Como por lo civil no parece ser suficiente para impedir la investidura de Pedro Sánchez, la derecha lo intenta por lo militar o, para ser exactos, por lo exmilitar. Uno de los que se han puesto manos a la obra ha sido el general retirado Fulgencio Coll, jefe del Ejército de Tierra en tiempos de Zapatero alistado actualmente en Vox, que hace unos días pidió que se aplicara al del PSOE el artículo 102 de la Constitución para que, a instancia de una cuarta parte de los diputados del Congreso, fuera acusado ante el Tribunal Supremo de traición o de cualquier otro delito contra la Seguridad Nacional. ¿Su delito? Negociar una reforma del Estado de alcance desconocido para quebrar el orden constitucional, un comportamiento ilegítimo en un presidente del Gobierno que debe ser castigado con la cárcel. Zapatero, al que el exgeneral viene a llamar segundón, sí que tenía buen ojo para elegir a sus colaboradores.

Pese a su apelación a la Constitución, las ideas de Coll, recogidas en un artículo de opinión publicado el pasado miércoles en la edición balear de El Mundo, son un poco fascistas. Primero, porque insta a los “poderes del Estado” a impedir la investidura, lo que para cualquier buen entendedor es una llamada directa al estamento militar para que actúe; y segundo porque el hoy concejal de Vox en Palma de Mallorca pone en la picota el propio sistema de partidos, con el argumento de que su “número desproporcionado” en el Congreso afecta a la legitimidad. Esta pieza, con más estrellas que la Vía Láctea, mandaba a los Ejércitos con el PSOE en el Gobierno. Para habernos matado.

No ha sido el único en pedir que Sánchez vaya a la cárcel. Otro en ponerse manos a la obra o, mejor dicho, a la Obra porque es supernumerario del Opus, ha sido el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, reconvertido en articulista de La Razón, y metido de hoz y, sobre todo de coz, en una campaña para aplicarle el 102 al del PSOE y quitarle de en medio. Si algo hay que reconocerle al responsable político de las cloacas en tiempos de Rajoy es su constancia.

Empezó el pasado 16 de diciembre: “La actitud de Sánchez para ser investido Presidente es –como poco– una gravísima irresponsabilidad, y nunca será excesivo repetirlo. Sentarse a negociar la gobernabilidad de España con enemigos declarados, que han sido condenados por el TS tras cometer delitos gravísimos contra nuestras leyes, y que no manifiestan el más mínimo arrepentimiento, puede llegar a estar incluido en el artículo 102 de la Constitución (…) De la misma forma que el concepto actual de «golpe de Estado» es distinto al del siglo pasado, también lo es el de traición. Quiero confiar y desear que las cosas no lleguen a que 88 diputados –la cuarta parte del Congreso– se sientan abocados a tener que aplicarlo: El artículo 102 CE. Dicho queda”.

No debió de quedar todo dicho porque insistió en la idea dos días más tarde: “A cambio de un próximo tercer tripartito al frente de la Generalitat, con Iceta de primer bailarín repartiendo naciones, Sánchez gobernará los restos que queden de España. Comprobar con naturalidad que el precio a pagar para que Sánchez siga en el Falcon son beneficios para los presos de ETA; definir como «conflicto político» lo tipificado por el TS como delito de sedición; negociar sobre la «autodeterminación para las naciones del Estado», son indignidades sencillamente inaceptables. Mientras, hoy tendremos un Barça-Madrid que televisará al mundo esta patética situación, al tiempo que «confiamos» en que la UE no deje en libertad a quienes van a regir los destinos de nuestro país. Hace meses se hizo célebre el artículo 155 CE, me temo que el siguiente sea otro. Lo dicho: artículo 102 CE”.

Volvió con la burra al trigo el pasado día 21: “Es inadmisible ver al eurodiputado Puigdemont riéndose de los españoles, y compitiendo con ERC en ello. Que Sánchez pretenda conseguir su ambición política apoyándose en ese mundo político, es sencillamente inaceptable. Por mucho menos que esto someten a Trump a impeachment. En España es el artículo 102 CE”.

Y el 22: “La degradación y la ofensa son tales, que ahora exigen que la Abogacía del Estado se convierta en la abogacía particular del PSOE, y así defender la interpretación más conveniente acerca de lo fallado por el TJUE, en beneficio de su líder y de Sánchez. Así, la negociación se reanudará en una mesa entre iguales, para ir avanzando en la demolición de España. Llegados a este punto, hay que fijar la mirada en la CE, que «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», y en el instrumento que nos brinda para impedir que esta felonía se consume. El artículo 102 CE”. Es probable que insista en la idea después de la cena de Nochebuena si es que no se le atraganta el pavo, algo improbable porque de estómago va bien servido, como en su día demostró en la tragedia del Tarajal.

La semillita de todo lo anterior fue cuidadosamente sembrada en febrero de este año por Pablo Casado cuando, tras su encuentro con Torra en Pedralbes, acusó a Sánchez de ser “un irresponsable, un incapaz y un desleal que está cometiendo alta traición contra los intereses de nuestro país”. El del PP no pidió expresamente la aplicación del artículo 102 pero ya dejó dicho que, siendo Sánchez, el mayor traidor de nuestra legalidad, “activaremos las medidas necesarias para frenar la alta traición de Sánchez a España”.

Se preguntará a estas alturas por el dichoso artículo 102, que en realidad recoge el aforamiento ante el Tribunal Supremo de los miembros del Gobierno y establece en su punto 2 que, sólo a iniciativa de una cuarta parte del Congreso y con la aprobación por mayoría absoluta de la Cámara, puede acusarse al presidente o a los ministros de traición o de otro delito contra la Seguridad del Estado. En definitiva, es una salvaguarda para proteger la independencia institucional del Ejecutivo.

Sorprende además que se califiquen de traición las negociaciones para la investidura con partidos legales por muy independentistas que sean, porque dicho delito en el Código Penal se reserva a situaciones de guerra o a casos de colaboración con potencias extranjeras, por lo que hay que suponer que estos doctos señores entienden que Cataluña no es España sino un enemigo exterior al que Sánchez allana el camino para que nos invada, ya sea suministrando armas o municiones o comprometiendo los intereses vitales de la patria. Ese es el nivel, amigos.

Aun así, Sánchez no podrá presumir ante sus nietos de haber sido el primer presidente al que la oposición acusara de traición y pidiera ponerle grilletes y hacerle pasar unos cuantos años a la sombra en aplicación del artículo 102.2 de la Constitución. Allá por el 2005 lo exigió Vidal-Quadras para Zapatero. “Por tremendo que suene, un análisis objetivo de la conducta del presidente del Gobierno en relación al nuevo Estatuto de Cataluña nos conduce a una conclusión pavorosa, pero ineludible: José Luis Rodríguez Zapatero está cometiendo alta traición”, escribía el entonces dirigente del PP que más tarde presidiría Vox. Siempre hay traición cuando la derecha no gobierna. A ver si nos va entrando en la cabeza.