los que hay represados más de 12.000 expedientes en la Fiscalía. Todo saldría a la luz si se firman los acuerdos de paz y se pone en marcha la acordada “Comisión de la Verdad”.

A pesar de todo, cada vez se abre paso con más fuerza la opinión de los enemigos de una paz negociada, a lo que contribuye la impopularidad de algunas acciones de la guerrilla, incruentas pero perturbadoras de la tranquilidad civil, como la voladura de torres eléctricas.

El conflicto colombiano, que ha causado más de 200.000 muertos y millones de desplazados por la violencia se vería reavivado si triunfa la tesis de ruptura de las conversaciones de paz a favor de una quimérica solución militar.

Antes de que se rompan las conversaciones de paz (sobre las que ya hay acuerdos en la mayor parte de la agenda) y se renueve en toda su magnitud el sufrimiento de la guerra, el Presidente Santos, que fue elegido con la bandera de la paz, debería poner las cartas sobre la mesa y someter de una vez la totalidad de la fuerza militar al poder civil. Y contar la verdad a los colombianos.