La defensa de los derechos de la ciudadanía nunca fue tan urgente como hoy, en un contexto en el que los derechos más básicos están siendo violados de forma brutal e hipócrita. El ‘bienestar’ colectivo ‘concedido’ a los portugueses por los aventureros del Gobierno no es más que la suma del malestar que infligen al 99% de la población. A la vista de esto, tal vez extrañe que yo me dedique a señalar los deberes de los ciudadanos. Somos parte de una cultura que privilegia derecho en detrimento de deberes, lo que parece insensato, pues es evidente la simetría entre derechos y deberes: cualquier derecho es un espejismo si no le corresponde el deber de alguien que garantice que el derecho sea ejercido. Una de las razones por las que tendemos a hablar más de derechos que de deberes es que, en las democracias, está asumido que el deber de garantizar la vigencia de los derechos pertenece al Estado y que a los ciudadanos corresponde disfrutar y defender sus derechos. Es lo que ocurre cuando el Estado deja de cumplir ese deber, como sucede ahora: corresponde a los ciudadanos el deber colectivo de defender los derechos por todos los medios pacíficos que tengan a su alcance.

Lejos de ser un deber abstracto, éste es un deber concreto y situacional. Su ejercicio conlleva riesgos porque, cuando el Estado se desentiende de su deber, las instituciones son víctimas de una patología insidiosa: siguen vigentes, pero dedicándose a realizar la misión contraria a aquélla para la que fueron concebidas. Es así como el Estado social se transforma en un Estado antisocial y la seguridad social, en inseguridad social. Por esta razón, el deber de los ciudadanos tiene que ser ejercido fuera de las instituciones y, cuando es ejecutado dentro de ellas, asume un carácter de contracorriente que exige coraje y determinación. Paso ahora a ejemplificar situaciones y deberes específicos de grupos de ciudadanos.

Los ciudadanos jueces y magistrados del Ministerio Público tienen el deber de hacer cumplir los derechos hasta el máximo de su jurisdicción. En un Estado democrático, el modo de destrucción de los derechos actualmente en curso sólo fue posible en el pasado instaurando la dictadura, por ejemplo, en el Chile de hace cuarenta años. Sólo cumpliendo el citado deber, el poder judicial no tendrá un día que pedir perdón a los portugueses por haber faltado a su deber, como sucedió recientemente con los magistrados de Chile y Argentina. Los ciudadanos militantes del Partido Socialista (PS) tienen el deber de revolverse contra un liderazgo incapaz de proyectar una visión del país y de Europa más allá del infierno neoliberal, pusilánime hasta el punto de que parece que sólo querría el poder si se lo dieran y de que no lo concibe con ningún rasgo que lo distinga del poder que está en el poder. Urge un congreso extraordinario después de las elecciones autárquicas en la que los socialistas rebeldes puedan decir al ciudadano Antonio Costa que en política, hay crímenes que se cometen por omisión.

Los ciudadanos activistas de sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil tienen el deber de unirse en protestas intensas y turbadoras para los aventureros del poder. Unirse como si la democracia –hoy agonizante- se fuese a morir mañana y, en el caso de que no se hubiesen unido, se lamentasen de que sólo hubieran tenido la voluntad de unirse después de dejar de tener poder para hacerlo. Los ciudadanos intelectuales públicos tienen el deber de defender la dignidad de todos los portugueses, también contra los intereses poderosos que quieren seducirles; y el deber de mostrar que la deuda es impagable y que la austeridad y el neoliberalismo son las manos que sacan el dinero de los bolsillos de los pobres y de las clases medias y los introducen en los bolsillos de los ricos y súper-ricos. Los ciudadanos autárquicos tienen deberes específicos que cumplir en las próximas elecciones. Los de mi ciudad, Coimbra, tienen el deber de castigar ejemplarmente al PS por su incapacidad de renovar su liderazgo y por insistir en un candidato mediocre que durante diez años entregó a la ciudad a la vorágine del sector inmobiliario y a la polución de los residuos tóxicos (co-incineración). Finalmente, los ciudadanos en su conjunto tienen el deber de salir a la calle y dar voz a sus aspiraciones de una democracia diferente para una vida decente. Y el deber de quedarse en la calle hasta que los políticos vayan a escuchar. Cuando dejemos de ir a sus elecciones y ellos sí vengan a nosotros, tal vez empiecen a pensar seriamente en representarnos.