JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO

Economista

La profecía de Leire Pajín se ha cumplido y el acontecimiento planetario ha tenido lugar. Desde el día 1 de enero Zapatero preside la Unión Europea. Bien es verdad que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa va a oscurecer un poco tan portentoso evento, ya que Zapatero deberá compartir funciones con el presidente del Consejo de la Unión.

Pero eso no amilana al presidente del Gobierno español que, fiel a su trayectoria de proponerse metas titánicas, se ha fijado para este semestre sacar a Europa de la crisis. Nada más y nada menos. No a España, no, a Europa. Sin dudarlo un momento, se ha puesto a la tarea y ha convocado a la Moncloa a algunos de los culpables de los muchos males que hoy sufre Europa. Son socialistas, pero han sido cómplices de la configuración de una Unión Europea neoliberal.

En la Moncloa estaba Delors, a quien se considera padre de la actual unión monetaria, y que ahora dice arrepentirse de que se realizase sin ir acompañada de una unión económica. Pero ahí radica precisamente el problema y la causa de casi todos los males: que se aceptase la constitución de una unión monetaria sin los elementos compensadores necesarios (fiscales, sociales, laborales e incluso financieros) de una unión económica auténtica. En contra de lo afirmado por los reunidos en la Moncloa, lo que las cumbres de París y Bruselas dejaron patente es que los países europeos se mostraron incapaces de dar una respuesta conjunta a la crisis.

La única política en común es la monetaria, e incluso esta con muchas limitaciones. Los bancos europeos no pueden recurrir al BCE de la misma forma que los bancos americanos se dirigen a la Reserva Federal. En Europa han tenido que ser los estados los que saliesen en auxilio de sus entidades financieras. Ni siquiera a la hora de garantizar los depósitos bancarios la respuesta pudo ser común y cada país actuó como pudo y quiso, violentando una vez más el sacrosanto principio de la competencia.

¿Y qué decir de la política fiscal? Bruselas propuso un plan anticrisis de 200.000 millones de euros –el 1,5% del PIB comunitario–, pero, a la hora de la verdad, cuando se examina el desglose, resulta que todo ha quedado a la iniciativa de los estados. De los 200.000 euros, 170.000 los han tenido que aportar e instrumentar los países miembros. Cada uno según se le ha ocurrido. La Unión Europea aporta sólo los 30.000 restantes, aunque tampoco esto es totalmente cierto, porque una parte ha sido un simple préstamo del Banco Europeo de Inversiones y la otra son meros adelantos de los fondos estructurales. Ninguna de estas dos partidas representa un incremento real del gasto comunitario.

No, en Europa no existe una política económica común y, lo que es más, tampoco hay ninguna posibilidad de que en el futuro pueda haberla, desde el mismo momento en que aspectos tan importantes como los fiscales, sociales y laborales,

entre otros, están blindados y sólo pueden modificarse por unanimidad, lo que resulta imposible con 27 países tan heterogéneos.