El desafío político del feminismo

Solo habían transcurrido 24 horas de la Gran Marcha contra la Violencia Machista cuando asesinaron a cuatro mujeres. 48 horas después eran seis y un hombre las víctimas.

Había comenzado a escribir el artículo para glosar el éxito de la Marcha y empezaron a llegarme las noticias. A las dos mujeres, madre e hija, tiroteadas en Lliria por el marido y yerno, se unía la apaleada de Oviedo y la acuchillada de Baena. Hoy suman dos de Vigo y la cuenta sigue.

En la puerta del Sol continúan su huelga de hambre las compañeras de Ve la Luz de La Coruña. Llevan 10 días sin comer, durmiendo debajo de unos plásticos y acompañadas por feministas, gentes de buena voluntad y transeúntes. Reclaman a los partidos políticos que adopten en sus programas 20 medidas, que han elaborado cuidadosamente, destinadas a proteger a las mujeres, los niños y las niñas apaleados, abusados sexualmente y abandonados por la justicia a la insania de hombres malvados, que ostentan la inapelable categoría de marido y padre.

Veinte medidas que desde hace diez años el Partido Feminista reclama a todos los partidos políticos, sin haber obtenido en este plazo de tiempo más que alguna tímida reforma del Código Penal cuya eficacia todavía está por demostrarse. Porque como ya he escrito hasta la saciedad desde este blog, sin que la Ley de Violencia de Género se reforme será imposible obtener alguna protección para las víctimas. A ello hay que añadir, por supuesto, los medios económicos para que los agentes de esa protección sepan y puedan actuar.

Es preciso que el Legislativo adopte las normas que estamos exponiendo desde hace 30 años: la igualdad de las víctimas, porque es absolutamente infame que estas se dividan en mujeres y género, y que únicamente las que tal calificativo ostentan tengan derecho a protección; que la carga de la prueba se exija al agresor; la retirada al padre maltratador de la patria potestad y las visitas de los hijos; la práctica de pruebas que se ahorran hoy; la formación del personal médico, asistencial y de la Administración de Justicia, y los recursos económicos para todas las víctimas.

De otro modo, la interminable cuenta de las asesinadas y de los niños abusados seguirá sin escándalo social.

Pero para lograr esta reforma legal y disponer de los recursos necesarios para implantar tales medidas es imprescindible que la relación de fuerzas políticas cambie en nuestro país. Mientras sigan legislando y gobernando los partidos de derecha es impensable que logremos que la violencia contra la mujer y los niños se limite ni aún un pequeño porcentaje.

Pero para ello también es imprescindible que el Movimiento Feminista tome conciencia de que debe implicarse en el triunfo de la izquierda en las próximas elecciones. Que no puede dedicar todos sus esfuerzos, y son muchos, a manifestarse en la calle. Que necesitamos diputadas y diputados que legislen a favor de las más desfavorecidas, que necesitamos gobiernos que dispongan de medios económicos para que se ejecuten con firmeza las leyes. Y todo ello es hacer política de la que tanto huyen las feministas.

Si los recursos y esfuerzos que durante nueve meses se han dedicado a organizar la Gran Marcha se hubiesen dedicado a apoyar a la formación de izquierda que defendiera nuestros intereses, hubiéramos podido elegir diputadas y concejalas verdaderamente feministas. Porque lo más patético es que las mujeres, incluyendo a las militantes y afiliadas de los partidos, votan a hombres a los que no les interesa lo más mínimo el feminismo.

Ese desafío lo tenemos en 40 días, y si no somos capaces de organizarnos eficazmente para situar en el Congreso de los Diputados a las mujeres que puedan realmente representarnos y defendernos, seguiremos año tras año lamentándonos de nuestras desgracias en las manifestaciones.