Fernando Pedrós

La semana pasada ha estado marcada por el malestar en el Congreso por la negativa del Gobierno del PP a acudir a sesiones de control en el parlamento. Rajoy se niega a salir no solo a dar la lección ante los diputados sino a dar razones que la justifiquen. Y en esta película de dar la espalda al control del parlamento la última escena ha sido por ahora la carta enviada por un subordinado de Rajoy al Congreso sobre la actuación europea de este en el tema de los refugiados. Ayer fue la comunicación por plasma de Rajoy con los medios y ahora son unas líneas en una nota al parlamento y sin su firma.

Los ingleses tienen un término significativo para expresar la comunicación de gobierno y parlamento. Al hecho de informar al parlamento le llaman ‘accountability’ que puede traducirse por responsabilidad, aunque para mí sería la tarea responsable de ‘dar cuenta y razón’, es decir, no solamente informar, contar lo ocurrido sino dar razones que justifiquen una actuación, una decisión.

El Congreso ninguneado…

Ahora cuando el Congreso urge al gobierno y este le deja plantado, cuando el enfrentamiento es entre los máximos poderes del Estado, el ciudadano aprecia y valora que la democracia es diálogo público que ha de tener tensión dialéctica. No está mal que los ciudadanos -raíces del poder al ser soberanía popular- sintamos la vergüenza del espectáculo y el cinismo de un gobierno y de un partido que han quebrado en su poderío político, sienten el déficit político y se retraen, y quieren esquivar la vergüenza pública ante una oposición fuerte.

Pero en esta circunstancia política el ciudadano debe recordar a los diputados que, si ellos sienten que el Congreso está siendo ninguneado, la ciudadanía y su sentir han sido esquivados por mucho tiempo por el Congreso. El ciudadano no debiera olvidar que ese mismo espectáculo que escenifican Rajoy y el Congreso lo vienen dando con bastante frecuencia los poderes públicos -sobre todo gobierno y legislativo- cuando no se atreven a hacer suyos y abordar los reclamos y deseos de los representados. Puedo hacer memoria de cómo estos poderes han actuado en las dos últimas décadas en el campo en que me muevo en Estación Término. A grandes pinceladas podemos recordar cómo el gobierno y el Congreso en 1995 en la reforma del Código Penal respecto a las conductas eutanásicas -suicidio asistido y eutanasia- rechazaron las propuestas de grupos de juristas y también de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) que ofrecían justificadamente una redacción del art. 143 para despenalizar dichas conductas. No se tuvo en cuenta ni se dio razón del rechazo. Los juristas han seguido con sus tareas de estudio, continúan reclamando argumentadamente la legalización de la libertad para morir voluntariamente, pero la gran mayoría del parlamento hasta el momento ha preferido ser ágrafa y no leer y reflexionar tales estudios. Al parecer lo que fomenta el bien común está en la moral nacionalcatólica heredada de la sociedad tradicional y la dictadura.

… y el pueblo ninguneado

La opinión pública -en casi un 80 por ciento de la población- viene reclamando que el médico pueda ayudar a morir al enfermo que lo solicita con seriedad. Pero el PSOE, que en su día dijo que propondría una ley de eutanasia, ha desoído en el Congreso tal exigencia conjuntamente con el PP dando como excusa -para no dar cuenta y razón- que todavía no existe una demanda social por más que encuesta a encuesta las cifras vayan in crescendo y sean testarudas.

El Congreso hasta ahora ha preferido echar la vista atrás o mirarse el ombligo más que echar un vistazo a los países europeos o a EE UU y Canadá para conocer la historia actual que acepta la eutanasia o que el médico prescriba con libertad los medicamentos necesarios para morir. Por lo que se ve se temen los aires nuevos y el vivir y morir en libertad. Esto en relación con los cambios legislativos del exterior, pero incluso cuando grupos parlamentarios de izquierda han llevado al Congreso propuestas de ley -y ha sido en once ocasiones- los partidos mayoritarios se daban por enterados, pero sin dar razones daban carpetazo. Está visto que, si alguien lleva el sentir mayoritario de la calle al diálogo parlamentario, el poder partidario conservador, al temer la dialéctica de las razones y para evitar consecuencias, ordena el silencio.

El hombre como sujeto libre no admite recortes a su autonomía, a su libertad y su derecho a decidir cuándo y cómo acabar su vida. No obstante, el Estado no solo no da la cara y prescinde del debido respeto a la intimidad del ciudadano, sino que entra como un intruso en casa ajena y prohíbe en el art. 143 del Código Penal que la persona obedezca a su deseo y voluntad íntimos. En resumen, que los poderes públicos no solo entran en conflicto entre si -Rajoy y Congreso- sino que los poderes públicos por falta de talante democrático en más de una ocasión no escuchan y acallan la palabra y el sentir de los que teóricamente se supone son el pueblo soberano. Nadie da cuenta y razón de sus actuaciones, y el ciudadano, aunque ya no viste baby ni anda a gatas, se siente que vive en una guardería política y que le secuestran una parcela de su vida. El ciudadano quiere morir libremente pues para algo la Constitución le reconoce su libertad de conciencia y su libertad de decisión en el desarrollo de su persona con tal de que no dañe las libertades de los demás.