Cuando en este luctuoso comienzo del año 2020 contamos ya con 8 asesinadas por la violencia machista, observo que la reforma de la Ley de Violencia de 2004 no entra en los primeros propósitos del nuevo gobierno de izquierdas. Desde que hace más de tres años se comenzaron los trabajos parlamentarios de lo que debería ser el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en los que participaron los 13 grupos parlamentarios de aquel momento, aconsejaron 90 expertos en sesiones que duraron 9 meses y se acabó pariendo un texto ilegible de más de 200 artículos, nada ha variado en el siniestro panorama de la vida de las mujeres maltratadas.

A los femicidios hay que añadir que el Ministerio del Interior ofrece el terrible dato de que entre enero y septiembre de 2019 se presentaron por mujeres 32 denuncias diarias por abusos y agresiones sexuales, es decir casi mil mensuales, lo que supone ratificar la hipótesis que siempre mantuvimos en el Partido Feminista de que se producen unas 15.000 violaciones anuales, contando de manera muy prudente las que no se denuncian.

150.000 son las que se presentan anualmente por maltrato, de las que únicamente se condenan el 31%, y la mayoría de las sentencias son de penas de prisión inferiores a 2 años que se canjean por servicios para la comunidad, es decir: por nada. En España una mujer maltratada sólo tiene el 6% de posibilidades de ver a su maltratador en la cárcel.

Podemos consolarnos, como los tontos, recordando que estas cifras no están muy lejos de las europeas. Una de cada tres mujeres en la UE ha sido víctima de violencia física o sexual desde los 15 años; una de cada veinte mujeres ha sido violada; más de la mitad (55 %) de las mujeres ha sufrido acoso sexual; una de cada tres mujeres ha sufrido abuso psicológico por parte de una pareja; una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual por un adulto durante la infancia.

Para acabar con esta masacre, que no padece ningún otro colectivo social, Europa, - esa mujer que, en la mitología griega fue secuestrada por Zeus- el paraíso de las libertades y de la democracia, ha aprobado lo que llaman el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul o Convención de Estambul, que tiene por objetivo la lucha contra la violencia contra mujeres y la violencia doméstica. Se presentó en Estambul en 2011 y está en vigor en Europa desde el 1 de agosto de 2014. A 2019 ya ha sido firmado por 46 países y ratificado por 34.

Pero si en los demás países europeos sucede como en España, de poco parece que ha servido ese publicitado Convenio para frenar la masacre de mujeres. Y no puede servir porque no es más vinculante que según la voluntad de los gobiernos y legisladores que rijan cada Estado, que como ha sucedido en el nuestro, es poca. Pero además no crean que ese Convenio resuelve definitivamente la indefensión en que se encuentran las mujeres. Esa Carta Magna de la Violencia se limita a pedir que se contemplen como delito todas las formas de violencia contra la mujer: la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada.

Teniendo en cuenta que todas esas actuaciones criminales de hombres contra mujeres ya están contempladas en nuestra legislación penal, poca novedad introduce ese Convenio en la protección de nuestras víctimas, excepto en considerarlas a todas como tales, al margen de que se hallen o no relacionadas sentimentalmente con el agresor, como establece tan ridículamente la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de género de 28 de diciembre de 2004. Porque desde hace 16 años en España unas víctimas son mujeres y otras son género, y únicamente estas merecen la protección del Estado, lo que resulta enormemente sospechoso en estos tiempos de la “autodeterminación de género” y otras estrafalarias definiciones que nos están haciendo desaparecer del lenguaje y del planeta donde vivimos.

Como ni la famosa ley de violencia ni la de Enjuiciamiento Criminal contemplan invertir la carga de la prueba como sucede en la legislación laboral, para que no sea la víctima la que tiene que probar la comisión del delito, que en esta figura delictiva se produce habitualmente en la privacidad del hogar, la mayoría de los procesos acaban en sobreseimiento o en absolución. Y en consecuencia, cuando el peligro de agresión o incluso de muerte es evidente, las víctimas deben huir de su casa, a veces con niños pequeños a su cargo, que tienen que dejar de asistir a la escuela, perder sus amigos y objetos queridos, para refugiarse en una Casa de Acogida. Mientras el maltratador sigue amenazando a su mujer diariamente, e incluso pudiendo prever la policía y el juez que intentará el asesinato, continua en libertad, disfrutando de la vivienda común, asistiendo a su trabajo y siendo respetado por la comunidad. El 30% de las asesinadas tenían incluso orden de alejamiento o de protección contra su asesino. Que como se ha visto, son completamente inoperantes. En definitiva, sólo en la violencia contra la mujer se da la monstruosa injusticia de que sea la víctima la que tenga que esconderse y el verdugo campe tranquilamente en libertad, sin amenaza alguna.

Pero en diciembre de 2016 se reunieron pomposamente, como se hace siempre en España por parte de la clase política, para anunciar que estudiarían arduamente las medidas a adoptar para acabar con la plaga del maltrato a la mujer, y así, el resultado del intenso trabajo realizado por parte de la Subcomisión creada al efecto dentro de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, así como por parte de la Ponencia creada dentro de la Comisión de Igualdad del Senado, parieron unos documentos que contenían un total de 214 medidas en el caso del Congreso y 267 en el caso del Senado a partir de los cuales se desarrolla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género cuya aprobación culminó en diciembre de 2017 con los Acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el resto de Administraciones autonómicas y locales, entidades y organismos intervinientes en el desarrollo del mismo.

Para que ustedes se hagan una idea de la lucidez, claridad y eficacia del texto que dieron a luz los eminentes diputados, senadores, consultores, sindicatos, asociaciones y expertos, les reproduzco textualmente uno de sus artículos, el 117: “Evitar los espacios de impunidad para los maltratadores, que pueden derivarse de las disposiciones legales vigentes en relación con el derecho de dispensa de la obligación de declarar, a través de las modificaciones legales oportunas.” Y deberíamos dar un premio a quien sin ser jurista, y listo, haya entendido semejante bodrio de disposición legal, que ni siquiera lo es, puesto que el Pacto no es una ley, por lo que es preciso proceder después “a las modificaciones legales oportunas”.

Si las víctimas no fueran tan desgraciadas y débiles y el Movimiento Feminista tan inútil, se habría tenido que manifestar nuestra indignación de forma contundente y eficaz ante semejante tomadura de pelo. Por el contrario, un sector de ese sumiso MF se ha mostrado muy satisfecho de semejante parto de los montes.

Pues bien, ya hemos alcanzado el 2020, ya hemos vivido expectantes y angustiadas las dos últimas legislaturas, esperando tres años que el gobierno al fin logrado con el difícil pacto de las izquierdas, se ponga a trabajar, rápida y eficazmente para erradicar la violencia contra la mujer. Y lo que estamos observando es que, de momento, las reformas anheladas de la ya caduca e ineficaz Ley de Violencia ni se proponen ni se las espera.

Mientras tanto, se asesina a dos mujeres a la semana, se viola a miles de mujeres, se maltrata a cientos de miles, y del mismo modo las denuncias se siguen archivando como las condenas son harto leves y perversamente argumentadas.

Si no cambia radicalmente tanto el criterio que han mantenido hasta ahora los legisladores como los procedimientos que han utilizado desde el derecho visigodo nuestros leguleyos, empiezo a temer que los nuevos gobierno y Parlamento y Senado seguirán la senda de sus antecesores, y se continuará engrosando la lista de maltratadas, violadas y asesinadas, con el amparo del estúpido Pacto de Estado contra la Violencia de Género.