Opinión
Desahucios, armas humeantes
Por Odalys Padrón
El 10 de septiembre se celebró el Día Mundial para la prevención del Suicidio bajo el lema “Prevención del suicidio: buscar y salvar vidas” promovido por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el propósito de despertar conciencias y para contribuir en la reducción de las elevadas tasas de mortalidad por esta causa.
Según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2013 se quitaron la vida 3.870 personas, 2.911 hombres y 959 mujeres, la cifra más alta de los últimos 25 años. Es la principal causa de muerte no natural en España. Provoca el doble de defunciones que los accidentes de tráfico, siete veces más que los accidentes laborales y doce más que los homicidios. Como media, 10 personas se quitan la vida cada día, lo que convierte al suicidio en un problema prioritario de salud pública, máxime teniendo en cuenta que muchos suicidios se disfrazan como accidentes.
La depresión es la mayor puerta de entrada a la conducta suicida tal como muestras los estudios con metodología adecuada que señalan que el 50-60% de los pacientes que cometen suicidio tenían un trastorno depresivo en el momento de la conducta suicida. Las estadísticas también indican que el 34% de los suicidios se producen ante el acoso bancario y las amenazas de desahucios.
Según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) desde el primer trimestre de 2007 hasta el cierre de 2014 la crisis ha provocado más de 600.000 ejecuciones hipotecarias. Una media de 200 ejecuciones diarias. Stop Desahucios denunció que los suicidios son asesinatos de los que “son responsables todas las entidades e instituciones que los han provocado”.
El drama sufrido por una parte muy significativa de la población es inmenso e inenarrable. Hemos sido testigos, a través de los medios, de una mujer que se prendió fuego en el interior de una entidad bancaria en la localidad castellonense de Almassora; también un hombre se quemó a lo bonzo en Valencia tras perder su empleo; en Málaga una mujer con discapacidad motora se arrojó a la calle desde el undécimo piso al verse obligada a dejar su vivienda como consecuencia de un desahucio; en Jaén un empresario se quita la vida justo antes de que subastaran su casa por embargos; también en Málaga, tras dejar por escrito su última voluntad respecto a los cuidados de su madre, una anciana de 96 años e impedida con la que vivía, se arrojó desde una cuarta planta; en Mallorca un matrimonio se suicida tras recibir el aviso de que iban a ser desahuciados dejando una carta… y tantos otros con rostro y con una trágica y exasperante historia. Consecuencia de la irresponsabilidad y de la frialdad con la que financieros, políticos y economistas aceptaron y aceptan llevar a cabo una estrategia conscientemente indecente.
¿Cómo puede un político, un servidor público, permanecer inalterable frente a estos dramas humanos? Ante la pasividad política el pueblo recurre a la recogida de firmas para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios para implantar la dación de la vivienda en pago, establecer un proceso de moratoria de desahucios e implantar alquileres sociales para que los afectados puedan permanecer en sus hogares. Se recogieron 1.402.854 firmas y en un primer momento el Partido Popular intentó obviarlas pero ante el clamor popular tuvo que aceptar que se debatiera. Posteriormente, el Partido Popular rechazó la dación en pago y la paralización absoluta de los desahucios. Mientras esto ocurría en España el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminaba que la legislación española en materia de desahucios vulnera la normativa europea porque no garantiza a la ciudadanía una protección suficiente frente a las cláusulas abusivas en materia hipotecaria.
El Gobierno de Mariano Rajoy intenta manipular al electorado aprobando el Decreto de “Código de buenas prácticas para los bancos” en clara connivencia con las entidades financieras a los que “invitaba” a aceptar la dación en pago en caso de que se tratara de familias con todos sus miembros en paro o en situación comprobada de pobreza. Dado que se trataba de un carácter voluntario pocas entidades se sumaron a este código mientras la sangría de desahucios continuaba porque para la banca quedarse con la propiedad y luego venderla, tal y como ha estado el mercado con la bajada de precios de la vivienda durante la crisis, supondría pérdidas. Ésta y las posteriores e hipócritas medidas tomadas por el gobierno del Partido Popular para solucionar los problemas habitacionales han sido una pantomima.
Tanto la Ley 1/2013 como el código de buenas prácticas o el Fondo Social de Viviendas (FSV) han dado resultados irrisorios y paupérrimos. Todo un montaje de cara a la galería pero sin ninguna voluntad política de resolver el problema. Ahora, próximos a unas elecciones generales en el Debate sobre el Estado de la Nación, Rajoy ha anunciado un sistema de “segunda oportunidad” para que los ciudadanos y especialmente las familias, puedan afrontar sus deudas mediante un sistema de quitas y aplazamientos. La medida llega tarde y es claramente electoralista.
Con el gobierno del Partido Popular jugando un tête a tête con la banca privada los afectados recurren a los Ayuntamientos como último recurso. Algunos municipios se han concienciado realizando iniciativas contra bancos y desahucios. Desde prohibir a la Policía Local ejecutar desalojos hasta multas por mantener casas vacías pasando por subir impuestos por cajeros automáticos. Otros municipios, como Huétor Vega, gobernado por el Partido Popular y Ciudadanos, no han recibido el apoyo de sus gobernantes.
Los compañeros de Alternativa Socialista (AS) en el municipio de Huétor Vega han presentado una moción al Pleno porque como ellos dicen “un desahucio destroza por completo miles de familias todos los días siendo a su vez una manera brutal de vulnerar un derecho, que a su vez tenemos recogido en el art. 47 de la Constitución que reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada siendo los poderes públicos lo que promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
El compañero Juan Carlos G. Frías, Co Primer Secretario de AS en Huétor Vega, con gran tesón y constancia junto a otros compañeros y activistas de Stop Desahucios Granada han habilitado una recogida de firmas a través del portal Change.org para declarar a Huétor Vega libre de desahucios que avalarán su propuesta en el pleno de septiembre. Tu participación, con tu firma, es importante.