El control público de los medios es algo que parece sonar muy fuerte, anuncia censura y manejo de lo que se dice por parte de un férreo control estatal. No es cierto, no tiene que suceder de esta manera. Más bien debe servir para su contrario, entendido como herramienta que garantiza la calidad de la información, pues no existe atisbo de neutralidad en una información trufada por los intereses de un fondo de inversión. El control público a su vez debe tener un control social de la ciudadanía y un control periodístico de los y las profesionales. Se trata por lo tanto, de abrir el campo a la pluralidad y a la diversidad en lugar de cerrarlo. Libertad no es sinónima de liberalizar, la primera garantiza la libertad de decir lo que no gusta a quien manda, la segunda acaba en oligopolios que expresan los intereses empresariales de quien pone el dinero. Neutralizar el poder que acumulan grandes empresarios y financieros que no se presentan a las elecciones, pero que sí inciden en la política muchas veces a través de medios, garantiza la democracia.

Quienes dicen ser los paladines de la "libertad de los medios", conciben la libertad de expresión como la libertad de quien tiene dinero para montar un medio y quien no lo tiene, que consiga los medios para tenerlo si quiere expresarse. Suelen ser casualmente los mismos que utilizan los medios públicos como si fuera su cortijo privado. Tenemos a TVE que en su tiempo tuvo que rectificar sobre la información de una huelga (recuerden a Urdaci). A día de hoy sus trabajadores denuncian que se intenta vetar a Podemos en la televisión que pagamos todos y todas. El caso flagrante de Telemadrid es un claro ejemplo de instrumentalización partidista de una televisión pública donde la pluralidad brilla por su ausencia. Prueben sintonizar por ejemplo la televisión local de Fuengirola, localidad gobernada por Esperanza Oña del PP, y serán testigos de la definición práctica de adoctrinamiento. El problema no es tampoco la existencia misma de la televisión pública como nos quieren hacer creer con el caso de Canal 9, sino los fines para los que se utiliza. Los mismos que critican lo público suelen coincidir con quienes hunden lo público poniéndolo al servicio de lo privado, para luego más tarde, amputar a la ciudadanía su derecho a la información que no responde a criterios empresariales.

La independencia de la televisión pública debe garantizar la libertad periodística tanto económica como profesional al margen del gobierno de turno, de lo contrario, se convierte en el vocero de unos pocos. Las televisiones no son simples comunicadores de lo que existe, sin duda también configuran la realidad, no solo la describen, pues eso es simplemente imposible. Es cierto que hay grados de rigurosidad y que esto no puede servir de excusa para decir cualquier cosa y el grado de opinión subjetiva puede limitarse mucho; el arte de la profesión tiene que ver con ello. Pero la realidad nunca es neutral, la verdad siempre es una toma de partido (no de partido político) sobre los márgenes de lo que se incluye o lo que no se incluye. La realidad siempre está sujeta a las relaciones de poder y éstas no pueden estar hegemonizadas por un solo tipo de relaciones, las del beneficio y la rentabilidad, que muchas veces chocan frontalmente con el interés colectivo. la objetividad no existe, sí existe el intento de ser lo más objetivo posible dentro de unos márgenes que no lo son nunca.

Igualmente, más allá de lo que respecta a las televisiones públicas, es necesario abrir espacios y facilitar la incorporación de medios de tipo comunitario y local que no cuentan con el patrimonio de las grandes cadenas, pero que tienen derecho a tener su hueco. En definitiva, se trata de que la información no esté colonizada y concentrada por grandes imperios mediáticos. Hay que acabar con esa lógica que funde dinero con capacidad de influir en la cosa pública a través de los medios. Yo quiero una ley que haga lo contrario que hacía Esperanza Aguirre cuando pretendía impedir que Tele -k emitiese, al tiempo que facilitaba licencias con alfombra roja a El Mundo, Libertad digital, o radio maría, entre otras. Una ley que impida que Aguirre fuerce las valoraciones de la TDT para imponer su criterio y regalárselas a sus amigos. Según su criterio, Libertad Digital sacó la mejor nota en "pluralidad informativa".