En cuestión de retorcer las leyes, hay que reconocer al Gobierno una habilidad especial para que canten flamenco y hasta para ganar, si se ponen, el Festival Internacional de las Minas. No hay obstáculo que no pueda ser salvado por estos ingenieros jurídicos, a los que le das el reglamento para la protección de pollos de corral y, al descuido, te cambien de paso el Código Penal para que los antisistema puedan ser castrados en presencia de un veterinario.

Algo parecido han logrado con el aforamiento del exjefe del Estado, que al parecer urgía porque Su Enormidad ya no es inviolable y puede desmelenarse ahora que ya está jubilado. En las prisas han influido también unas demandas de paternidad que estaban saltando de juzgado en juzgado de cuando el desmelene, presuntamente, le pilló en activo, y no se quiere que se forme lodo con aquellos polvos. Toda precaución es poca.

Para el blindaje de Juan Carlos, el Gobierno ha tenido que recurrir a lo que tenía a mano, al estilo de esos grandes cocineros que abren la despensa, ven una solitaria lata de mejillones, y se montan un carpaccio de frutos del mar. Así, han pillado una ley orgánica en trámite sobre los permisos laborales de jueces y fiscales para incluir el famoso artículo bis, que traducido al lenguaje de la calle equivale a un además de todo lo anterior, lo que a mí me dé la gana.

Tan discutible es el aforamiento de un exjefe del Estado que no se conoce país civilizado en el que se haya regulado algo semejante. Pero más discutible aún es que dicho aforamiento ante el Tribunal Supremo no sólo sea por causas penales sino también civiles, de manera que no sólo abarca las responsabilidades derivadas del ejercicio de un cargo ignoto, como es el de Rey abdicado, sino también de las de su vida privada.

La reforma tiene la virtud de pasarse por el arco del triunfo la propia arquitectura legal del Estado, lo que da idea del tamaño del arco. De entrada, se vulnera el derecho al juez natural predeterminado por la ley, que hasta ahora era uno de esos principios fundamentales, y ya de paso se fulmina otro, que es de la irretroactividad de las leyes, ya que toda causa que se inicie desde este momento hasta la entrada en vigor de la ley que se modifica pasaría al Supremo por el artículo 33, que en este caso es un enmienda a una disposición adicional. Ya han sido varios quiénes se han preguntado con razón qué habrá hecho este hombre para necesitar tantas salvaguardas.

Lo que es innegable es que la ley es igual para todos. Si cualquiera consiguiera ser rey y abdicar después estaría tan protegido como el ciudadano Juan Carlos. En eso la ‘enmienda Borbón’ no hace distingos. Somos un democracia seria y avanzada.