Por lo menos que se deje hablar a los ciudadanos

Hace siete años, Zapatero llegó a la Moncloa con el compromiso de promover cuatro reformas a la Constitución, incluidas la derogación de la Ley Sálica para el acceso al trono y la transformación del Senado en Cámara territorial. El rechazo a “abrir el melón” constitucional llevó a abandonar la empresa. Ayer, en pleno verano, y a punto de disolverse las Cortes para las elecciones del 20-N, el presidente anunció por sorpresa un acuerdo con el PP para reformar la Carta, pero no en el sentido que anunciara en su investidura, sino en el de imponer un tope al déficit público. El Ejecutivo y el partido conservador confían en que esta exhibición de unidad contra el déficit calme a “los mercados”, causantes de la actual crisis y a los que por lo visto ya no les basta que el techo de gasto se fije mediante leyes ordinarias. Está por ver si la consagración del tope del déficit –una variable macroeconómica– como precepto constitucional evitará desajustes presupuestarios futuros. De momento, la decisión transmite a los ciudadanos una preocupante señal de debilidad del poder público ante los grandes capitales, además de un pésimo ejemplo de conducta democrática por la forma precipitada en que se pretende consumar la reforma, sin someterla a referéndum. El Ejecutivo sostiene que la consulta no es necesaria, ya que la modificación no afecta a títulos sensibles de la Constitución. En la página siguiente, el profesor Escudero alega, por el contrario, que afecta al Título Preliminar, que define a España como Estado social. Con independencia de este debate jurídico, lo mínimo que cabría esperar de Zapatero es que permita en este delicado asunto expresarse a los ciudadanos.