El día de ayer se debatía en el Parlamento Europeo el escándalo Volkswagen, uno más de los incontables episodios que enfrenta el decadente capitalismo europeo y la institucionalidad que lo soporta y lo mantiene en permanente respiración asistida, cubriéndole permanentemente las vergüenzas.

En el caso Luxleaks, aireado en noviembre de 2014 y en el que se destaparon los vínculos de un número aún desconocido de empresas multinacionales que se beneficiaron de un régimen tributario especial, mostraba hasta qué punto la Unión Europea es insoportablemente indulgente frente al fraude masivo a sus ciudadanos, con el del ya conocido como “Dieselgate” de Volkswagen, la todopoderosa Alemania sólo engrosa el particular historial de corrupción multimillonaria que afecta a sus empresas. Cómo olvidar el caso Siemens -por el que 19 antiguos directivos de la compañía germana deben comparecer ante la justicia para rendir cuentas por el mayor escándalo que implica a una empresa en Grecia desde la postguerra- y los sobornos por más de 400 millones de euros pagados en su conjunto por Daimler, Rheinmetall, Ferrostaal y otros mascarones de proa del sector militar-industrial germano a funcionarios griegos para asegurar un mercado cautivo para sus productos. Se estima que el conjunto de todos ellos habrían causado un perjuicio cercano al estado griego cercano a los 2.000 millones de euros; cantidad, por cierto, muy cercana a lo que supondrán las exigencias privatizadoras de la Troika en el presente Memorándum en curso de aplicación al Estado griego y que afectarán a los servicios aeroportuarios y portuarios, eléctricos, inmobiliarios, y otros igualmente estratégicos.

En mi intervención como titular de la Comisión ITRE (Industria, Energía e Investigación) quise señalar básicamente dos cosas: en primer lugar, que el caso Volkswagen no sólo afecta a la responsabilidad jurídica de la irresponsable empresa, que ha sido capaz de operar un fraude masivo jugando con la salud de los contaminados ciudadanos y con los derechos de los estafados consumidores, sino que señala directamente a la Comisión Europea, quien sabía desde 2011 y de primera mano (a través de un Informe de su propio centro de investigación) que los controles a las emisiones de los coches de Volkswagen no mostraban cifras fiables; en segundo lugar, que este nuevo episodio de corrupción de aún imprevisibles consecuencias muestra hasta qué punto el modelo productivo y energético privilegiado por las élites económicas y políticas europeas está basado en la persecución del máximo beneficio al coste que sea, sin importar los impactos sanitarios, ecológicos, de destrucción de empleo y de afectación al conjunto de la ya de por sí declinante industria europea. Se trata a fin de cuentas - no nos cansaremos de repetirlo y denunciarlo - de otra manifestación del capitalismo de rapiña y amiguetes, puesto que a estas alturas ya no es posible disimular la fabulosa colusión entre los intereses privados y públicos que se ha venido dando y permanece a escala europea.

La intervención en este debate en sesión plenaria tanto del PP como de su aliado estratégico en esta Eurocámara, el PSOE, fue absolutamente previsible: se situó entre la falsa cantinela del llamado a la responsabilidad únicamente de la empresa (cuya promesa de inversión multimillonaria en España fue vivamente saludada hace apenas cinco meses por Mariano Rajoy como un "espaldarazo sin parangón al liderazgo de la industria auxiliar española" con un "impacto sobresaliente" en actividad y empleo) y el llamado a la calma a la hora de exigir responsabilidades que pudieran comprometer los intereses de la empresa en España. Hoy el Ministro Soria se encuentra ante el papelón de tener que exigirle cuentas a la empresa, pero ello sin ofender demasiado a la Unión Europea, que se encuentra actualmente investigando numerosas irregularidades cometidas por Soria y sus antecesores en la política eléctrica española, ni a la Señora Merkel, su superiora inmediata. Es sin duda éste el modelo económico facilitador de la inversión extranjera y promoción de empleo de cualquier tipo y calidad que promueven nuestros decadentes partidos tradicionales, como su gran apuesta para el próximo ciclo electoral. Un programa calibrado a la altura de los voraces apetitos empresariales que están convirtiendo a esta Europa en una desgracia tan fraudulenta como insostenible e irrespirable.

En el estado actual de la correlación de fuerzas que dirige los designios de los europeos, con la férrea alianza entre socialistas, populares y liberales, las grandes multinacionales conservarán su derecho a hacer y deshacer (algunas sanciones mediante) y sobre todo a mantener en secreto sus relaciones con las autoridades tributarias, como cualquier contribuyente, prevaleciéndose del llamado secreto fiscal, al tiempo que gozarán de la mirada negligente de unas instituciones europeas que finalmente están mediatizadas por los valedores de esos intereses empresariales. Por ello resulta más que nunca necesaria la presión ciudadana y su traducción electoral en procesos de cambio real de todas las instituciones y de los sistemas económico/fiscal/productivo/energético que las sostienen, en España y en el conjunto de los Estados miembro; Estados cuyos gobiernos y representantes públicos en esta Eurocámara lamentablemente no morderán jamás la mano alemana que les gobierna.

[VÍDEO] Intervención en el Parlamento Europeo