El responsable del programa neoliberal del golpe de Estado que se ha intentado perpetrar en Brasil, dijo que el país se enfrenta a una disyuntiva que pasa por reelegir a Dilma u optar por Michel Temer. Una visión reductiva y equivocada de la situación.

Para empezar, al lado de Temer está Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, el político más corrupto de Brasil, denunciado al Supremo Tribunal Federal por lavado de dinero. En cambio, junto a Dilma está Lula. Sirva este detalle para imaginar lo diferentes que son ambos proyectos de país.

Un gobierno Temer tendría entre sus integrantes a algunos de los peores políticos del país, muchos de ellos implicados en casos de corrupción y que se han servido de la política para sus negocios particulares.

Un gobierno Temer agravaría la crisis brasileña porque apenas tendría realmente condiciones de gobernar. Sería presionado desde fuera con la misma punición que han padecido países como Honduras y Paraguay, con la suspensión del país en organismos como Mercosur, Unasur, Celac, la OEA, hasta que la institucionalidad democrática fuera restaurada, con el retorno del presidente elegido o la realización de elecciones democráticas.

En lo interno, sería un gobierno que nacería bajo el signo de la traición y basado en un programa que resume lo más conservador y antipopular que existe hoy en Brasil, atacando directamente a los derechos sociales conquistados en los últimos años. Con un programa que tiene un rasgo claro de venganza en contra de los trabajadores, por más que Temer afirme que mantendría las políticas sociales actuales. Pero el tipo de ministro económico que Temer considera impediría cualquier continuidad de las políticas económicas, el ex ministro de Cardoso, Arminio Fraga, declaró, en la campaña electoral, cuando era parte del equipo de Aécio Neves, que el problema de Brasil es que “el sueldo mínimo es muy alto” (sic). Se puede imaginar qué política económica intentaría aplicar y qué lugar tendrían las políticas sociales a la hora de asignar recursos.

Además de ese carácter antipopular, está presente en la plataforma de la oposición un objetivo claramente entreguista, en la dirección de la privatización de Petrobras y de la presencia determinante de capitales externos en la plataforma petrolera submarina Présal.

Un programa con esa característica antipopular y antinacional, chocaría con un proceso de movilización popular que Brasil no ha conocido en treinta años y con el liderazgo popular de Lula. Un gobierno nacido de un golpe blando y con un programa neoliberal, tendría obligadamente que apelar para la represión, constituyéndose así en un gobierno no sólo antidemocrático, sino también autoritario y dictatorial.

Un gobierno de Temer, al contrario de lo que propaga, no significaría el final de la crisis brasileña, sino su profundización y prolongación. Se generaría la mayor crisis social y política que Brasil jamás haya conocido, con obstáculos claros a la acción de un gobierno de derecha. Para enfrentar su falta de gobernabilidad, además de reprimir, al mismo tiempo que tendría que tomar decisiones que derivarían en la desvinculación de sus principales dirigentes de los procesos de corrupción que hoy pesan sobre ellos. Sería un gobierno que no tendría nada que ofrecer al país y que se enfrentaría a los movimientos populares, a los partidos de izquierda, a las entidades de la sociedad civil, al mismo Poder Judicial y a los media alternativos, además del liderazgo de Lula.

Buscando sobrevivir al consenso nacional actual de que “no va a haber golpe”, intentan llevar a Brasil al caos, como desea la derecha y las fuerzas internacionales que se interesan en inviabilizar al país, a la integración latinoamericana y a los Brics. Un gobierno de Temer constituiría, junto con el de Argentina, un núcleo neoliberal que trataría de desarticular a los gobiernos progresistas de la región para reinsertar a la región en el circuito neoliberal, que tantos daños provocó años nuestros países en los años noventa.

Teniendo a su lado a Lula, Dilma se propone a organizar un nuevo gobierno, cambiando su política económica, condición para que Lula aceptara integrarlo, que es la única vía para terminar con la crisis. Proponer un pacto nacional para retomar el crecimiento económico con distribución de renta, que comience un verdadero proceso de reconstrucción del país, un país que ha sido víctima de las fuerzas que, de una u otra forma, han actuado para desarticular el potencial productivo que fue acumulado a lo largo del tiempo. Una propuesta que puede, perfectamente, abrir un gran debate nacional sobre las propuestas para el futuro del país, que puede desembocar en una Asamblea Constituyente en 2018, que promueva reformas no sólo del sistema político, sino también del mismo Estado, para ponerlo en condiciones de apalancar y no de obstaculizar el desarrollo económico, social, político y cultural de Brasil

Pero para evitar el caos que un gobierno Temer representaría es necesario derrotar a la derecha. Es una disputa dura que se verá reflejada en la votación del domingo 17 en la Cámara de Diputados, respecto a la cual Lula presentó un documento firmado por 186 diputados en contra del golpe, lo cual impediría a la oposición obtener los dos tercios necesarios para el impeachment.

Es una votación que va a definir no sólo el futuro inmediato de Brasil, sino también la fisonomía del país en la primera mitad del siglo, con todas sus consecuencias para la región.