No es ninguna novedad afirmar que los canarios se han sentido muy abandonados por los godos de la península y que los agravios -más reales que presuntos- han condicionado la política en las islas, desde el independentismo del MPAIAC de Cubillo y sus bombas a la propia formación de Coalición Canarias, en origen una amalgama de nacionalistas, comunistas y conservadores que gobierna desde los años 90 y que, corruptelas aparte, ha conseguido poner voz a las demandas del archipiélago en Madrid. El mejor ejemplo del olvido de lo insular –que ha afectado también a las Baleares- está en la propia Constitución, cuyo artículo 149.1.24 atribuyó al Estado la competencia exclusiva sobre las obras públicas que afectaran a más de una comunidad autónoma, lo que durante años marginó a Canarias de las grandes inversiones estatales en carreteras por eso de que era complicado hasta para Florentino Pérez tender un puente de 2.000 kilómetros que enlazara Cádiz con Tenerife o Las Palmas.

Este desdén histórico hacia Canarias ha venido repitiéndose en el tiempo. Una de sus últimas manifestaciones fueron las prospecciones petrolíferas de Repsol, decididas al margen del Gobierno autónomo, ferozmente opuesto por el peligro que representaban para una economía basada en el turismo y descartadas sólo tras certificar la multinacional que las extracciones de hidrocarburos en sus aguas no eran comercialmente viables. Así las cosas, Canarias se ha resignado a establecer sus relaciones con el Gobierno central al estilo de un mercado persa, anteponiendo el rédito a la ideología al margen de quien fuera el inquilino de la Moncloa.

De una escisión de Coalición Canarias surgió Nueva Canarias, socio electoral del PSOE y cuyo único representante en el Congreso, Pedro Quevedo, se ha convertido en la estrella de la legislatura, en ese diputado 176 que tiene la llave de los Presupuestos para 2018 y que tras su negociación de las cuentas del Estado de este año consiguió partidas por un importe superior a los 200 millones de euros, entre ellas bonificaciones del 75% para los residentes en sus billetes de avión y barco entre las islas y del 100% del transporte de mercancías de puertos y aeropuertos interinsulares y con la Península.

A Quevedo, que votó contra la investidura de Rajoy y contra el techo de gasto de 2017 - aprobado gracias al PSOE de la Gestora- le han empezado a llamar traidor a la causa de la izquierda por apoyar los Presupuestos de este año y, presumiblemente, facilitar los del siguiente, aunque en Canarias se le contemple de manera bien distinta. No es que este médico con raíces vascas y aficionado a las setas y al corte de troncos se haya convertido en un héroe, pero ha conseguido encarnar la vacuna contra esa sensación de abandono que sienten los isleños y que consiste en algo tan elemental como poner precio.

En el debate de la moción de censura Pablo Iglesias aludió a Quevedo para advertir al PSOE de que vigilara a unos socios que se vendían tan barato. En su réplica, el portavoz socialista José Luis Ábalos vino a reconocer la mayor pero con un matiz importante. “Barato, lo que se dice barato, no ha sido”. Y no parece que el PSOE vaya a presionar ahora a Quevedo pese a la insistencia de Podemos, que ha llegado a amenazar con romper el acuerdo de gobierno en Las Palmas de Gran Canaria y exigir la salida del mismo de Nueva Canarias si el diputado 176 se abstiene o vota a favor del techo de gasto de 2018.

La vida te da oportunidades y sería del género tonto no aprovecharlas. Quevedo y su partido se dejarán querer y pondrán en almoneda su abstención primero en el techo de gasto y su voto a favor después en el debate de los Presupuestos. No es diferente a lo que históricamente ha hecho el PNV o lo que aún siguen haciendo los antiguos convergentes catalanes, pese a que ahora quieran montarse una república al norte del Ebro. No es ni inmoral ni repugnante, salvo que se considere a la política como el cóctel de ambos ingredientes con hielo picado. Hablamos de comercio.