El taoísmo sostiene que lo difícil debe abordarse cuando aún es fácil y está visto que en lo de hacer que las grandes tecnológicas paguen impuestos y no limosnas se ha perdido demasiado tiempo y ahora no hay quien les eche un galgo. El último fracaso ha tenido lugar en la OCDE, donde se discutía la aplicación mundial de la llamada tasa Google y que ha pospuesto hasta mediados de 2021 el acuerdo para que estas multinacionales pasen por caja en los países en los que operan y no en los paraísos fiscales donde tienen empadronadas sus oficinas centrales. En el envite, según los cálculos de la propia organización, hay en juego unos 85.000 millones de euros que ahora mismo se distraen a las distintas haciendas públicas.

Existe, según parece, un consenso general en que algo han de pagar pero no hay manera de pactar cuánto y sobre qué conceptos, porque hay países a los que el 12% con el que trabaja la propia OCDE debe de parecerles confiscatorio. Así las cosas, no sería descabellado pensar que la burra dará vueltas y vueltas al trigo y solo los más optimistas o ingenuos creen que se cumplirá el nuevo plazo para hacer efectiva la tasa. Desde la Organización se advierte de que imponer tributos de manera unilateral, como pensaba hacer la UE y cuya creación está en fase avanzada en España, Francia o Italia, sería un error porque desencadenaría guerras comerciales muy dañinas para el crecimiento económico. ¿Qué hacer entonces? Se aconseja rezar, esperar a que Trump pierda las elecciones y a ver si con Biden cambia el panorama.

Se dirá que es muy injusto –y lo es- que los damnificados de que en España se apruebe esta tasa que ya tiene el visto bueno del Senado sean los productores de vino y aceite, a los que el emperador del flequillo ya ha impuesto aranceles en represalia. Más descabellado aún es que dentro de la UE sea imposible conseguir una armonización impositiva que impida que Irlanda u Holanda se pongan las botas con la elusión fiscal que sufren sus vecinos. Nada ayudan tampoco algunas sentencias de la Justicia europea, como la del pasado mes de julio en relación con Apple. ¿Es posible argumentar que una empresa que gana 16.000 millones al año y declara una base imponible de 50 millones no ha recibido una ayuda de Estado en detrimento de su competencia? Pues, al parecer, lo es.

Como se explicaba aquí entonces las tecnológicas se mueven por Europa con total impunidad mientras sus asesores han puesto en práctica toda suerte de artilugios contables –desde el ‘doble irlandés’ al ‘puro malta’ pasando por el ‘sándwich holandés’- que hacen que esto sea un pub con barra libre. Lamentarse de que en la OCDE no haya acuerdo cuando la UE es incapaz de atar en corto a sus austeros campeones del fraude es un sinsentido. Como lo es denunciar la fiscalidad a la carta de Europa que aquí mismo se practica, un dumping fiscal que no es monopolio de las llamadas haciendas forales sino que tiene a Madrid a la vanguardia en detrimento del resto de comunidades autónomas.

Aunque solo sea por eso tan desfasado que es la ética no es admisible consentir por más tiempo que estas multinacionales, que ya no son poderes en la sombra sino los reyes del mambo bajo los focos, sigan burlándose de los Estados y engordando sus cuentas de beneficios. Es moralmente inaceptable que haya que detraer recursos que podrían destinarse a servicios públicos o la reconstrucción económica para que los Bezos, Cook o Zuckerberg de turno sigan competiendo en las listas de Forbes para ver cuál de ellos es el más rico. Y no solo se trata de imponer algún tipo de criterio fiscal homogéneo sino de establecer una regulación efectiva que acabe con unos monopolios que han acabado con la competencia y ha convertido a los consumidores en adictos de sus productos y servicios.

Sería ideal que la OCDE lograra sacar adelante la tasa Google pero mientras esto llega la Unión Europea debería imponer su propio impuesto. Y si tampoco esto se consigue a corto plazo tiene que haber Estados que den el primer paso. Era urgente antes y ahora mismo es inaplazable en medio de la crisis económica asociada a la pandemia. Decía Sábato que la dignidad no estaba prevista en el plan de globalización y habrá que meterla a la fuerza, aunque sea con calzador.